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La orden emitida desde la Fiscalía General del Estado para citar a declarar como investigados a los alcaldes que colaboran en la organización del referéndum tiene consecuencias directas en Reus. El alcalde de la capital del Baix Camp, Carles Pellicer, es uno de los 712 alcaldes a los que se ha abierto diligencias por aparecer en la lista de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) tras su decisión de ceder los espacios municipales para la celebración del 1-O. Además, sería el primero que debería declarar al liderar el municipio con más habitantes de la demarcación de Tarragona que respalda el referéndum.
Esto es así porque en el escrito de Fiscalía se deja bien claro que «se procederá a dar preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los Ayuntamientos de mayor volumen de población».
La fórmula utilizada por el Ayuntamiento de Reus para dar apoyo al 1-O fue la firma de un manifiesto entre PDeCAT, ERC y la CUP. Lo firmaron el propio Pellicer, el concejal del PDeCAT, Joaquim Enrech, la portavoz de ERC, Noemí Llauradó, y la portavoz de la CUP, Marta Llorens. Una acción que rubricaron con una foto conjunta colgada en las redes sociales como muestra de unión y visualizando la mayoría independentista del consistorio reusense.
No obstante, la casuística del caso que atañe al consistorio reusense es distinta a otros municipios en los que el alcalde firmó un decreto de apoyo a la convocatoria del 1-O. Sobre todo porque la firma de un decreto, a diferencia de un manifiesto, supone un acto administrativo que puede acarrear consecuencias jurídicas.
De hecho, el decreto firmado por los alcaldes contaba con tres puntos: Ofrecer un apoyo total al Referéndum y a la Ley; dar cuenta de la resolución en el pleno del Ayuntamiento y comunicar la decisión a la Generalitat, la Associació Catalana de Municipis y a la AMI. El manifiesto firmado en Reus por las distintas fuerzas políticas recoge los mismos puntos a excepción del segundo.
