Reus ganará 300 pisos asequibles antes de 2027

«Acceso, permanencia, rehabilitación y recursos» son las cuatro claves del Pla Local d’Habitatge 2022-2027, el nuevo documento que marcará las políticas municipales de vivienda en Reus para los próximos cinco años. Articulado a partir de 29 actuaciones y con «priorización de las destinadas a ampliar, mediante mecanismos propios, el parque de vivienda pública actual», tal como explicó ayer la concejala de Habitatge, Teresa Pallarès, la hoja de ruta se someterá mañana a aprobación del pleno.

Cuatro de esas 29 intervenciones, según precisó Pallarès, servirán para añadir 300 pisos asequibles a la oferta municipal de inmuebles de este tipo. Hasta 30 se obtendrán mediante compra, 60 corresponderán a la ejecución del complejo urbanístico de La Hispània, otros 130 surgirán de una nueva promoción en suelo municipal en Mas Iglesias y 80 resultarán de una ampliación de la cantidad de viviendas en la Borsa de Mediació per al Lloguer. Esa es la información aportada en rueda de prensa ayer por el gobierno, puesto que el Pla no es aún consultable.

Con relación a La Hispània, la responsable de Habitatge avanzó que la licitación de las obras se aprobará en la próxima Junta de Govern, el viernes. Las obras supondrán una inversión de alrededor de 22 millones de euros, con un contrato de tres años. En cuanto a Mas Iglesias, la promoción se desarrollaría en un solar en el entorno de la Biblioteca Pere Anguera, muy cerca de donde debería enclavarse la futura estación de Bellissens. Se haría mediante un derecho de superficie que debería licitarse, según el calendario que maneja Pallarès, en enero.

Con todo ello, se cubriría «la mitad de los objetivos orientativos que propone el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge –ahora en proceso de redacción–, que asigna a Reus una demanda de 602 para el período 2022-2027», al ser un municipio con fuerte presión en este campo. El Ayuntamiento ya indica que «será necesaria la colaboración económica de la Generalitat, así como otras vías de financiación estatal o europea para conseguir la meta total».

El documento también contempla acciones de gestión urbanística para preparar el suelo para futuras viviendas destinadas a políticas sociales, según el gobierno. Y es que «parte de los pisos provienen del desarrollo de sectores y, por lo tanto, hará falta una acción activa de seguimiento y ejecución por parte del Ayuntamiento». El potencial de inmuebles que hay ahora, aproximadamente, en sectores de desarrollo, es de 13.710, con 9.939 viviendas libres potenciales y 3.771 de protección general o especial (27,5%), con datos del consistorio.

Pallarès especificó que «lo principal para desarrollar un plan son los recursos» y manifestó la voluntad de apostar fuerte por este ámbito. Así, solamente las acciones propuestas para 2023 comportan un coste de 2.076.025 euros: 1,2 para la Hispània más 700.000. De hecho, la concejala fijó en cerca de 700.000 euros anuales la cantidad mínima necesaria para que el Pla se pueda seguir desplegando.

Primeros pasos

Dentro del presupuesto inicial de 2.076.025 euros se engloban la elaboración de un plan de mantenimiento y mejora del parque municipal de viviendas, una campaña de difusión de nuevas tenencias, un estudio de los barrios con mayor dificultad de acceso a la vivienda y déficits habitacionales para delimitar áreas de conservación y rehabilitación, y la creación de un programa municipal de ayudas de viviendas vacías de particulares para ponerlas a disposición de quien busca una en la Borsa de Lloguer.

Los fondos también abarcan la elaboración de un estudio para evaluar las condiciones de accesibilidad de los inmuebles y dotarlos de ayudas a la instalación de ascensores si procede, la habilitación de herramientas de gestión de información sobre el estado actual de la ciudad y la reformulación del registro de solicitantes de viviendas de protección oficial (VPO) en clave local. El resto se concreta en «servicios, programas o gestiones que ya están en funcionamiento en estos momentos».

Impulsar la vivienda cooperativa

Sobre la ampliación del parque asequible o protegido, la concejala aclaró ayer que no renuncia a otros sistemas, como la firma de convenios con grandes tenedores o el impulso de la vivienda cooperativa. «Usaremos todo lo que esté a nuestro alcance», dijo. Igualmente sobre la mesa se encuentra la transformación de equipamientos municipales en pisos o analizar modificaciones del planeamiento urbanístico para obtener vivienda protegida.

Más allá de todas estas guías pensadas para favorecer el acceso a la vivienda, el Pla Local d’Habitatge recoge otras para prevenir la pérdida del domicilio. Estas pasan por ayudas municipales al pago del alquiler, un protocolo de actuación para evitar desahucios y la ampliación del alcance del servicio de deuda hipotecaria para que actúe asesorando sobre el derecho a la vivienda.

El tercer eje del Pla aborda la rehabilitación y mejora del estado del parque y de las personas residentes. En este sentido, se han previsto ayudas a la rehabilitación. Pero Pallarès también hizo referencia a una cuestión interesante. «Tenemos un proyecto ambicioso de transformación de algunos barrios de la ciudad, empezando por un estudio que va más allá de la vivienda, que es de ciudad y que incluye a Serveis Socials y Seguretat», precisó, sin querer desvelar todavía más detalles. También mencionó Sant Josep Obrer, un área en la que, dijo, «tenemos un espacial interés».

Los recursos humanos, económicos y técnicos copan la cuarta rama del documento. El Ayuntamiento quiere contar con un programa marco que recoja las diferentes líneas que se gestionan con la Agència Catalana de l’Habitatge (ACH) y se fija el reto de automatizar la tramitación de las ayudas al alquiler vinculando los aplicativos de gestión de la AHC y los municipales. Dinamizar el Consell Municipal d’Habitatge y dotarlo de funciones de seguimiento y evaluación del Pla debería permitir cierta fiscalización de su ejecución.