El acuerdo de Bruselas no garantiza el futuro de los pescadores, según el colectivo

«Parece que vayamos a Bruselas a mendigar caridad, cuando la realidad es que nos lo hemos ganado a pulso esforzándonos para que el mar se regenere como debe», dice Xavier Domènech, secretario de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, al conocer que Europa ha aceptado que los pescadores puedan salir a faenar 143 días a lo largo del año que viene.

Un acuerdo que el colectivo ha recibido con una sensación «agridulce» y entre decepción y enfado. «Bruselas no ha tenido en cuenta ni los esfuerzos ni los informes científicos que avalaban la idea de que el mar se había regenerado y que las poblaciones estaban en buen estado», explica Joan Balagué, secretario de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de La Ràpita, quien añade que «si lo hubieran valorado nos hubiesen dado más días que este año. La prueba de que no tienen nada en cuenta es que seguimos igual que hasta ahora».

El acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea llegó después de dos días de duras negociaciones. Y es que Bruselas partía de una propuesta de mínimos de 9,7 días de pesca para el año que viene. Una medida que España, Francia e Italia se opusieron en bloque desde el primer momento, ya que comprometía la viabilidad del sector a muy corto plazo.

Finalmente, y bien entrada la madrugada del sábado, el ministro de Agricultura y Pesca del gobierno español, Luis Planas, anunciaba el acuerdo con la Comisión Europea que permitiría que la flota del arrastre del Mediterráneo pudiera pescar 143 días durante el 2026.

Eso sí, la condición es que se mantengan las medidas compensatorias que se anunciaron el año pasado: el uso de mallas con agujeros más grandes y la instalación de puertas voladoras que minimicen la afectación al fondo marino.

La mayoría de estas medidas ya fueron implementadas el año pasado y, en las últimas semanas, el gobierno español había pedido en reiteradas ocasiones al ejecutivo comunitario que las cuotas para el 2026 deberían tener en cuenta el esfuerzo del sector en el último año.

Además, como novedad de este año, se establece el cierre definitivo de la pesca con arrastre de la gamba roja en zonas con profundidades inferiores a 600 metros, y se fija un veto por debajo de los 800 metros de profundidad.

Planas admitía que las negociaciones habían sido «muy difíciles» y cualificaba de «éxito evidente» el resultado conseguido después de dos días de reuniones. Un éxito que los pescadores no comparten para nada.

Por el momento no ha trascendido que fue lo que desencalló las negociaciones, aunque fuentes del ministerio apuntan a que España presentó una propuesta alternativa razonable, elaborada a partir de los estudios científicos que lleva meses realizando el Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar –órgano más conocido como ICATMAR–, y que demuestran que el mar se ha regenerado.

Lo cierto es que la Generalitat de Catalunya ha liderado la defensa de los intereses de los pescadores en los últimos meses.

Sensación agridulce

Los pescadores catalanes recibieron el acuerdo con una sensación «agridulce». Aseguran que no es lo que querían, pero que la resolución representa una mejora sustancial en comparación a la propuesta inicial de la Comisión Europea.

Tanto el colectivo como la Generalitat de Catalunya insisten en que la única manera de garantizar la viabilidad del sector es pudiendo pescar un mínimo de 180 días al año. El presidente de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, admite que «la cifra pactada finalmente mejora la propuesta europea inicial, pero está por debajo del umbral de la viabilidad económica».

Los pescadores llevan años sufriendo la incertidumbre de no saber cómo irá al año siguiente. «Cada diciembre estamos igual. Volviendo a discutir y a sufrir», explica Domènech, quien añade que «las embarcaciones no pueden prever inversiones, ya que no tienen la seguridad de poder trabajar con tranquilidad al año siguiente».

La llave de todo

La Comisión Europea insiste en que sus propuestas se basan en un reglamento que aprobaron los ministros de los Estados Miembros en 2019 y que se comprometía a reducir la pesca del Mediterráneo a través de un plan plurianual.

Uno de los compromisos que se arrancó a Bruselas durante el Consejo fue el de plantearse la modificación del reglamento de cara al año que viene. «La directiva europea es muy encorsetada. Por más voluntad que tuviera todo el mundo, el reglamento dice lo que dice y es el que votaron los Estados Miembros en su día», dice Abad, quien añade que la modificación del documento sería «un pulmón de aire» para el sector.

Por su lado, desde Tarragona, Domènech se muestra escéptico con la idea de modificar la normativa. «La experiencia nos dice que no fácil cambiar una cosa sí. Lo que tienen que hacer es escuchar al sector y al mundo científico, que está de nuestro lado», apunta el secretario de la Federació Territorial.

El sector cree que lo que ha quedado pendiente de pactar son las cuotas y la gestión que se debe hacer de la pesca de la gamba. «Limitar la gamba por jornadas o kilos es impensable», asegura Abad. Domènech, por su lado, explica que si se limita la pesca de la gamba, las embarcaciones que se dedican exclusivamente a este crustáceo, irán a por otras especies para poder sobrevivir.

Un reparto equitativo

Tras el acuerdo con Bruselas, ahora la pelota está sobre el tejado del gobierno español, que tiene las competencias para repartir los días entre las embarcaciones.

El colectivo pide que el reparto sea equitativo y justo, ya que, aseguran, el año pasado no fue así. «En el caso de Tarragona, hay algunas embarcaciones que se quedaron con 108 días. Y no es justo porque de esta manera se compromete su viabilidad económica», explica Domènech. Abad asegura que «no podemos aceptar que haya pescadores de primera y segunda». Superada la batalla de Bruselas, es momento de lidiar con la de Madrid.