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Encuentran documentos confidenciales del Ayuntamiento de Reus en un vertedero

Contienen información económica, personal y clínica de usuarios del área de Benestar Social de Reus

Jordina Salvat / Montse Plana

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Fachada del Ayuntamiento de Reus. FOTO: ALBA MARINÉ

Fachada del Ayuntamiento de Reus. FOTO: ALBA MARINÉ

Una decena de bolsas industriales de la basura llenas de archivadores con un centenar de documentos confidenciales referentes a personas físicas que utilizan los servicios de Benestar Social del Ayuntamiento de Reus. Esto es lo que encontró J.O.D –un tarraconense que ha preferido mantener su identidad en el anonimato– hace un par de domingos en un vertedero de Tarragona.

Según explica el propio testigo, y tal y como se demuestra en el vídeo que ha hecho llegar el hombre en exclusiva al Diari, las carpetas guardan el historial económico, clínico y personal de varias personas que utilizan algunos servicios de Benestar Social i Familia: desde números de cuentas bancarias, así como sus movimientos; pasando por el historial clínico, con un seguimiento de medicamentos o enfermedades de susodichas personas; hasta todo tipo de documentación personal, como pasaporte o DNI e incluso la dirección del domicilio e historial familiar de los usuarios.

Estos documentos, tal y como testifica J.O.D y ha podido comprobar el Diari, están conservados de forma íntegra, sin ningún tipo de tachaduras, por lo que se puede leer el expediente del usuario sin problema alguno. 

Había una decena de bolsas de la basura llenas de informes sobre personas físicas

J.O.D asegura que se topó con algunos documentos sueltos mientras paseaba los perros cerca de la playa Savinosa junto a sus nietas. El material le llamó la atención, por lo que decidió investigar: «Fue hace dos domingos. Hacía mucho viento y encontré fichas sueltas que se podía ver que eran del Ayuntamiento. Vi que eran informes y seguí el rastro hasta el vertedero». Una vez allí se sorprendió con lo encontrado: «Me di cuenta de la gravedad del asunto: había casi una decena de bolsas industriales,  soterradas entre escombros, con cientos y cientos de documentos con material confidencial referente a usuarios de Benestar Social», explica.

Una vez comprobado el material, J.O.D  decidió llamar, de forma inmediata, al consistorio de Reus para informar el suceso y evitar que alguien pudiera aprovecharse de los datos que estos papeles revelan y hacer un mal uso. Sin embargo, el intento no tuvo éxito. «Estuve quince minutos al teléfono, pero nadie me hizo caso, simplemente me rebotaban de una persona a otra», asegura. Por ello decidió apuntar el nombre de alguno de los afectados «por si algún día se tenía que hacer alguna acusación particular». 

Al ver la falta de respuesta municipal, J.O.D, decidió ponerse en contacto con el Diari para denunciar lo que él considera «una mala praxis gravísima, que puede perjudicar a muchas personas».

Posteriormente, un trabajador del de la administración municipal se puso en contacto con J.O.D a través de una llamada telefónica para asegurarle que el consistorio ya había actuado al respecto y que se abriría un expediente.

Respuesta del consistorio

El Diari se puso en contacto con el gobierno local para verificar lo ocurrido y este reconoció los hechos, así como su  gravedad. Fuentes municipales explicaron que el consistorio activó los protocolos internos para afrontar la situación tan pronto como había tenido conocimiento de ella. De hecho, desde el consistorio aseguran que ya han recuperado el control de los documentos encontrados en el vertedero tarraconense y que estos están, nuevamente, en dependencias municipales.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Reus explicó que ya ha iniciado una investigación interna para esclarecer el origen de la incidencia y, así, poder tomar las medidas oportunas que permitan depurar responsabilidades.

El consistorio ha iniciado una investigación interna y ha recuperado los documentos

Ante lo sucedido, desde el consistorio también asegura que ya se han tomado las medidas necesarias para intensificar y reforzar el protocolo de gestión de datos y custodia de la documentación municipal. La finalidad, explican, es garantizar la preservación de la privacidad y evitar, de este modo, que se vuelvan a repetir lo hechos.

La incidencia se ha notificado a la Agència de Protecció de Dades, que ahora será la encargada de iniciar una investigación. Según lo que concluya, la misma puede llegar a denunciar el Ayuntamiento de Reus por saltarse la ley de protección de datos personales o por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Posibles sanciones

Según una letrada que ha atendido al Diari y que prefiere mantener su identidad en el anonimato, en términos jurídicos se puede estar ante un tipo de delito relacionado con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Este se podría afrontar por dos vías. Una es la rama administrativa, dónde la abogada explica que se podría estar hablando de un presunto delito de vulneración de esta ley por saltarse el protocolo interno.  Sin embargo, al tratarse de documentos con materiales tan sensibles, como son los referentes a personas físicas y con información confidencial sanitaria o económica, apunta que también podría entrar en juego una denuncia por la vía penal, referente al delito de descubrimiento y revelación de secretos correspondientes al artículo 197 del Código Penal.

Se podría estar ante un delito penal de descubrimiento y revelación de secretos

De hecho, la letrada explica que el Reglamento del Parlamento Europeo, en 2018, endureció mucho todo aquello relacionado con la protección de datos y que, en el caso de lo ocurrido con el Ayuntamiento, estaríamos hablando de un caso muy grave, al que se podría llegar a poner una denúncia en los Mossos d’Esquadra. En esta, entraría en juego si se trata de un delito con prevaricación –si se trata de un caso intencionado o no– o de un posible caso de negligencia.

Según informa la experta, a posteriori, los juzgados abrirían una investigación para resolver si hay delito. De ser así, apunta, se podría estar hablando de sanciones muy elevadas, que podrían ir de los 40.000 a los 300.000 euros de multa al consistorio, «incluso, en ocasiones excepcionales, 600.000 €». 

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