Los impuestos se cuelan entre la espiral de excesos

Lunes, 14 de octubre: miles de personas abarrotan el Mercadal como colofón a una jornada de protestas por las duras condenas contra los líderes del proceso independentista.

Martes, 15: nuevas concentraciones, con cortes de la vía férrea y carreteras. Por la noche, arde Barcelona.

Miércoles 16: enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad ante la comisaría de la Policía Nacional de Reus. Fuertes disturbios en Tarragona.

Jueves 17: el Ayuntamiento de Reus anuncia que subirá las tasas e impuestos municipales una media del 9,75%. A la misma hora en el Parlament, el presidente Torra huye hacia adelante y propone un nuevo referéndum de autodeterminación esta legislatura.

Viernes, 18: huelga general contra la sentencia del Supremo, mientras las Marxes per la Llibertat confluyen en Barcelona. Otra noche de batallas campales...

Sería difícil encontrar un calendario donde el varapalo a los contribuyentes reusenses pudiera pasar más desapercibido. Paradójicamente, una noticia inflamatoria diluida por una actualidad inflamada. Una peculiar contribución a la espiral de incontinencias en la que estamos sumidos.

La argumentación del gobierno municipal (Junts per Reus, ERC y Ara Reus) es que tras ocho años de congelación, toca repercutir a la ciudadanía los incrementos del IPC registrados durante dicho periodo, nada menos que un 7,7%. Más un 2% añadido «para garantizar la continuidad de los servicios». El aumento de los ingresos vía tributos será la fórmula para disponer de un presupuesto municipal más expansivo en 2020: 123 millones de euros, un 13% más que en el año actual.

El objetivo declarado es aumentar la recaudación para ejecutar un plan de inversiones más ambicioso, mejorar las retribuciones de los empleados públicos y actualizar otros capítulos de gasto, como la recogida de basuras o los contratos de mantenimiento de las infraestructuras municipales.

Subterfugios

Pero el argumento de que para ello es necesario aumentar la presión fiscal de acuerdo con el incremento acumulado del IPC en los últimos ocho años constituye un subterfugio, porque en el citado periodo los salarios no han avanzado en la misma medida que la inflación. Antes al contrario, según constatan los datos del Instituto Nacional de Estadística, los trabajadores catalanes han perdido un 8% de poder adquisitivo durante la última década.

Y aplicar ese 7,7% de subida del IPC –más un 2% adicional– al grueso de tributos tampoco atiende a ningún precepto de mesura. La medida puede tener plena justificación respecto a las tasas, que repercuten al usuario el coste de un servicio –recogida de residuos, agua...– expuesto a los efectos de la inflación.

Pero una cosa son las tasas y otra los impuestos, que son puramente confiscatorios. En el caso del IBI, que es el que tiene mayor impacto sobre la ciudadanía y aporta más dinero a las arcas municipales, su tarifa no tiene en cuenta ni los ingresos ni el capital que pueda tener el contribuyente, sino que se limita a gravar el hecho de ser propietario de una vivienda, una plaza de parking, un local o un terreno. El tipo de IBI que decide aplicar cada ayuntamiento no tiene otra premisa que su voracidad recaudatoria.

Así pues, los reusenses van a ver como el recibo del IBI les sube un 9,75% el año que viene. Como siempre en estos casos, el ayunta miento recuerda que para un contribuyente tipo esto significará pagar una media de 34,65 euros más, cifra que debe considerar digerible. El comunicado del consistorio incluso tenía a bien dividir ese importe en mensualidades. Lo que no menciona es lo que ya paga por IBI el susodicho contribuyente tipo. Y lo que pagan todos los otros no incluidos en esa media estadística.

Aprobación exprés

Curiosamente, la tasa que más sube es la que tiene la clientela más cautiva. Me refiero a la conservación de las sepulturas, que se incrementa entre el 9 y el 15%, en función de la categoría de la tumba. El tópico latino omnia mors aequat (la muerte nos iguala a todos) queda desmentido.

La concejal de Hacienda, Mariluz Caballero, afrontó el pasado jueves la comparecencia más áspera desde que ejerce el cargo, ya que es difícil dar a los reusenses una peor noticia, al menos tributariamente hablando. La progresividad fiscal y el mantra de que la presión fiscal en Reus es baja en comparación con ciudades de su entorno y dimensión fueron los asideros de la concejal.

Diríase que el gobierno municipal ha encontrado en el calendario y el contexto su mejor aliado a la hora suministrar semejante píldora a sus conciudadanos. Así cabe interpretar la tramitación exprés de las ordenanzas fiscales y el presupuesto 2020, que serán aprobados conjuntamente en el pleno municipal del próximo 25 de octubre. Nunca antes el presupuesto para un año había sido validado con tanta antelación.

Más allá del tempus utilizado, subir los impuestos un 9,75% parece un exceso. Y, en política, algunas veces las cosas son lo que parecen.