500 euros por dejar que el perro acceda a los parterres

La nueva Ordenança sobre la Protecció, la Tinença i Venda d’Animals tuvo su minuto de gloria el verano pasado cuando se discutió en el pleno municipal. Se habló casi en exclusiva de su artículo estrella: el que prohibía la venta de animales en la vía pública.

No obstante, aquella polémica desvió la atención sobre el resto de artículos que atañen a todo lo relacionado con una mascota. Va desde las especificaciones del espacio en metros cuadrados que necesita un animal hasta la prohibición de entrar en espacios como parterres y jardineras.

Esto último, por ejemplo, está prohibido e incumplir la norma puede acarrear una sanción de 500 euros.

José Ferrándiz, presidente de la Secció de Dret Animal del  Col·legi d’Abvocats de Tarragona (tiene opinión autónoma, al margen del colegio) y Marta Reynals, secretaria de la sección, aseguran que la nueva ley es «un salto adelante», pero la mayoría de los ciudadanos no están informados sobre esta nueva ordenanza.

 Reynals dice que «hemos ganado mucho, porque ya desde el prólogo se habla de la protección de los animales, se regula las condiciones en que deben vivir,  y no se les considera un simple bien».

No obstante, temen que el puro desconocimiento termine por dejar la ordenanza en papel mojado «porque el Ayuntamiento, de oficio, no tiene capacidad de controlar todo esto. Hay que lograr que sean los propios ciudadanos los que tengan conciencia de que hay que cumplirla».

Gran desconocida

Lamentan que, hasta ahora, el único artículo que se ha encargado de dar a conocer el consistorio es el relacionado con la obligación de recoger las heces.

«El problema de los excrementos es muy gordo, pero no es el único», aseguran. Señalan, por ejemplo, que se ha prohibido verter azufre para evitar los orines de los perros y todavía puede verse como se utiliza en muchas fachadas de la ciudad.

También consideran que hay confusión, por ejemplo, sobre si deben limpiarse con agua las micciones, como propone una campaña la Asssociació de Veïns Tarragona Centre. Aseguran que la ordenanza no lo recoge expresamente y también podría entrar en colisión con la que prohibe lanzar vertidos en la vía pública.

Consultada al respecto, la consellera de Serveis a la Persona, Ana Santos, ha señalado que «haremos una campaña dirigida a toda la ciudadanía para dar a conocer la ordenanza, pues tiene aspectos importantes y novedosos de los cuales hay que dar difusión».

Los abogados apuntan que sería muy útil, tal como se hace en otros municipios, que una vez que se censa el animal en el Ayuntamiento se entregue la ordenanza a los propietarios de mascotas.

También creen que debería hacerse una comisión de seguimiento de la ordenanza en la que participen colegios profesionales y entidades.

Al respecto, Santos señala que «la ordenanza recoge esta posibilidad y la sacaremos adelante, cuando hayan transcurrido algunos meses desde su entrada en vigor, todavía es muy reciente. De aquí a unos meses dispondremos de datos evaluables de los puntos que hay que mejorar o reforzar, entonces convocaremos una mesa de seguimiento». 

Entre los aspectos que consideran los abogados que habría que hacer más pedagogía es en el relativo a la identificación de las mascotas.

De hecho, la nueva norma obliga a que los animales sean inscritos en el censo del Ayuntamiento «algo poco conocido» explica Reynals, quien señala que esto tiene como consecuencia, por ejemplo, que no existan cifras reales de la cantidad de mascotas que hay en la ciudad.

Esto influye en el número de pipi-can y can-espais (otro tipo de áreas para el juego de los perros que contempla la ordenanza) que se proyectan en la ciudad

Pero tal vez uno de los aspectos más polémicos es la obligatoriedad de comunicar el ADN de los perros al Ayuntamiento so pena de sanción de 3.000 euros; la más alta que recoge la ordenanza municipal.

La disposición entrará en vigor cuando el Ayuntamiento disponga de cómo se harán los análisis. La entrada en vigor del registro de ADN permitirá identificar a los animales cuyos dueños no han recogido sus deposiciones en la vía pública.

En opinión de Reynals y Ferrándiz, si el análisis –que correrá a cargo de los dueños– es muy costoso, muchas personas optarán por censar a sus animales en otros municipios menos restrictivos  o, simplemente, como hasta ahora, seguir sin registrarlo «muchos dueños de mascotas no saben ni que el censo existe», señalan.

Todavía no se sabe cuándo este aspecto entrará en vigor, tal  como explica Ana Santos, quien señala que «la identificación del ADN es una disposición adicional del ordenanza, es un planteamiento que tenemos en firme, pero no hay una fecha concreta de cuando la haremos efectiva».  

Reconoce, además, que «tenemos que tener en cuenta que la ordenanza es de máximos, algunos aspectos se aplicarán más adelante. Pero quiero destacar que es una ordenanza pionera para la ciudad, pues por primera vez tenemos una normativa que regula la tenencia, el cuidado y la protección de los animales».