Rumbo de colisión: escenarios

La situación es la siguiente: el soberanismo catalán, con Artur Mas a la cabeza, ha puesto rumbo desde hace tiempo a la declaración unilateral de independencia, aun sabiendo que no existe una masa crítica suficiente para que esta pretensión cuaje socialmente. Primero fue el intento de celebrar un referéndum de autodeterminación, que no tiene posible encaje constitucional; después, un remedo de plebiscito que arrojó un resultado más bien pobre, sin valor jurídico alguno; y ahora se pretende convertir unas elecciones autonómicas en plebiscitarias, lo cual es jurídicamente inviable porque las funciones de los parlamentos autonómicos están tasadas y desde luego no incluyen la ruptura.

Frente a este viaje inflexible del independentismo catalán, el Estado español se ha limitado a la pasividad, a responder a las ilegalidades con los pertinentes recursos ante el Tribunal Constitucional y, últimamente, a las amenazas preventivas proferidas por el Gobierno. De hecho, este gobierno no ha sido sensible desde su llegada en 2011 a las reclamaciones catalanas sobre el modelo de financiación, que un gran sector de la opinión pública del Principado considera profundamente injusto, reclamaciones que se endurecieron a partir de la sentencia de 2010 del TC sobre el nuevo Estatuto de Cataluña, que lo sometió a una intensa poda que calentó todavía más los ánimos del nacionalismo. Artur Mas propuso en septiembre de 2012 a Rajoy la negociación de un pacto fiscal, pero no encontró receptividad alguna en el presidente del Gobierno. Aquel desencuentro marcó el inicio de la carrera desenfrenada del titular de la Generalitat hacia la ruptura, arropado por ERC.

Ahora, las dos partes están a punto de colisionar el 27-S, ante el estupor y la reprobación general. Según la última encuesta de Metroscopia, la actuación de Rajoy en el proceso merece la desaprobación del 83 % de los catalanes y del 55 % de los españoles; la de Mas, la desaprobación del 59 % de los catalanes y del 85 % de los españoles. Y pesar de ello, los contendientes avanzan en direcciones opuestas con la venda en los ojos hacia el choque de trenes final. Según la misma encuesta, sólo e 37 % de los catalanes y el 55 % de los españoles cree que estamos a tiempo de hacer algo que evite el riesgo de ruptura.

Si no cambian las posiciones, pueden ocurrir dos cosas: que los votos independentistas –la lista única más la CUP– consigan la mayoría absoluta de la cámara parlamentaria catalana o que no la consigan. En este supuesto negativo, la pulsión independentista se desactivaría durante años. Pero si los soberanistas dominan el legislativo catalán, es lógico pensar que se producirá una declaración unilateral de independencia y se promulgarán algunas normas para poner en marcha la separación. A lo que el Gobierno responderá mediante recursos ante el Tribunal Constitucional, aplicando la nueva ley de Seguridad Nacional o suspendiendo la autonomía mediante el artículo 155 CE. Es de imaginar una cierta proporcionalidad entre las decisiones rupturistas y la respuesta estatal. De cualquier modo, estaríamos entrando en una peligrosa dinámica que, más allá de la complejidad jurídica, afectaría gravemente a la estabilidad política de Cataluña durante un largo periodo de tiempo, a la tranquilidad de los catalanes, a la imagen internacional del propio Estado, a la concordia civil, que es el sustrato que facilita el bienestar y la prosperidad.

La dificultad de resolver la situación es evidente, pero no podemos dejarnos derrotar de antemano ni decaen el fatalismo. Hasta el último momento, ha de haber tiempo para parar civilizadamente esta inquietante amenaza de colisión que se atisba desde cualquier perspectiva. No podemos dejar de intentarlo.