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Reus ha aprobado el expediente de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2021 anunciado el viernes de la semana pasada. Ha sido en un pleno telemático con los votos a favor del Gobierno (JuntsxReus, ERC y Ara Reus) en solitario, en un debate tenso en que el término «histórico» asociado a la reforma ha avriado de significado según lo defendía la concejal de Hisenda, Mariluz Caballero, o los partidos de la oposición (PSC, CUP y Ciudadanos), que han denunciado que la reforma excluye a las pequeñas y medianas empresas, así como a las microempresas y a los autónomos.
«Vamos un paso más allá siendo conscientes de la capacidad del crecimiento de la ciudad», ha empezado Caballero, destacando las políticas de incentivos y políticas fiscales que supondrá: como la rebaja del 95% el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las nuevas empresas que se instalen en la ciudad y en aquellas que amplíen su capacidad productiva o generen un mínimo de 25 nuevos puestos de trabajo. Unas ventajas con una duración máxima de 10 años que, durante los últimos 5 años se irá incrementando un 10% por año. Algo que ha resumido como «una reforma fiscal histórica, según cualquier técnico».
En la otra cara de la moneda, la oposición ha criticado la nueva ordenanza. La CUP a través de Marta Llorenç ha advertido que esta «no tiene en cuenta el contexto económico actual, con un 4% de la población en riesgo de exclusión social». Llorenç la ha definido como «una modificación hecha a medida» basada en «una política de amiguismo» ante que la puesta en escena del proyecto de la Sedera, del Mercat del Carrilet y el proyecto Hispania. En ese aspecto, ha argumentado que «no se especifica qué tipo de contrato requieren los nuevos empleos ni ninguna cláusula en clave feminista” y añadió que “sus condiciones dan muy poca maniobra».
Desde C’s, Débora García se ha centrado en la creación de ocupación. Defendió que «generar 25 puestos de trabajo no puede hacerlo nadie», condición impuesta que, a su parecer, demuestra cómo «se excluye la mayoría de empresas locales, que son PIMES». Por eso ha aconsejado que «si de verdad quieren ayudar, hay que fomentar la ocupación».
La bancada socialista, por su parte, ha criticado la falta de aval de la ordenanza. «¿En que se fundamenta? ¿Con quién os habéis reunido?», ha preguntado el portavoz del PSC, Andreu Martín, que ha señalado que «estamos ante la más grande reforma fiscal con la más grande ausencia de justificación que la abale».
«Creo que no habéis entendido nada de la reforma planteada», ha replicado Caballero, añadiendo: «Los objetivos son claros: atraer grandes empresas, generar ocupación y fomentar vivienda protegida». En ese aspecto, la concejal de Hisenda ha defendido al Gobierno, señalando que las críticas de la oposición «mezclan conceptos no relacionados» y demuestran que «desconocen que en este consistorio hay más de 20 bonificaciones sociales y medioambientales».
Una respuesta que ha indignado a la oposición. «Quizás no lo habéis entendido vosotros», ha señalado la portavoz de la CUP, recordando que «ya habéis tenido que modificar una ordenanza por falta de solicitudes de instalación de placas solares» (el Gobierno ha rectificado y pasará a 50% de la cuota del IBI a los ciudadanos que instalen placas solares en sus inmuebles, independientemente del valor catastral de su vivienda). «Vendéis tanto humo que al final nos ahogaremos», le ha contestado el portavoz del PSC, preguntándose si parte de las bonificaciones «beneficiarán a la nueva piscina de gestión privada mientras los clubes de la ciudad se ven en peligro».
Congelación impuestos
La aprobación del expediente también implica que la mayoría de tasas e impuestos queden congelados. En ese aspecto, Caballero se ha referido a las críticas sobre el incremento del 9,8% del IBI del año pasado, explicando que «con la actualización de los impuestos, el consistorio ha inyectado 8,4 millones directamente de los bolsillos de los ciudadanos, redistribuyen el dinero de la forma más equitativa posible».
La restauración local se libra de la tasa de terrazas hasta enero
Las empresas del sector de la restauración y los mercados ambulantes no tendrán que pagar la tasa de ocupación de vía pública durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Así lo ha anunciado esta mañana el gobierno reusense pocos minutos antes del inicio del pleno municipal, que también ha explicado que se eximirá de abonar la tasa de recogida de basuras al sector de la restauración y a los centros de estética durante el mismo periodo de tres meses. Un conjunto de medidas fiscales con el objetivo de ayudar a algunos los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus.
El equipo de gobierno asegura que esta semana se ha reunido con los representantes de los sectores para conocer sus inquietudes ante las medidas de prevención decretadas por la Generalitat de Catalunya y les trasladará la decisión de eximirlos del pago de los recibos en una segunda reunión en la cual se emplazaron para trabajar conjuntamente medidas de apoyo y de reactivación económica y les informará del procedimiento para devolver las cuotas pagadas por avanzado y seguirá trabajando con el sector para analizar otras posibles medidas. El pasado mas de mayo, el Ayuntamiento ya acordó la suspensión del pago de la tasa por terrazas y marchantes entre el 16 de marzo y el 30 de septiembre.
