¿Qué dirán de nosotros las generaciones futuras?

Estamos asistiendo a un auténtico genocidio social. Quien no se dé por enterado es su problema. Solo cito algunos casos: millones de españoles sin trabajo ni prestación alguna; ahorros de toda una vida usados para pagar servicios sexuales; enfermos de hepatitis C que mueren por no recibir medicación; miles de personas desahuciadas de sus viviendas por entidades financieras rescatadas con dinero público; inmensas listas de espera para operaciones quirúrgicas con grave riesgo para los pacientes; cientos de miles de personas dependientes que no reciben atención, a la que tienen derecho por ley; alrededor de 10.000 personas que mueren en España por causa de la pobreza energética, etc. Y podríamos seguir poniendo otros ejemplos, igual de dramáticos. Sin embargo, a nuestros gobernantes estos hechos se la traen floja. Mas, eso sí, día tras otro, nos dicen que estos sacrificios, estos recortes, son inevitables por haber vivido por encima de nuestras posibilidades, y que tras esta travesía del desierto vendrá el oasis del crecimiento económico, con la consiguiente creación de empleo a raudales. En definitiva que el fin de la crisis está a la vuelta de la esquina. No quiero perder el tiempo en replicar a tales falacias. En lo que sí quiero detenerme es en el hecho de que los sacrificios y los sufrimientos, consecuencia de los recortes, que afectan a gran parte de la sociedad española son prescindibles. Para ello hace falta voluntad política. ¿Cómo que no hay recursos? Vaya que sí los hay, los hay para lo que les parece oportuno. Dejando aparte la persecución del fraude fiscal y una reforma fiscal progresiva, quiero poner algunos ejemplos de la existencia de recursos para financiar determinadas políticas. Ahí van.

Pere Ortega en un reciente artículo ‘Las mentiras del presupuesto de Defensa’, de 12 febrero de 2015 publicado en Economía de Defensa, nos cuenta cosas que nos tiene que hacer hervir la sangre. Respecto de los PEAS (Programas Especiales de Armamento), como en años anteriores, se ha vuelto a presupuestar la cifra de 6,8 millones, cuando en los últimos tres años se han aprobado créditos extraordinarios para cubrir la factura real de esas armas: en 2012 el gasto real fue de 1.782,8 millones; en 2013, de 879,5, y en 2014, de 883,6 millones. Para 2015, y de acuerdo con la programación de pago prevista por Defensa, se tendrán que abonar alrededor de 1.000 millones por los PEAS. En la partida de las operaciones militares en el exterior, se consignan 14,3 millones, cuando año tras año se produce un gasto de entre 700 y 800 millones, que son aportados mediante una transferencia desde un Fondo de Contingencias. El referente a la I+D militar destinada a nuevas armas, que aumenta un 43,5% respecto a 2014 y alcanza los 727 millones. De ellos, 563,9 serán créditos a las empresas militares a cero interés y ligados a los PEAS concedidos desde el Ministerio de Industria y que, por tanto, tampoco suman como gasto de Defensa. Estos créditos suman desde su creación en 1996 la escandalosa cifra de 16.120 millones, que en su mayoría no han sido devueltos y que son otra trampa contable que ni Defensa ni Hacienda saben cómo resolver. ¿Hay o no hay recursos? Ustedes mismos.

El Gobierno indemnizo con 1.350 millones al propietario del Proyecto Castor, el almacén de gas submarino situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón). La compensación repercutirá en la factura de los consumidores. ¿Hay o no hay recursos? Ustedes mismos.

Ahora quiero detenerme en las eléctricas, que llevan a cabo un autentico expolio de rentas a la ciudadanía, mientras cortan el suministro a muchos españoles, aquejados de la pobreza energética. Una de las decisiones más importantes a nivel político sería el acabar con la oligarquía de las eléctricas. Ningún gobierno ha tenido las agallas de racionalizar el mercado eléctrico. Si se hiciera, podría servir para la salida de la crisis. Si los consumidores pagasen lo que realmente consumen de electricidad, disfrutarían de una importante masa monetaria para reactivar el consumo. Igualmente la competitividad de las empresas mejoraría con una energía eléctrica más barata. Pero no hay Dios que le ponga el cascabel al gato. Recomiendo para darnos cuenta de este expolio la lectura del libro de Carlos Corominas Cómo nos engañan las eléctricas. La Ley del Sector Eléctrico de noviembre de 1997, que nos vendieron con la idea de que iba a haber más competencia y un mejor y más barato servicio, fue un auténtico engaño. Hoy es un auténtico oligopolio. La Fiscalía Anticorrupción tomando declaración a responsables de Energía entre 2007 y 2010, en una investigación para aclarar si el gobierno de turno perdonó a las eléctricas una deuda de entre 2.500 y 3.500 millones de euros. Porqué nunca reclamaron a las eléctricas que devolvieran lo cobrado de más por los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC).

¿Y qué podemos decir tras la lectura del artículo de Rafael Méndez de septiembre de 2010 titulado El gran negocio privado con el agua de todos, en el que se señala que las eléctricas pagan menos de 20 millones al Gobierno por el caudal de los ríos, con el que ganan 1.000 millones? ¿Y qué decir del peaje de respaldo, un mecanismo mediante el cual se cobra un suplemento a las instalaciones de autoconsumo por utilizar la red eléctrica? El peaje de respaldo es único de España y no se ha aplicado en ningún país que haya legislado sobre el autoconsumo. ¿Y qué decir de la fijación de los precios de la electricidad? ¿Y qué decir de la factura que es indescifrable? ¿Y qué decir del déficit de la tarifa eléctrica, que según calculo, alcanza los 30.000 millones?

Realmente todo es un atropello, producido por la dejadez, apatía y falta de coraje de la ciudadanía. ¿Qué dirán de nosotros las generaciones futuras?