La Agència de Residus de Catalunya (ARC) recibió, este pasado julio y agosto, información inicial relativa a la gestión de residuos en la antigua Hispània por parte del Ayuntamiento de Reus y la empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis (RMS). Dicho terreno está previsto que albergue un parking subterráneo y vivienda social, ésta sujeta a ayudas Next Generation cuya fecha límite para su realización es 2026. A modo de recordatorio, dicha zona había sido señalada por la CUP el año pasado, al denunciar ésta sectores del subsuelo contaminados, peligrosos si había movimiento de tierras. Y es que, en el actual aparcamiento al aire libre, habían estado las antiguas cocheras de La Hispània.
La documentación entregada a mediados de este verano por el Ayuntamiento –han explicado este miércoles 20 de septiembre desde la CUP de Reus– es «insuficiente». La ARC –en palabras de la portavoz de la CUP de Reus, Mònica Pàmies– determina, ahora, que «hay requisitos fundamentales no recogidos en el proyecto de obra». La ARC pide, en su defecto, más documentación y que se encargue de ello, según la concejala independentista, «una entidad especializada en la prevención de la contaminación del suelo». Esto supone que «la construcción de vivienda se retrase y haga peligrar la obtención de la ayuda (2M€)». La anticapitalista reiteró la solicitud del grupo municipal al que representa de parar las obras, que «el nuevo gobierno rectifique, construya vivienda ya y localice zona verde allí».
Pàmies ha afirmado que la ARC «nos ha dado la razón». Este pasado día 15, «nos tramitó un informe en respuesta a una nueva denuncia de mayo; donde se verifica las irregularidades que detectamos en el proyecto de obra aprobado por el anterior gobierno de ERC, Junts y Ara». Uno de los puntos «más alarmantes» era la «gestión de residuos, basada en una ley que llevaba 13 años derogada y, ahora, la ARC ha iniciado un requerimiento, en el que pide al Ayuntamiento, a RMS y a la empresa adjudicataria de la obra, Garcia Riera, toda la documentación y requisitos imprescindibles previos a la ejecución de la obra». Entre otras peticiones, hechas a nivel municipal, está «la realización de un análisis de riesgo en la salud humana, con un plazo de entrega de tres meses»; y, a Garcia Riera, se le pide que cumpla más de 10 pasos de control, entre los cuales figura disponer de una dirección ambiental de obra.
El Ayuntamiento ha expuesto este tarde, por su parte, que mantienen el calendario previsto para el inicio de las obras y que la resolución de la ARC, «en ningún caso, comporta una demora de las mismas»; que la Agència «no ha detectado ninguna irregularidad en la gestión previa del subsuelo» y que el ente «afirma, además, que el análisis de riesgo para la salud es aceptable, sólo ha pedido complementar, con nuevos cálculos, un trámite que no tiene incidencia en el análisis del riesgo».
Como completan fuentes municipales, el Ayuntamiento ha encargado ya a una empresa externa a la adjudicataria, que aporte «los datos complementarios cuantos antes, que estarán listos en 15 días aproximadamente». Los condicionantes que la ARC añade en la resolución se relacionan, «con la fase de excavación y movimiento de tierras, previstos por la promotora RMS». Respecto a la figura de la dirección ambiental externa, «ya está contemplada en los presupuestos de la empresa municipal».
La portavoz de la CUP de Reus, Mònica Pàmies, aportó ayer, también, que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) podría ser un nuevo agente que entraría a valorar la gestión de residuos en La Hispània, ya que, «en las tierras que hay que descontaminar, pasa una mina, con lo que hay que informar al ACA».
