Amenos que haya un cambio en la política nuclear del Gobierno central, los tres reactores nucleares instalados en la demarcación de Tarragona (dos en Ascó y uno en Vandellós) tendrán que cerrar entre los años 2030 y 2032. Entraron en funcionamiento en 1984, 1986 y 1988, respectivamente. Más allá del debate entre los que consideran que la energía nuclear es imprescindible para asegurar el suministro energético y los que creen que no se deberían superar los 40 años de funcionamiento para los que fueron diseñados los reactores, hay una realidad indiscutible: que los municipios que ahora se nutren de los impuestos que generan las centrales y de toda la economía que las rodea deberán buscar fuentes alternativas de ingresos. Y en eso deben ayudar las administraciones, tanto la española como la catalana.
Las administraciones deben tener en cuenta que Tarragona es el granero energético de Catalunya y ayudar a la transición posnuclear
Los fondos nucleares tienen precisamente esa finalidad. Están dotados con unos 70 millones de euros anuales. El pasado mes de enero, la Generalitat ya repartió 16,5 millones entre los 97 municipios beneficiados. Suponen 174.000 euros por localidad. No parece una cantidad muy considerable teniendo en cuenta que el cierre de las nucleares supondrá la desaparición de unos 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Cabe recordar que Tarragona es, con sus pros (la riqueza económica) y sus contras (los peligros para el medio ambiente y las personas, según los ecologistas) el granero energético de Catalunya. El 60% de la energía generada en toda la comunidad en 2023 provenía de las tres nucleares. Gran parte de nuestra provincia cuenta con numerosos molinos de viento, de nuevo con pros (energía limpia y renovable) y contras (el impacto paisajístico y las quejas del propio territorio). Toda esta potencia energética requiere atención por parte de la Generalitat y del Estado. Tarragona merece toda la consideración más allá de ser la suministradora de energía a Barcelona y Girona.
