Cuando «nada» significa mucho en el caso Innova

Algunas casualidades las carga el diablo. Cuatro días después que Telecinco emitiese el capítulo estelar del documental sobre Dolores Vázquez y la cadena de errores que desembocó en su encarcelamiento y condena por un crimen que no había cometido, un auto del juzgado de Instrucción número 3 de Reus ha dado carpetazo a otra investigación desacertada de la Guardia Civil, en que decenas de médicos, políticos y directivos de empresas sanitarias públicas y privadas fueron imputados y detenidos por un caso del que «no ha resultado nada», según la expresión utilizada por el juez en el auto de archivo provisional.

Hablamos de la pieza número 4 de la macrocausa Innova, que investigaba presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en los contratos con el fabricante de prótesis Traiber. Recordemos que sigue abierta otra pieza centrada en los pacientes afectados por la colocación de prótesis caducadas o defectuosas de Traiber, por la que los responsables de la empresa y de las implantaciones dañinas podrían afrontar cuantiosas indemnizaciones.

El archivo de la pieza 4 no es una decisión menor en la larga y voluminosa instrucción del caso Innova, ya que es la que ha provocado mayor número de detenciones e imputaciones en toda la macrocausa. Concretamente, nueve personas fueron detenidas en 2015 y a cerca de setenta se les aplicó la condición procesal de investigados, entre ellos medio centenar de médicos.

La imputación masiva de cirujanos y especialistas de clínicas y hospitales de toda Catalunya –incluido algún fallecido– fue el primer despropósito que quedó en evidencia al conocerse que los supuestos indicios se limitaban a que sus nombres aparecían en anotaciones de Traiber porque la empresa tenía intención de contactar con ellos dentro de su estrategia comercial. El juez decretó después el archivo de las diligencias contra la mayoría a la vista de que no había constancia de que hubiesen colocado prótesis defectuosas ni cobrado comisiones ilegales.

Semejante gazapo invitaba o bien a dudar de la competencia de la Policía Judicial de la Guardia Civil, o bien a pensar en el juez Daniel de Alfonso cuando se vanagloriaba ante el ministro Jorge Fernández Díaz de que «les hemos destrozado el sistema sanitario», en el marco de la cruzada de los poderes del Estado contra el proceso soberanista catalán.

Seis años después

Ahora, el juez Diego Álvarez también archiva lo que restaba de la pieza 4, por la que en 2015 fueron detenidos la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Reus, Teresa Gomis, un exdirector general de Sagessa, un exdirector del Hospital Sant Joan, todos los altos directivos en ejercicio de Sagessa, el director gerente de Activa Mutua, el expresidente de Ambulancias Reus y el propietario de Traiber. Los arrestos se produjeron 26 días antes de las elecciones municipales de 2015 y el Ayuntamiento de Reus fue el epicentro del espectacular operativo policial. Posteriormente, también declararon como investigados el concejal Marc Arza y otros empresarios y directivos.

Seis años y medio después, el magistrado concluye que de las 25 entradas y registros efectuados y del análisis de la ingente documentación incautada «no ha resultado nada que permita mantener la situación procesal de los investigados».

Ante la dimensión de todo lo citado, ese «nada» es mucho en cuanto a la trascendencia político-judicial de una parte sustancial de la macrocausa Innova. Y para las personas señaladas, que han pagado altos costes personales. De nuevo, la valoración de lo acontecido se mueve entre atribuirlo al desatino de la Guardia Civil en la explotación del caso más allá del asunto las prótesis defectuosas, o a un exceso de celo promovido por la trama latente tras la frase «les hemos destrozado el sistema sanitario», también conocida como Operación Cataluña.

En este sentido, puedo dar fe del interés que existía entonces por aplicar la pena de Telediario a diestro y siniestro. La filtración previa de los arrestos era una gentileza habitual destinada a que los medios de comunicación contribuyésemos a la mayor gloria de las escenas de detención.

Cerrado este capítulo, el marcador del caso Innova está como sigue. La pieza principal, que fue refundida con la 2 y constituye el meollo inicial –los contratos y facturas de Manté y Batesteza firmados por Prat– está la espera de juicio en la Audiencia de Tarragona. La de la construcción del CAP de Vila-seca, de fuerte carga política porque afectaba al entonces alcalde y presidente de la Diputació, también sigue a la espera de un juicio en el que la Fiscalía solicita la libre absolución de los encausados porque no aprecia ningún delito. Y ahora se acaba de archivar provisionalmente la pieza 4, que como hemos dicho fue la numéricamente más abultada.

Hay que esperar a que acabe el partido –que incluye otra decena de piezas– para valorar el resultado final del caso Innova.