Desde la multinacional insisten en que se personan en el proceso judicial para reclamar los daños económicos ocasionados por el hecho de que tuvieron que «buscar suministros alternativos, con las consiguientes pérdidas de beneficios y sobre costes añadidos», ya que a raíz de la explosión, Iqoxe no les suministró óxido de etileno durante los años 2020 y 2021