Los abogados de Tarragona proponen indemnizaciones por los retrasos de Regionals y Rodalies

El Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT) ha presentado el primer informe del Observatori Societat i Dret, el cual hace un análisis jurídico de los mecanismos de protección y compensación que tienen los usuarios de Rodalies y Regionals afectados por los sucesivos problemas en la red. Según este, el marco actual permite el desarrollo de una normativa, por parte de la Generalitat, para la reclamación y supervisión de la prestación del servicio por parte del operador Renfe.

«La Generalitat puede hacer mucho más por los usuarios, ya que no está desplegando los mecanismos de protección que estos se merecen», afirmó el decano del ICAT, David Rocamora.

El colectivo expone que a nivel estatal y europeo hay una normativa básica, y que desde 2010 la Generalitat tiene competencias en materia del transporte de viajeros para establecer un reglamento que desarrolle estas directrices de carácter general. «La Generalitat coge y, en lugar de establecer acuerdos con la operadora, ofrece un servicio que básicamente se regula según las condiciones de uso. Y el problema es que no hay un control democrático como puede tener un reglamento o una ley», expuso el abogado Xavi Capilla.

El ICAT defiende la necesidad de «corregir» la situación con un sistema de indemnizaciones, más allá de las devoluciones exprés, que ahora permiten recuperar el importe del billete cuando el retraso supera los 15 minutos. El colectivo considera que estas no son efectivas de cara a los usuarios, ya que obligan a presentar una reclamación y a validar el billete, y en estaciones pequeñas a menudo no se dispone de esta opción.

Con el sistema actual, todos los usuarios tienen el derecho a constituirse y reclamar»

Más allá se asegura que el concepto de «fuerza mayor» que se utiliza para las no devoluciones debería ser una circunstancia «extremadamente excepcional», ya que «Renfe ha llegado a entender que es fuerza mayor la realización de obras planificadas y advertidas, e incluso la situación de huelga», dijo Rocamora.

Hasta el 150% del importe del billete

La propuesta que lanza el colectivo defiende que se tenga en cuenta el «daño inmediato» que sufren los pasajeros cada vez que se produce un retraso. Así, se establece un sistema de graduación con compensaciones que vayan de básicas (cuando la demora es de 15 a 25 minutos) a graves (cuando se superan los 45 minutos o hay una cancelación). Estas, además de la devolución del importe del billete, suman un recargo del 25 al 150%. Finalmente, también se introduce un sistema de penalización por daños reiterados.

«Cualquier sistema es absolutamente ineficaz si no tenemos las herramientas para hacer una reclamación efectiva», argumentó Capilla, quien expuso que «con el sistema actual, muchos usuarios tienen que ir a picar a la puerta de la oficina de Renfe para la reclamación». En cambio, se propone que sea un organismo independiente, como podría ser la Agència Catalana de Consum, el que vehicule estas reclamaciones.

Xavi Capilla defendió que, más allá del daño inmediato que se produce con el simple retraso, los usuarios deben poder reclamar «de forma complementaria» las afectaciones sobre el trabajo o cualquier situación que suponga un agravio económico o una afectación psicológica.

Los abogados son elocuentes. «Debe haber una participación activa por parte de la Generalitat, ya que es la única que tiene el rol, legislando a través del Parlament, y las competencias que tiene delegadas desde hace más de quince años». Aunque también son conscientes de que la creación de la nueva sociedad para gestionar Rodalies puede suponer un «handicap».

El ICAT tiene previsto reunirse con entidades civiles, los partidos con representación en el Parlament así como con los responsables del servicio para darles a conocer este análisis. «Nosotros no somos actores políticos. Reivindicamos la existencia de un problema, la posibilidad de mejora y la existencia de una autoridad competente con responsabilidades», argumentó Rocamora.

Tras la presentación de la plataforma Puntual.cat esta semana por parte de la Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) y Dignitat a les Vies, y de las primeras conclusiones del estudio de la URV que acreditaba daños psicológicos entre los usuarios recurrentes, el Col·legi de l’Advocacia de Tarragona se suma al malestar por el sistema ferroviario. Considera que es «inasumible» que, según la consellera de Territori, en los próximos dos años no habrá una mejora en la fiabilidad de la infraestructura para los viajeros del corredor sur. «Tiene que reaccionarse y esperamos que los políticos estén a la altura», afirmó Rocamora.