El caso Iqoxe sigue pendiente: el juicio se celebrará en 2027 en la Audiencia de Tarragona

Las dos secciones penales de la Audiencia Provincial de Tarragona ya ha fijado las macrocausas que juzgarán este año. Y en la lista no figura Iqoxe, que se dejará para el próximo año ya que se trata del asunto más nuevo de los que hay pendiente. Así lo ha apuntado al Diari el presidente de la Audiencia de Tarragona, Joan Perarnau, quien añadía que se ha conseguido que en prácticamente dos años se hayan vaciado los macroasuntos que había pendientes, comenzando por el de Parc Central, que es el único que había del siglo pasado pendiente de juicio.

El Caso Iqoxe hace referencia a la explosión que hubo en la empresa del mismo nombre el 14 de enero de 2014, que se saldó con tres personas muertas –una de ellas un vecino de Torreforta que estaba en su piso, donde impactó una de las piezas que salieron despedidas de la fábrica– y 13 personas heridas.

La Fiscalía de Tarragona pide 11 años de prisión para tres directivos de Iqoxe. En concreto, el Ministerio Público solicita seis años por un delito de estragos, tres homicidios imprudentes, 13 de lesiones imprudentes, uno de daños imprudente; tres años y multa de 10.800 euros por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, y finalmente dos años de cárcel y multa de 6.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Por su parte, la pena para la empresa como persona jurídica es de multa de 540.000 euros e intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores durante dos años por el primer bloque de delitos, 360.000 euros e intervención durante dos años por el delito contra el medio ambiente y finalmente otros dos años de intervención por el delito contra los derechos de los trabajadores.

El juicio por esta explosión seguramente será durante el primer semestre de 2027.

¿A la tercera irá la vencida?

Por su parte, el 11 de mayo está previsto que comience el juicio por la pieza 2 del Caso Innova y que finalice el 1 de julio después de 15 días de sesiones.

El juicio correspondiente a la pieza separada número 2, sobre las facturas no justificadas en las obras de construcción del Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

La vista ya se ha aplazado dos veces: la primera por indisposición de uno de los acusados y la segunda porque un abogado tenía otro juicio en Madrid.

El Ministerio Fiscal pide penas de entre 7 y 10 años de cárcel para los 8 encausados.

¿En el Palau de Justícia?

Una de las incógnitas es si el juicio previsto entre el 5 y el 22 de octubre en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial contra 42 acusados de un delito contra la salud pública y otro de blanqueo de capitales se podrá realizar en el Palau de Justícia.

Si bien algunos de los acusados comparten abogados, la gran cantidad de letrados que hay y el número de encausados hace que la sala grande de vista seguramente no pueda acoger esta vista oral. Se trata de un caso de 2019.

Y prácticamente cuando termine es juicio comenzará otro contra once ciudadanos albaneses acusados, entre otros delitos, de uno contra la salud pública. La vista oral empezará el 10 de noviembre.

L'Aldea, en julio

En julio se verá en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el juicio por la quiebra de la Cooperativa de l’Aldea, un caso que saló a la luz en 2011.

El principal acusado es el exgerente Daniel Ferré, a quien se le atribuyen los presuntos delitos de falsedad contable, en documento mercantil, insolvencia punible, levantamiento de bienes, apropiación indebida y estafa.

La asociación de afectados pide para él 21 años de prisión, petición que Fiscalía rebaja a 14,5. Entre los acusados se encuentran también el exdirector de la sección de crédito, responsables de la oficina de Bankia en Amposta o auditores.

Para estos acusados, así como para Bankia, la auditora BDO y Mapfre, se han fijado fianzas millonarias para cubrir las responsabilidades civiles derivadas del caso.