Cuatro de cada diez tarraconenses no cobran las horas extras que hacen

El nuevo registro horario persigue el fraude en las empresas: más de 3.800 empleados en la provincia no perciben las extraordinarias

Raúl Cosano

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Un dispositivo de control horario en una empresa de Tarragona. Foto: Pere Ferré

Un dispositivo de control horario en una empresa de Tarragona. Foto: Pere Ferré

El control horario ha revolucionado algunos centros de trabajo en Tarragona. «Estamos haciendo charlas para informar al máximo, porque es algo que preocupa mucho a los empresarios», reconoce Jordi Ciuraneta, presidente de Pimec Tarragona. Él ve positiva esta regulación, implantada desde el pasado 13 de mayo, «para luchar contra el fraude», y conveniente en el fondo, aunque haya que matizarla en las formas: «No puedes meter a todos en el mismo saco. Hay que contemplar y tener en cuenta diferencias entre empresas, hace falta flexibilidad». 

Ciuraneta, que cree que todavía quedan algunos ajustes por hacer, considera que «hay informes que dicen que esto hará aflorar una gran cantidad de horas extras no remuneradas». Algunos balances diagnostican el alcance, aunque sea aproximado, de este trabajo al margen, que no se cobra. Según la EPA relativa al segundo trimestre de 2017, en Catalunya hasta 72.259 personas declararon haber hecho horas extraordinarias. El 11,8% de esa población es de Tarragona, con lo que se infiere que 9.086 asalariados admitieron haber hecho horas extraordinarias. 

Es el balance extraído de los microdatos de la EPA incorporados al informe ‘Les hores extraordinàries treballades a Catalunya’, de 2017, el último análisis disponible, publicado por CCOO. Otro indicador que muestra una casuística más grave e incluso enquistada: de los 36.925 asalariados catalanes que declararon hacer horas extras sin remunerar, el 10,5% eran de la provincia. Son un total de 3.872 personas. Así, el 42% de los que realizan horas extras no las cobran –y tampoco las cotizan–, algo que algunos sectores creen que se debe solventar. 

9.086 asalariados en la provincia reconocen hacer horas extras. El 42% no las cobran

Joan Llort, secretario general de UGT en Tarragona, realiza un balance positivo de la nueva normativa en vigor: «Es aún algo muy incipiente pero nos vienen trabajadores del sector de servicios como hostelería a hacer consultas. Esto hará que afloren las jornadas en negro. Mucha gente tenía por contrato una jornada parcial y la hacía entera. Desde hace mucho tiempo reclamábamos que se hiciera un registro de control». 

Los sindicatos creen que, entre otras irregularidades, ayudará a combatir el llamado modelo ‘20-40-60’, consistente en estar contratado por 20 horas a la semana, cobrar por 40 y acabar haciendo 60. «Hay empresarios, no todos, que han entrado en este vicio que tiene que acabar. Las consecuencias son, entre otras, trabajadores que han cotizado poco y luego les queda poca jubilación», apunta Llort, que cree que la medida no atenta contra avances como el teletrabajo: «Hay muchos sistemas informáticos para registrar». 

Más allá de esas valoraciones, las horas extraordinarias no retribuidas ni compensadas por su realización suman en Catalunya 281.501 a la semana. Estas franjas, realizadas por 36.925 personas, se traducen en una media de 7,6 horas extras a la semana no pagadas por persona que había declarado hacer, según el informe de CCOO. Este trabajo no compensado ni en dinero ni tampoco en tiempo se podría traducir en «7.037 puestos de trabajo ahorrados a jornada completa». 

Los últimos datos del INE, relativos al primer trimestre de 2019, sostienen que en España se hacen a la semana tres millones de horas extras pagadas (el 54% del total) y 2,6 que no se abonan (el 46%). Se trata de porcentajes similares a los que existen en la provincia. 

Más allá de eso, se plantea estos días cómo abordar el reto de la flexibilidad. «Mi empresa es un ejemplo. Tengo un director comercial de Sabadell. La compañía es del Priorat. ¿Le hago venir cada día? Eso es imposible. Quizás la medida se ha puesto en marcha de forma un poco precipitada y falta más análisis. Hay que afinar este tipo de cosas y el espacio natural es la negociación colectiva», define Ciuraneta desde Pimec. 

Patronales y sindicatos creen que faltan ajustes pero la adaptación al registro es positiva

La misma Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) también ve conveniente la medida. «Está bien para luchar contra la economía sumergida», asume el presidente, Josep Antoni Belmonte. El máximo dirigente de la patronal tarraconense cree que la implantación de los registros se está haciendo correctamente, salvando sobre la marcha los contratiempos sobrevenidos: «En un principio no está creando ningún conflicto. Sí que trae problemas a sectores como la logística o los servicios pero todo consiste en ajustar. Creo que la gente lo está recibiendo bien. Es otra normativa y nos tendremos que adaptar». Belmonte asume que «siempre habrá alguien que no hará las cosas legales, pero eso sucede en todos los sitios». 

La negociación colectiva
Vicente Moya, secretario general de CCOO en Tarragona, es crítico con el proceso: «Las empresas, de manera generalizada, se tomaron poco en serio el Real Decreto que establecía un periodo de implantación obligatoria de dos meses que vencía el 12 de mayo». 

Moya considera que «las empresas se están escudando en la negociación colectiva para establecer la herramienta de registro, cuando lo importante está en el control de los horarios y las medidas correctoras en caso de ajustes y ampliaciones de jornadas». El representante de Comisiones Obreras en la provincia sostiene que «la inspección ha establecido una moratoria para proceder a sancionar, pero en ningún caso se establece la moratoria y el posible requerimiento a las empresas para proceder al registro horario». Asimismo, asegura que su sindicato va a «trabajar intensamente» con la Inspección de Trabajo para el cumplimiento de la ley». 

Treball lo ve «imprescindible»
La directora general de Inspecció de Treball de Catalunya, Maria Luz Bataller, remarcó la conveniencia del registro durante una jornadas realizadas por UGT. Bataller valora como «imprescindible» la medida y sostiene que «el exceso de jornada dificulta la conciliación laboral y familiar», lo que «afecta tanto a la salud como a los salarios y reduce las cotizaciones a la Seguridad Social». También aportó un dato significativo e ilustrador: durante el primer trimestre de este año, Inspecció recibió 319 propuestas de sanción. En el 61% de ellas se detectaba un incumplimiento del tiempo de la jornada laboral. 

Por su parte, Alberto Pastor, profesor agregado de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la UAB, cree que el registro debe efectuarse «sin perjuicio de la flexibilidad horaria». Pastor incide en que el sistema implantado debe ser «objetivo y fiable».

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