Un nuevo caso, conocido ayer, de una rebaja de la pena a la mitad a un condenado por abusos sexuales en aplicación de la nueva ley del ‘solo sí es sí’ ha vuelto a poner sobre el tapete la necesidad de abordar la reforma de una norma cuyas repercusiones están causando una gran alarma social.
Sobre todo, una vez que el Tribunal Supremo haya despejado las dudas que la parte socialista del Gobierno decía albergar sobre la aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual en cuanto a la posible revisión a la baja de las penas impuestas por delitos sexuales, al considerarla obligatoria en la sentencia dictada en el caso Arandina, estableciendo que deberán revisarse las condenas una por una.
Nuevas rebajas de pena a condenados por delitos sexuales y la posición del Supremo impulsan la reforma de la norma
Pero siempre en beneficio del condenado cuando pueda acogerse al nuevo cuadro de penas que contempla la norma promovida por el Ministerio de Igualdad. La posición del Supremo acaba con el margen de tiempo que Sánchez se había dado a la espera del pronunciamiento del Alto Tribunal, frente a la evidencia de que el articulado de la Ley estaba obligando a distintas instancias judiciales a revisar a la baja las condenas dictadas. Pese al silencio oficial que siguió a la sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno no puede seguir manteniéndose como mero espectador de las consecuencias que acarrean las iniciativas legislativas que promueve.
También tumba la decisión del Tribunal Supremo cualquier excusa en el sentido de que una parte de la judicatura puede actuar con cierto machismo. Así, lo que cabe esperar del Gobierno es, lejos de empecinarse, admitir que la ley es mejorable y reformarla cubriendo las lagunas en que pueda haber incurrido para que sea de verdad una norma que protege a las mujeres y a las víctimas de abusos y agresiones sexuales.
Rectificar es de sabios, reza el refrán, por lo que mejorar la norma no debería ser visto como una derrota, sino como una oportunidad.
