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Prensa compi yogui

La autocensura de los medios tradicionales ha vuelto a confirmar nuestra inmadurez democrática

Dánel Arzamendi

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Los casos de corrupción política y económica suelen ser habitualmente clasificados atendiendo a diversos criterios más o menos objetivos, como la gravedad del delito cometido, el montante conjunto que ha sido sustraído, o el escalafón institucional de los autores del latrocinio. Sin embargo, existe también otra forma de catalogar estos escándalos, quizás más subjetiva, pero que sin duda atesora en estos difíciles momentos una relevancia incuestionable: el grado de indignación que despierta en la opinión pública. La experiencia nos demuestra que esta capacidad para sublevar a la población no suele depender de factores legales o contables, sino de otros aspectos muchos más sensibles para el ciudadano de a pie: la caradura del implicado, el abuso del privilegio, o la insaciabilidad del potentado.

Un caso prototípico de este fenómeno lo encontramos en el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. En resumen, los directivos de una de las entidades financieras más importantes del país no tuvieron suficiente con sus estratosféricos salarios, y decidieron añadir a sus emolumentos unas tarjetas opacas que no constaban como salario ni consecuentemente tributaban al fisco. Es cierto que los cargos a los que se enfrentan no son especialmente destacables, la suma de lo defraudado es ridícula en comparación con el insondable agujero negro de la entidad, y los implicados no tienen hoy en día ningún protagonismo político. Sin embargo, el rostro de cemento armado de los presuntos autores ha convertido este escándalo en el paradigma del saqueo público que hemos padecido durante las últimas décadas, perpetrado en medio de una descomunal estafa que ha dejado millones de perjudicados entre clientes preferentistas y contribuyentes rescatadores.

Uno de los beneficiarios de estas tarjetas fue Javier López Madrid, implicado también en una trama de financiación irregular del PP, y yerno de Juan Miguel Villar Mir (uno de los reyes de la construcción en España y exministro con Arias Navarro). Lo distintivo del caso es que, en el momento de estallar el escándalo hace un año y medio, el imputado pertenecía también al círculo íntimo de los actuales monarcas españoles, una amistad que llevó a la reina Letizia a mostrarle su solidaridad en un chat que conocimos la pasada semana. Transcribo la conversación literal, según la información publicada por eldiario.es:

Letizia: «Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)».

López Madrid: «Os lo agradezco mucho. En el futuro extremaré el cuidado, vivimos en un país muy difícil y sere aun más consciente de mi conducta».

Felipe VI: «¡Y tanto! Me uno al chat, pero prefiero tener un rato para charlar sin intermediación electrónica ni telefónica. Comemos mañana? Abrazo».

López Madrid: «No puedo señor estoy en san Francisco. Vuelvo el domingo, pero si es necesario regreso antes».

Felipe VI: «Ahí va! Pues claro que no, hombre. Era por charlar con tranquilidad. Ya cuando vuelvas hablamos. Un abrazo y disfruta algo lejos de este barullo».

Dejando al margen las faltas ortográficas de López Madrid y el escaso respeto de la reina Letizia hacia los periodistas de LOC (El Mundo), desearía destacar tres graves cuestiones que en mi opinión se derivan de lo sucedido, y que dejan en muy mal lugar a las autoridades responsables de la escucha, a los participantes en la conversación, y a los principales medios de comunicación españoles.

Para empezar, y al margen de que a todos nos guste hurgar en las intimidades de los poderosos, deberíamos reconocer que nos hallamos ante una flagrante vulneración del derecho al secreto en las comunicaciones, un problema que comienza a ser endémico en nuestro sistema judicial. En una democracia avanzada las conversaciones privadas sólo pueden ser interceptadas cuando se prevé que puedan ser relevantes para un caso que está siendo investigado judicialmente, y sólo en este supuesto se conservarán diligentemente custodiadas por las autoridades. Parece evidente que este chat no tenía la menor relevancia legal, por lo que jamás debió ser conservado ni mucho menos filtrado a un medio de comunicación.

Por otro lado, una vez conocida la conversación, sería ridículo obviar la enorme relevancia institucional de su contenido, un objetivo absurdo que tuvo al ministro Rafael Catalá como principal abanderado. Personalmente considero que el rey Felipe VI está ejerciendo su papel razonablemente bien desde su ascenso al trono, pero debería tener más cuidado con las amistades que frecuenta, si no quiere caer en los mismos errores que han terminado hundiendo a su predecesor. Paralelamente, el comentario de Letizia constituye un buen botón de muestra que explica por qué millones de españoles echan ya de menos a la reina Sofía.

En tercer lugar, debe destacarse el significativo silencio protagonizado por la inmensa mayoría del sector periodístico ante este indiscutible patinazo real, quizás el aspecto más lamentable de todo este incidente. La autocensura de los medios tradicionales ha vuelto a confirmar nuestra inmadurez democrática, pues en ningún régimen consolidado de libertades sería posible un mutismo tan ensordecedor. Aunque algunos no terminen de asumirlo, los tiempos han cambiado y ya no es posible que un puñado de editores decidan orquestadamente ocultar a la ciudadanía las vergüenzas del monarca de turno, tal y como sucedía hasta hace una década. Es más, estos vergonzosos favores cortesanos hacen un flaco favor a la actual Casa Real, pues extienden sobre ella las peores sombras del juancarlismo. Cada uno debe asumir el papel que juega en el tablero, y si los medios no están dispuestos a informar, que se dediquen a otra cosa.

 

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