Otro error contra el independentismo

La ofensiva del Partido Popular para abortar el proceso independentista de Catalunya elevó ayer el tono con el anuncio de una iniciativa legislativa impulsada con un carácter de urgencia sin precedentes. El PP ha presentado en el Congreso una proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional para permitir a esta instancia judicial multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplan sus sentencias y resoluciones. Según los planes del Grupo Popular, la proposición de ley se tramitará en el Congreso por el procedimiento de urgencia, acortando todos los plazos, y en lectura única sin pasar por ponencia ni comisión. El objetivo es que la norma esté a punto antes de la convocatoria de las elecciones generales e inmediatamente después de que se hayan celebrado las autonómicas plebiscitarias. La iniciativa ha generado todo tipo de reacciones jurídicas y políticas. En el primer ámbito resulta dudoso que se acelere una ley ad hoc, y en caliente, dos circunstancias alejadas del espíritu reflexivo que se demanda al legislador. Y en el aspecto político, el PP vuelve a caer en el mismo error que le caracteriza desde el inicio de esta crisis. El Gobierno no despliega ni un solo argumento en positivo para convencer a los catalanes de que la opción más beneficiosa es mantener la unión con España. Nuevamente se apela a las medidas represoras, la mejor forma de multiplicar independentistas. ¿No hay quien escriba una carta razonable?