'Guerra' a la droga en la cárcel de Tarragona: nuevos inhibidores impedirán el paso de los drones

Un interno simula una emergencia médica mientras solo dos funcionarios permanecen en el módulo. En ese momento, desde un teléfono móvil, se da la orden a varios lanzadores apostados junto al bosque, muy cerca de la valla del perímetro exterior, para que arrojen hasta ocho paquetes al interior. Cuatro de ellos caen en el patio.

Escenas como esta, cada vez más sofisticadas, explican la necesidad de reforzar la seguridad en el Centre Penitenciari Mas d’Enric, donde, en los últimos meses y en la línea de lo que sucede en el resto de cárceles catalanas, se han acelerado las medidas tecnológicas y organizativas para hacer frente a nuevas formas de riesgo.

La más visible es la implantación de un nuevo sistema de avisos personales, que sustituirá los pulsadores tradicionales y permitirá localizar con precisión el punto exacto de una alarma. 

Según fuentes del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, este sistema, en fase de pruebas, liberará a los trabajadores de llevar distintos dispositivos según donde se encuentren y garantizará una respuesta inmediata en caso de emergencia. La complejidad técnica ha retrasado su implantación, pero ya se completan las pruebas finales.

La experiencia piloto se llevará a cabo en Puig de les Basses durante el último trimestre del año y, si resulta satisfactoria, se extenderá de forma gradual al resto de centros penitenciarios catalanes.

‘Guerra’ a los drones

Paralelamente, el fenómeno de los drones se ha convertido en un quebradero de cabeza. Desde el aire, estos dispositivos son capaces de lanzar paquetes con droga, teléfonos o incluso herramientas. En Mas d’Enric se avistaron, tal y como publicó el Diari, en el mes de mayo, pero, al parecer, no hubo descarga en los patios.

De momento, está testeándose un sistema de inhibidores de drones en Brians 1 y Brians 2, dentro de un programa piloto. Una vez se evalúen los resultados, según fuentes del Departament, la Secretaria de Mesures Penals estudiará su aplicación al resto de prisiones, aunque por ahora no hay calendario. 

Fuentes de la asociación de funcionarios Marea Blava explican que el dron ya es la tercera vía más habitual para introducir droga, después de los vis a vis y de los permisos penitenciarios. También se prevé una prueba piloto (todavía no se sabe en qué centro) para instalar escáneres con el objetivo de detectar sustancias o artilugios prohibidos. El protocolo para extenderla al resto de centros sería el mismo que con los drones.

Lanzamiento de sustancias

En Mas d’Enric, también se hará limpieza en el bosque para que quede más espacio entre la valla y el camino y, en consecuencia, sea más fácil el acceso para los coches de Mossos d’Esquadra. El motivo es que se habían producido, de forma puntual, lanzamientos desde el exterior de, según un comunicado redactado por los sindicatos CCOO, UGT, IAC-CATAC e Intersindical, "todo tipo de sustancias y objetos prohibidos". 

Marea Blava también ha venido denunciando estos sucesos. Normalmente, son amigos y familiares de los internos los que se coordinan para efectuar estas entregas en los momentos en los que no hay vigilancia en el patio.

Después de este comunicado, el Departament, a través de la dirección de la cárcel, se puso en contacto con el personal para explicar las medidas a seguir. Desde CCOO aplauden que se hayan implementado acciones que no requieren de incremento presupuestario, pero argumentan que la falta de presupuesto ha ralentizado las que sí lo necesitan, como por ejemplo el proyecto de los drones, los escáneres corporales o las ampliaciones de plantilla. Por ello, el sindicato reclama "la aprobación urgente del presupuesto de 2026".

Más medidas: se atan los cuchillos

La modernización tecnológica no es el único frente. Desde el acuerdo de 2024, firmado tras el asesinato de Núria López, el centro ha aplicado una batería de medidas internas para aumentar la seguridad del personal. 

Se ha consolidado el trabajo en binomio para que ningún funcionario quede solo en tareas delicadas, se ha restringido el acceso a la cocina a internos con delitos de sangre y se han anclado los utensilios y cuchillos a las mesas de trabajo. También se controla con más rigor quién entra a trabajar en cada área, reduciendo así los riesgos en espacios sensibles.

Actualmente, Mas d’Enric alberga –según registros del Departament– más de 900 internos, una cifra que supera la media de años anteriores. La Administración ha incrementado el número de funcionarios, aunque la relación entre personal e internos sigue siendo ajustada. Además, también ha crecido el número de presos con necesidades y peligrosidad especiales.

Fuentes del personal declaran que todavía faltan algunas medidas por implementar, como, por ejemplo, el hecho de que sea una empresa externa –y no los internos, ya que en ocasiones ha habido incidentes– la que gestione la cafetería exterior. También está por definir el reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad, cuya propuesta se encuentra actualmente en fase de negociación.

Por encima de todo, tal y como explican fuentes internas, los trabajadores perciben que la seguridad ha mejorado, aunque reconocen que la violencia en prisión siempre es imprevisible. El riesgo no desaparece, pero la respuesta ante estas situaciones parece más rápida y eficaz que hace un año.