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Condenado un pensionista y un amigo por falsificar recetas médicas en Tarragona

Uno de los ahora procesados no sólo sustrajo un talonario de un CAP, sino también un tampón y el sello de una doctora

Àngel Juanpere

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La finalidad era conseguir medicamentos sin abonar el precio correspondiente.  Foto: Lluís Milián/DT

La finalidad era conseguir medicamentos sin abonar el precio correspondiente. Foto: Lluís Milián/DT

Dos hombres –uno de ellos pensionista– han sido condenados a penas de prisión por el Juzgado de lo Penal por haber falsificado recetas médicas, previamente sustraídas del interior de un Centre d’Assistència Primària (CAP). En los hechos participó una tercera persona, ya fallecida.

La sentencia, que ahora ha sido confirmada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona, declara probado que el 21 de mayo de 2013 el acusado J.A.G. –sin antecedentes penales computables a efectos de reincidencia–, junto con otra persona ya fallecida, sustrajo un talonario de recetas, un tampón y un sello a nombre de una doctora del interior de un CAP con la finalidad de conseguir medicamentos sin abonar precio por alguno de ellos.

J.A.G. es quien rellenaba las recetas, que eran expedidas a nombre y con el código de identificación personal del otro condenado, A.C.M., que tenía la condición de pensionista. Éste último facilitó sus datos a incluir en la receta al acusado J.A.G. por la amistad que les unía «y contribuyendo así al fin perseguido».

Ambos procesados fueron condenados por un delito de falsedad en documento público. A J.A.G. le fue impuesta una pena de 21 meses de prisión y multa de 1.620 euros. Por su parte, a A.C.M., como cooperador necesario, le cayó medio año de cárcel y multa de 1.080 euros.

J.A.G. presentó un recurso de apelación contra la sentencia inicial al considerar que él fue quien sustrajo las recetas y el tampón, pero no rellenó ninguna y, por lo tanto, no falsificó ningún documento. Y añadía que lo hizo el tercer acusado –ya fallecido– y que no hay pruebas que lo contradigan.

El juez, en la sentencia inicial, recordaba que el fallecido declaró en su día que la había elaborado en presencia del recurrente. Una versión que los magistrados de la Audiencia Provincial comparten plenamente al ser «de sentido común».

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