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La CUP y Junts per Tarragona tensan la cuerda con el gobierno municipal (ERC-Comuns) a las puertas de negociar la ampliación del ejecutivo de la Plaça de la Font, que el alcalde espera materializar en pocas semanas pese a que cupaires y juntaires afirman que aún no han recibido ninguna propuesta formal para estudiarla. Las dos formaciones, ahora en la oposición, chocaron con Esquerra Republicana y En Comú Podem en diversos temas durante el maratoniano pleno municipal telemático de ayer, que se alargó por espacio de más de nueve horas.
El primer encontronazo ocurrió entre la CUP y el alcalde Ricomà por la polémica actuación del pasado jueves de una patrulla de la Guàrdia Urbana que, durante la tercera protesta por el reciente encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, tuvo un accidente con un manifestante que pasó por encima del vehículo de la Policía Local. Todas las formaciones con representación en el Saló de Plens, a excepción de la CUP, defendieron a los guardias urbanos, asegurando que no hubo ningún atropello. «Nos solidarizamos con el movimiento de rechazo a la sentencia a Hasél, pero se ha dado una visión distorsionada de lo que ocurrió. La Guàrdia Urbana actuó con profesionalidad», afirmó ayer el alcalde Ricomà (ERC), quien denunció que «se les acusa de atropellar a una persona, cuando en realidad se bajó la velocidad y el manifestante se subió encima». Por ello, el máximo edil recalcó que la Policía Local «no hizo nada violento», sino que «fue una situación muy compleja, y si en ese momento se fueron fue para evitar una situación peor. Debemos ser capaces de hacer un análisis poco emocional. Lo que se hizo fue evitar un riesgo aún mayor», añadió.
El posicionamiento del presidente de la corporación local no gustó, para nada, a las dos ediles de la CUP. «Sus palabras son muy decepcionantes, señor alcalde. Esperamos que se lleve a cabo una investigación y que haya un informe oficial sobre lo que ocurrió», aseguró la concejal cupaire Eva Miguel, quien reivindicó que «los vídeos dejan muy claro que el coche no frenó en ningún momento, por lo que el joven tuvo que saltar para no ser atropellado. Sinceramente, esperábamos una respuesta diferente, con una autocrítica. Hoy, muchos ciudadanos no entienden qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento», criticó la concejal cupaire, quien también denunció que la patrulla de la Urbana «se diera a la fuga».
Por su parte, Dídac Nadal (Junts) se alineó con ERC y mostró su «apoyo» a la policía, especificando que el joven «corrigió su dirección» para saltar, a juicio del edil de Junts, sobre el vehículo. Pese a las divergencias con la CUP, gobierno local, Junts y CUP aprobaron una moción de urgencia para mostrar su apoyo a Pablo Hasél. El texto fue rechazado por el PP, que se opone a la «violencia en las calles», según indicó José Luis Martín. Francisco Domínguez (Cs) también votó en contra, y acusó a las movilizaciones «de no respetar las sentencias judiciales».
Divergencias urbanísticas
Posteriormente, las diferencias volvieron a aparecer en una moción impulsada por la Cambra de Comerç y quince entidades económicas para pedir que la tramitación del nuevo POUM –tras la anulación del Tribunal Supremo– no se inicie desde cero, sino que se reanude desde la segunda aprobación inicial, de noviembre de 2008, que es cuando debería haberse incluido el informe sobre hidrocarburos.
En la votación, que se aprobó pese a la abstención de ERC y Comuns, Junts se alió con el PSC, Cs y PP, mientras que la CUP fue la única formación que se opuso al texto. «Nos hemos quedado perplejas con su abstención. ¿No decían que el POUM estaba caduco y obsoleto, y que su lógica de ordenación del territorio era contraria los principios de desarrollo sostenible? No nos parece honesto su posicionamiento si decían que con las normas transitorias la ciudad no quedaba paralizada», argumentó la edil cupaire Laia Estrada, quien el próximo mes de marzo dejará el Consistorio para iniciar una nueva etapa en el Parlament de Catalunya.
El concejal de Territori, Xavier Puig (ERC), justificó la abstención del gabinete municipal de la Plaça de la Font en el hecho de que «se trata de un posicionamiento político», pero dejó claro que los acuerdos de la moción «no se aplicarán», y que el POUM «no se retomará desde la segunda aprobación inicial». El máximo responsable urbanístico enfatizó que «los servicios jurídicos de Urbanisme nos dicen que no es posible tomar una parte de un plan anulado en su totalidad por una sentencia judicial», a la vez que dejó claro que si fuera posible «tampoco lo haríamos, ya que esto significaría saltarse el proceso de participación ciudadana, la valoración ambiental o no tener en cuenta la crisis pandémica o los nuevos principios de sostenibilidad».
En el otro lado de la balanza, Dídac Nadal (Junts) alertó de la necesidad de agilizar al máximo los trámites para «dinamizar la ciudad, evitar los recursos contecioso-administrativos que puedan presentar privados o empresas y dar seguridad jurídica para quien pueda una licencia». De esta forma, Junts per Tarragona vuelve a dar la espalda a ERC, Comuns y CUP en materia urbanística, tal y como ya hizo hace meses con el proyecto de la Budellera. Pese a ello, desde el partido que englobó a Junts per Catalunya y el PDeCAT muestran su predisposición para cerrar en breve un pacto de gobierno que, entre otras materias, podría darle la gestión de la concejalía de Comerç.
