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El caso Tecnoparc encara la recta final para ser juzgado después de que el Ministerio Fiscal haya presentado escrito acusatorio ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Reus. Según la documentación a la que ha tenido acceso el Diari, la Fiscalía acusa a los investigados de delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos y solicita penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargo o empleo público.
Para el que fuera presidente de la empresa de capital mixto, Àngel Cunillera, pide una pena de seis años de prisión y una inhabilitación de 10 años, mientras que para uno de los exconsejeros y exconcejal de Urbanisme del Ayuntamiento de Reus (ERC), Jordi Bergadà, pide una pena de cinco años y ocho meses de prisión con una inhabilitación de nueve años y seis meses.
Por lo que respecta al empresario Ramon Urgellès, representante del accionariado privado de la sociedad, solicita una pena de cuatro años y ocho meses y una inhabilitación de ocho año. En último lugar, para el exgerente Xavier Gómez solicita cinco años de prisión y nueve de inhabilitación. También establece una responsabilidad civil para que, de forma conjunta y solidaria, devuelvan a la empresa Tecnoparc, como principal perjudicada, unos 115.000 euros. Dicha cantidad correspondería con la que suman las seis facturas que Cunillera y Bergadà cobraron, presuntamente, de forma irregular por trabajos de asesoramiento técnico.
En dicha interlocutoria, la Fiscal acusa al expresidente de Tecnoparc y al exconcejal de Urbanisme de «utilizar su puesto con la finalidad de obtener beneficios económicos de la empresa decidiendo crear facturas correspondientes a trabajos no efectuados para obtener retribuciones no obtenidas debidamente». En cuanto a Urgellès y Gómez les considera colaboradores necesarios para validar dichos pagos sin el conocimiento de los órganos de la sociedad ni a su junta general. Además, también subraya que los estatutos que regían a Tecnoparc Reus SA dejaban claro que los cargos directivos de la empresa no podían tener un sueldo.
Por todo ello, el Juzgado de Instrucción número 1 de Reus dicta en su interlocutoria conocida esta semana la apertura de juicio oral contra los acusados, establece el pago de una fianza solidara de unos 115.000 euros y emplaza a las defensas para presentar escrito de calificación. Tras finalizar todo este proceso es cuando se pasaría a señalar una fecha para la celebración del juicio.
Ara Reus inició el caso
El escrito acusatorio presentado por el Ministerio Fiscal era el último paso que restaba después de que Ara Reus y el Ayuntamiento de Reus presentaran los suyos a mediados de 2014. El partido municipalista – ahora socio de gobierno con PDeCAT y ERC– fue quien inició el caso presentando la denuncia contra Cuniller y Bergadà por cobrar, presuntamente de forma fraudulenta, facturas que no acreditarían trabajo alguno.
En su caso solicitan hasta 27 años de prisión para los cuatro investigados y les atribuye delito societario, de malversación de caudales públicos y falsificación. También pide inhabilitación en alguno de los casos y que se devuelva a la empresa de capital mixto los 115.000€ que cobraron.
En el caso del consistorio, éste evita entrar en la línea penal y reclama sólo responsabilidades civiles a los cuatro investigados ya que «su intención es recuperar las cantidades cobradas por Cunillera y Bergadà».
