La Comisión Europea ha levantado el procedimiento por déficit excesivo después de una década de que las finanzas públicas españolas entraran en una dramática bancarrota con la gran crisis de 2008. España ya no está sujeta al severo control de las instituciones europeas, pero sí a la vigilancia ordinaria de Bruselas, que recomienda que, dada la elevada deuda, el Estado culmine el ajuste para reducir el déficit estructural que todavía la aqueja.
En concreto, debería realizarse un ajuste del 0,65% del PIB este año y de la misma cuantía el que viene, lo que representa unos 15.000 millones de euros en total. La flexibilidad es ahora completa, y tanto puede actuarse por el lado del gasto, mediante nuevos recortes, como de los ingresos, elevando la recaudación fiscal.
Ya no hay ‘hombres de negro’ que obliguen al Estado español a apretarse el cinturón y a cumplir con los estrictos compromisos financieros que imponen los acreedores. Llega el momento de atacar ese déficit incorregible, una deuda inquietantemente alta (97,1% del PIB), un desempleo estructural inabordable vinculado al modelo de desarrollo, un nivel de pobreza insoportablemente alto y un fracaso escolar inquietante y castrador.
En lo puramente financiero, esos 15.000 millones de euros de ajuste han de añadirse a los más de 18.000 de déficit que tiene la Seguridad Social española en estos momentos.
Y si el abordaje de esta coyuntura no es imposible en momentos en que nuestra economía crece más del 2% anual y no hay sombras en el horizonte, la situación podría ennegrecerse por completo si cambiara la coyuntura y el enfriamiento presagiado.
Para mantener los equilibrios actuales es sin embargo imposible bajar impuestos como piden muchos. Hay que echar números para entender que ha llegado la hora de cuadrar las cuentas con realismo, sin concesiones populistas a la demagogia.