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Nuevas declaraciones dentro de la pieza número 7 de la macro causa Innova, centrada en la contratación de la empresa Centre d’Ambulàncies Baix Ebre S.L. (Ambulebre).En esta ocasión estaban citados a comparecer ante el juez, en calidad de imputados, el presidente y propietario de la empresa de transporte sanitario, Bernardo Coslado, y el exgerente del área operativa de Sagessa, Joan Maria Benet, que lo hizo en primer lugar.
Según sus declaraciones, a las que ha tenido acceso el Diari, fue el CatSalut quien propuso que se hicieran convenios con Ambulebre. Y no sólo esto, sino que «venían directamente con los nombres de los contratantes ya incorporados en el convenio». El CatSalut, añadió Benet, también era el encargado de controlar los precios y los trabajos realizados por Ambulebre. Asimismo, el exdirectivo apuntó que después se creó una Unidad de Contratación –en la que no se encontraba– y que dependía de la Dirección General de Sagessa. Ésta estuvo presidida de 2007 a 2011 por los exdiretivos Lluís Nualart y Enric Agustí.
Precisamente, los dos estuvieron declarando el viernes en esta pieza del caso Innova y mantuvieron versiones contradictorias a las expuestas por Benet. Tanto Nualart como Agustí reconocieron que los responsables eran conscientes de la necesidad de aplicar la normativa del sector público en los convenios con Ambulebre. Incluso señalaron al exconsejero delegado de Sagessa y exteniente de alcalde, Eduard Ortiz, manifestando que «sabía que no se habían hecho concursos que se tenían que hacer». Por su parte, Joan Maria Benet dejó claro que desconocía la necesidad de aplicar dicho proceso.
Contratos legales
El propietario de Ambulebre, Bernardo Coslado, también mostró ante el juez su total desconocimiento sobre la necesidad de aplicar la normativa de contratación pública. Según su declaración, fue desde Gecohsa –empresa vinculada a Sagessa– que contactaron con ellos para que prestara un servicio que no incluía el transporte de personas enfermas sin mediar concurso.
Así se mantuvo –prosiguió Coslado– hasta finales de 2012 cuando le devolvieron facturas porque «le dijeron que había que hacer contratación pública. Fue la primera vez». En este sentido, su abogado, David Domènech, añadió a la salida de los juzgados que la causa no debe dirimirse por la vía penal al tratarse de un tema administrativo y que «el hecho que no hubieran concursos y que no hubiera ninguna ley hasta principios de 2012 hace que el funcionamiento mediante convenios estuviera en un limbo jurídico».
Coslado –imputado por presuntos delitos contra la administración pública, contra el Patrimonio y contra el Orden Socioeconómico y blanqueo de capitales– también aparece en esta pieza por los pagos que realizó a la inmobiliaria Wanplais S.L., propiedad de Josep Prat, para que éste, supuestamente, influyera en la adjudicación del servicio de transporte sanitario. Sobre esta cuestión ya declaró tras ser detenido en enero del año pasado.
La parte correspondiente a estas declaraciones se centra en el conjunto de convenios entre sociedades de Sagessa y Ambulebre para la prestación de unos servicios que, según el juez, debían producirse por la normativa de la contratación pública. Los tres exdirectivos de Sagessa, por esta cuestión, están imputados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
