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    36 días sin poder volver a casa y sin recibir ninguna ayuda

    Un mes después de las lluvias, los vecinos de El Catllar a los que se les inundó el hogar siguen luchando para que se haga justicia «con un coste económico, psicológico y físico muy alto»

    28 octubre 2022 19:16 | Actualizado a 29 octubre 2022 07:00
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    Mañana se cumplirá un mes y una semana de ese fatídico 23 de septiembre de 2022, el día de Santa Tecla, en el que las lluvias torrenciales que descargaron sobre la ciudad de Tarragona y alrededores causaron muchos daños, varios de ellos irreparables. Y es que algunos de los desperfectos materiales fueron tan graves que lo que para cuatro familias era el sueño de su vida se convirtió en su peor pesadilla. Así califican los vecinos del Catllar a los que se les inundó la casa la situación en la que se encuentran actualmente, sin poder volver a sus hogares –y lo que tardarán–, pagando un alquiler –además de la hipoteca– para poder seguir bajo un techo y luchando contra viento y marea para poder recuperar lo que era suyo, con el coste económico, psicológico y físico que conlleva.

    Alex Llort y Pilar Molina, Oscar Guillén y Silvia Millán, Missael Chiwo y Guiomar Ibáñez y Àngel Alonso y Sara Calderón son las cuatro parejas, todas con hijos, cinco en total, cuyas casas ubicadas en la urbanización Parc Llevant del Catllar se inundaron el día de Santa Tecla. Los chalets están construidos justo al lado del Barranc de la Mora y unos metros más abajo la Diputació de Tarragona está llevando a cabo unas obras en la carretera TP-2039. Según los vecinos, y aseguran que es una evidencia total, el muro de cinco metros que la Diputació levantó sobre el barranco, paralelo al puente en el que se realizan los trabajos, para crear una carretera provisional, hizo de presa cuando bajó el agua y esta se fue estancando y subiendo de nivel hasta inundar las cuatro viviendas afectadas. «El barranco había bajado lleno en otras ocasiones, pero como no había ningún muro que lo tapara seguía su curso sin causar daños», señala Llort.

    A todo esto, desde la Diputació defienden que las obras se están llevando a cabo con las autorizaciones pertinentes por parte de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Asimismo, aseguran que hay una serie de hechos obvios, que son las lluvias excepcionales de ese día y que la zona está confrontada con un barranco, y señalan que están a la espera de información de otros organismos para definir qué grado de responsabilidad tuvo el ente supramunicipal en lo ocurrido. No obstante, los vecinos apuntan que el ACA ya ha dicho públicamente que sí dio permiso a la Diputació para hacer las obras, pero con la puntualización de que si se originaban daños a terceros sería la institución tarraconense la responsable. Paralelamente, las familias, que son las propias promotoras de los inmuebles, señalan que «construimos con las licencias y permisos favorables por parte del ACA y del ayuntamiento, es decir que estamos en una zona no inundable, con un POUM que lo respalda, y si se inundó ese día es porque algo no se hizo bien».

    Sea como sea, las cuatro familias se encuentran completamente desamparadas por parte de las administraciones. Las viviendas están inhabitables y desde el primer día pidieron ayuda a la Diputació y al Ayuntamiento del Catllar, para que por lo menos les dieran una alternativa habitacional, pero no han recibido ninguna ayuda y actualmente están viviendo de alquiler, después de pasar varias semanas instalados en casas de familiares y amigos. Ahora, además del coste económico que les supone pagar un alquiler y una hipoteca a la vez, están desembolsando una gran cantidad de dinero en abogados y peritos.

    Asimismo, están a la espera de que la Diputació responda a la instancia que presentaron para que se depuren responsabilidades de los daños producidos, pero esta tiene hasta seis meses para responder. «No vemos la luz al final del túnel», lamentan las familias, que aseguran que si en estos seis meses la Diputació no responde iniciarán un procedimiento contencioso-administrativo. Algo que, no obstante, son conscientes que alargaría y encarecería todavía más todo el proceso, que podría durar años. Con todo, reconocen que «todo debe seguir unos trámites y debe estudiarse, pero hay que recordar también que la misma noche del 23 de septiembre mandaron una excavadora para rebajar el muro de tierra que había hecho de dique, para eso sí que actuaron con celeridad».

    La Diputació está a la espera de información para saber que grado de responsabilidad tuvo

    Y la cuestión económica no lo es todo. Vivir con ansiedad y sin descansar, pues dedican el tiempo libre del trabajo a reunirse con abogados y hacer trámites, son algunos de las consecuencias físicas y psicológicas que están sufriendo, sin dejar de lado como lo viven sus hijos. «Lo que nosotros pasamos como adultos, ellos lo pasan a su manera como niños, y además no estás para ellos», asegura Guillén, que añade que «cuando los pones a dormir les miras y piensas que has perdido otro día de tu vida con ellos, y los que quedan, por culpa de esta gente. Esto es muy duro».

    «Estamos abatidos, a veces no sabemos como continuar, y seguimos luchando porque estamos unidos y nos apoyamos entre todos, pero toda la situación es abrumadora, está afectando a nuestras vidas en todos los sentidos», concluyen los vecinos.

    Con todo, las cuatro familias han escrito una carta en la que exponen los hechos. En ella lamentan que «no estamos hablando solo de los daños materiales, estamos hablando de daños impagables como las noches sin dormir, la ansiedad, el impacto en nuestros trabajos, el impacto en nuestra economía, el impacto en los menores, el no tener tiempo de descanso, etc. Estamos exhaustos», y acaban el texto denunciando que «estamos ante una Diputació de Tarragona que ha dejado sin hogar a cuatro familias y la respuesta de los diputados, que en teoría son los que velan por todos nosotros, ha sido ignorarnos, el mayor desprecio».

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