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El activista y expresidente del GEPEC-EdC, Andreu Escolà, ha sido citado a declarar este viernes 17 de junio en los Juzgados de Reus por haber protestado «pacíficamente, junto a un grupo de activistas ambientales, entre 2019 y 2020», con el fin de que cesaran las obras de la central eólica Lo Vedat del Pany, situada entre Riudecols y Duesaigües. La «considerábamos ilegal, además de que su creación podía provocar daños irreversibles al espacio natural, a la fauna y al entorno; denunciamos que la licencia ambiental había caducado», ha recordado él mismo al salir del Juzgado de Instrucción número 4.
Los representantes de la empresa promotora de la instalación, Esbrurg S.L., han denunciado a varios activistas por supuestos «delitos de daños, coacciones y amenazas». De hecho, son 10 los encausados por dichas protestas y están siendo citados a declarar por el asunto.
«El próximo 14 de julio declararán tres activistas más», ha añadido Escolà. Sobre su citación, ha expuesto que «solo he contestado las preguntas del abogado que lleva la defensa de la mayoría de los encausados». Se trata de Carles Perdiguero. En esencia, corroboró el letrado, «hemos hecho constar que Escolà tiene un perfil activista, que participa en charlas de protesta y de divulgación y siempre había defendido el mismo posicionamiento sobre la central eólica, en pro de la defensa del entorno, para que este no sufriera ningún daño».
Una querella «al por mayor»
Sobre la acusación, describió Perdiguero, parece tratarse de una querella «al por mayor». «La mayoría de personas a las que se está citando las han encontrado a partir de las matrículas de los vehículos que estuvieron aparcados en el lugar de las protestas, pero en varios casos al tener que acudir los titulares, se ha dado que algunos de ellos no estaban en el lugar de los hechos ya que la persona que llevaba el coche en su momento era un familiar o pariente y seguro no estuvo allí», terció Escolà y «hay documentos que así lo certifican», completó el abogado; hacía referencia a algún caso en el que la persona titular había ido al hospital. «Se trata de una búsqueda de activistas hecha con poco esmero en la mayoría de los casos, pues están yendo a declarar personas que no estuvieron en el lugar haciendo ninguna protesta», resumió el abogado defensor.
Según contabilizó, hay «cerca de seis activistas» que ya habrían declarado. Estas citaciones las empezaron a recibir diferentes personas a principios de mayo de este año y se percataron así de que el procedimiento penal se ponía en marcha por parte de la empresa promotora de la creación de la central eólica.
Un tema destacado, al hacer el actual presidente del GEPEC-EdC, Xavi Jiménez, anuncio del caso a los medios de comunicación, fue que las obras «hace meses que están paradas y este factor no ha tenido mucha proyección; si están paradas es porque no íbamos desencaminados al denunciar lo que se protestaba». Expuso, además, que piensan que seguirán del mismo modo de ahora en adelante: «Paradas».
La acusación actual –aportó Escolà– se suma a las que ya tiene el GEPEC por «la defensa del Riu Siurana» y por el «supuesto robo de una placa antifranquista del Pantà de Riudecanyes». El caso que nos ocupa fue expuesto por Jiménez, en mayo, en un acto realizado en Reus.
