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Un hombre que cobraba dinero por presentar solicitudes de residencia ante la Subdelegación del Gobierno en Tarragona –adjuntando falsos contratos de trabajo– para regularizar la situación de ciudadanos extranjeros sabiendo que las peticiones iban a ser denegadas ha sido condenado a siete meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento privado, con la atenuante de dilaciones indebidas. La Audiencia Provincial, sin embargo, absuelve a Josep Maria C.A. de un delito de estafa. El fiscal solicitaba por ambos delitos la pena de diez meses de prisión, el pago de una multa de 1.500 euros e indemnizar a las víctimas por un importe total de 36.000 euros. Y retiró la acusación contra otro acusado. Por su parte, la defensa pedía la absolución.
El acusado, entre los años 2005 y 2006, a cambio de cantidades de dinero cuyo importe no ha quedado determinado, presentó en la Subdelegación del Gobierno diversas peticiones para la obtención de permiso y autorización de trabajo y de residencia. En concreto, según la sentencia, fueron nueve las personas engañadas.
Una de las víctimas entregó una cierta cantidad de dinero –que no ha quedado determinada– al acusado y cuyo origen tampoco se ha precisado. Éste presentó en abril de 2006 en la Subdelegación solicitudes para dos personas que residían en Marruecos. Cada una fue acompañada de una oferta de trabajo formulada y suscrita por el acusado para el desempeño de faenas de peón agrícola en su finca, con una jornada semanal de 40 horas y duración de contrato indefinida.
Dicha operación se repitió tres veces más para las restantes siete personas.
Las cuatro personas –que actuaban en representación de otras– que contrataron los servicios del acusado –todas ellas con tarjeta de residencia en España desde hacía muchos años– conocían que la Subdelegación del Gobierno no cobraba tasa alguna para la tramitación de las solicitudes de residencia y trabajo.
Acuerdos verbales
En los acuerdos verbales a los que llegó el acusado con las víctimas se contemplaba que una parte de los importes recibidos se destinaría, en caso de concesión del permiso, a pagar los gastos de afiliación a la Seguridad Social para dar cobertura durante algunos meses de apariencia de una relación laboral que en la realidad no existía.
Las anteriores solicitudes no fueron acogidas por la Administración. El acusado no ha devuelto a las víctimas las cantidades que recibió.
La Audiencia Provincial no tiene dudas de que el acusado recibió el dinero para que tramitara las solicitudes, pero no quedó acreditado ni las cantidades ni el origen. Para los magistrados, dos de las víctimas se contradijeron de manera grave sobre los importes y ninguna de ellas pudo ofrecer traza alguna del dinero entregado –ni recibo, ni justificante bancario de previa extracción, ni ningún otro elemento corroborativo–. Algunos indicaron que se lo habían entregado terceros residentes en Francia, otros, los propios solicitantes mediante la intermediación de personas residentes en Marruecos. Para la Audiencia, los perjudicados directos por la conducta del acusado «no merecen protección penal». En este sentido señalan que «no se pueden proteger penalmente los intereses patrimoniales de aquellos que se han desprotegido voluntariamente, favoreciendo un plan de fraude y engaño a los intereses públicos que en materia de extranjería gestionaba la Administración».
