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Prioridades erróneas

Tarragona es la única capital de las cuatro con las oficinas judiciales distribuidas en 8 sedes

Pere Lluís Huguet Tous

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La pasada semana el Conseller de Justícia visitó Tarragona y Reus, por la mañana anunció la paralización de la construcción del fórum judicial de Tarragona por falta de presupuesto, y por la tarde, en la fiesta del Col·legi d’Advocats de Reus, anunció la inversión de algo más de un millón de euros para el palacio de justicia de Reus. La verdad es que me sorprendió, ya que en los últimos meses no había oído reclamación alguna de mejoras de un palacio de justicia relativamente nuevo y que se renovó y amplió hace pocos años.

Soy reusense, y bienvenidas sean las inversiones en mi ciudad, pero quizás en el ámbito de la justica la prioridad ahora es Tarragona, lo que nos lleva a reflexionar sobre cuál es el orden de prioridad de las inversiones publicas, qué criterios se utilizan para distribuir el dinero de todos, y que anualmente ponemos en manos de los políticos para que presupuesten su distribución. Y solo me cabe concluir que, en lo que respecta a aquel dinero público que a la Generalitat le corresponde distribuir, el Camp de Tarragona siempre acaba perdiendo.

No quiero pensar que se utilizan criterios políticos o electoralistas en las decisiones de las inversiones, por encima de los criterios técnicos, los de necesidad o de cohesión territorial. Y quiero creer que ninguna influencia ha tenido en la decisión de la Conselleria de Justícia el hecho de que en Reus gobierne Convergència, con ERC y Ara Reus, y que en Tarragona, en cambio, gobierne un pacto entre PSC, PP y Unió.

Pero la historia nos hace sospechar. Sigamos con el tema de los palacios de justicia, a principios de los 90 la situación de los Juzgados de Reus era caótica, los expedientes se amontonaban en los pasillos, pero resultó imposible la construcción de unas nuevas instalaciones ya que el Ayuntamiento, gobernado entonces por PSC, y la Generalitat, gobernada por CiU, no consiguieron llegar a un acuerdo para su ubicación. Tuvo que ser la sociedad civil la que se movilizó con una plataforma ciudadana liderada por el entonces decano del Colegio de Abogados, D. Enric Castro, la que presionase a ambas administraciones para que finalmente llegaran a un acuerdo. Pero, mientras tanto, los ciudadanos de Reus sufrimos una caótica situación en los juzgados que se prorrogó más de la cuenta por la mencionada falta de acuerdo.

Ahora la situación caótica está en Tarragona, y cualquier responsable político que busque que un servicio público esencial funcione correctamente debe tener, como prioridad en el ámbito de la justicia, a Tarragona, única capital de las cuatro con las oficinas judiciales distribuidas en 8 sedes diferentes, y, a excepción del edificio de la Audiencia, todas de alquiler con el importante coste que ello supone.

Tengo la sensación que no somos una prioridad, y que siempre se espera al final, cuando ya el servicio publico que necesita de la inversión está en colapso. No hay previsión, solo se actúa cuando la deficiencia es mayúscula, y no hay más remedio. Las necesidades de la justicia acostumbran a ser absolutamente previsibles, con algunas puntas por razón de las diferentes crisis pero vinculadas a los movimientos demográficos, constantemente debería haber un plan de inversiones para ir evolucionando con las necesidades, según las tendencias demográficas lo exijan. Y esto es extrapolable a otros ámbitos, desde las carreteras a cualquier infraestructura que necesita una evolución según evoluciona la población de un territorio, y no esperar a que las infraestructura se colapsen para empezar a planificar la inversión. Mis hijos estudian en Barcelona, los domingos por la tarde los trenes que van a Barcelona siguen con parte del pasaje de pie, y lo mismo ocurría hace 30 años cuando yo hacía el mismo recorrido, y no se ha reducido ni un minuto el tiempo del trayecto, lo cual es incomprensible. Tarragona es la única capital de provincia de Catalunya en la que la alta velocidad no llega al centro de la ciudad.

En fin, da la sensación que las prioridades de los ciudadanos no son las prioridades de la clase política, que prefiere invertir en cubrir un monstruoso déficit de algún medio de comunicación antes que invertir en servicios públicos que inciden directamente en la economía y en la vida de los ciudadanos. Un proceso judicial en el ámbito mercantil que dura años hunde cualquier empresa, y un divorcio que dura años hunde a cualquier familia, y solo con parte de los 19,7 millones de euros del último presupuesto de la Generalitat para Acción Exterior, ya tendríamos el fórum judicial de Tarragona.

@perehuguet

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