Ecologistas contra los nuevos proyectos de renovables en Tarragona

Una decena de entidades ecologistas, plataformas locales y sindicatos se han unido este miércoles para hacer una llamada de alerta ante la avalancha de macroproyectos de energía renovable que se están tramitando en el Camp de Tarragona, en las Terres del Ebro y en Ponent, donde ya hay el 65% de los 811 molinos eólicos de Cataluña. Una sola comarca, la Terra Alta, concentra el 25% de los aerogeneradores. En una rueda de prensa, han anunciado que recorrerán el decreto del Govern sobre desarrollo de energías renovables que ha permitido "políticas abusivas" de grandes empresas y que haya "centenares" de proyectos en marcha. Según han denunciado, el decreto aprobado el 2019 y avalado por todos los partidos menos la CUP, "va contra el territorio" y da "barra libre" a las corporaciones.

Ecologistes de Catalunya, la Institució de Ponent per la Conservació i Estudi de l'Entorn Natural (Ipcena), el Grup d'Estudi de Protecció dels Ecosistemes Catalans (Gepec), la Denominación de Origen (DO) de Tarragona, Terra Alta y Costers del Segre; Unió de Pagesos; la Plataforma Garrigues per una Energia Solar Sostenible; la Plataforma d'Afectades contra la Concentració d'Aerogeneradors y l'Associació de Micropobles de Catalunya han unido fuerzas para reclamar la derogación de la normativa catalana en una rueda de prensa conjunta este martes.

Las diferentes entidades han aprovechado la campaña electoral para cargar contra el Govern, especialmente el Departament de Territori, y denunciar la "inoperancia general de los partidos hacia el mundo rural" y la liberalización del mercado de instalación de centrales de energía renovable en toda Catalunya, que permite prácticas agresivas por parte de las promotoras, que buscan el suelo más asequible. Además, han anunciado que interpondrán un recurso administrativo contra el decreto 16/2019 de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. En caso de que la resolución no sea favorable, agotarán la vía judicial en el Estado y acudirán a la justicia europea después para acabar con este modelo.

"Queremos energías renovables, pero sin perder tierra de cultivo y consensuada con el territorio", ha dicho Pere Guinovart, representante de Unió de Pagesos. Según Guinovart, la previsión actual de ocupar 5.000 hectáreas para generar energía fotovoltaica "destrozará parte de todo el territorio productivo de muchas zonas".

La situación es "insostenible" en la Terra Alta, que ahora mismo tiene 148 aerogeneradores y concentra el 25% de la energía eólica que se genera en Catalunya, según ha denunciado el presidente de la DO de la zona, Joan Arrufí. "No se puede aguantar más (...) Las promotoras ofrecen un precio por hectárea que equivale a la cuota de 30 años, es irresistible por un payés decir que no", ha añadido.

Un caso parecido se da en las Garrigues, donde las peticiones de proyectos fotovoltaicos y eólicos se han multiplicado por cinco en los últimos años. En esta comarca, hay 110 molinos instalados y la previsión con la que se trabaja actualmente es que se amplíen hasta los 330 aerogeneradores. En cuanto a la energía solar, ocuparía hasta 1.050 hectáreas, un "auténtico disparate", según el ambientólogo Ramon Queralt, miembro de la plataforma que lucha contra la extensión descontrolada de los macroproyectos en este territorio.

Esta situación puede afectar especialmente al mundo del vino, que ve un "insulto" la falta de planificación que pone en riesgo "el valor más importante" para los viticultores y las rutas enoturísticas, el paisaje, ha indicado Tomàs Cusiné, presidente de la DO Costers del Segre. "Los ayuntamientos tienen que tener la fuerza para decidir en su casa y decidir si quieren molinos y dónde los quieren", ha añadido Cusiné, que cree que no se pueden construir aerogeneradores a menos de 3 kilómetros de los municipios ni tampoco en medio de "paisaje limpio".

¿Por qué no hay proyectos eólicos o fotovoltaicos en el área metropolitana de Barcelona? "Por el precio del suelo", ha asegurado Queralt, que ha recordado que los aerogeneradores solo necesitan vientos de 3 metros por segundo para funcionar y en el caso de la luz del sol "no hay diferencias relevantes" entre territorios. "Ha habido un trabajo incesante por parte de EolicCat sobre la Generalitat para conseguir un marco regulador de barra libre. El problema que tenemos es que el marco normativo es de desregulación total. Es cómo si la patronal hubiera redactado el decreto", ha añadido el ambientólogo, que ha apostado por un modelo de generación "distribuida" y "más cerca de los centros de consumo".

En la misma línea, el secretario de Ecologistes de Catalunya (EDC), Javier Jiménez, ha apuntado que en Catalunya hay 29.300 hectáreas de polígonos industriales, de las cuales 13.201 están en el área metropolitana de Barcelona. Aun así, ha recordado que no hay proyectos significativos para generar energía renovable en "espacios ya degradados". "Las empresas van a buscar el mínimo gasto y el máximo beneficio. Alquilar terreno industrial es más caro que alquilar un terreno de un campesino", ha explicado Jiménez, que cree que "lo más grave" es que la Generalitat "facilite" estas actitudes empresariales de concentración, "a expensas del medio ambiente". En este sentido, ha avisado que el modelo actual "pone en peligro" la biodiversidad del país, muy malograda en los últimos años. En la misma línea, Ramon Saball, de la Plataforma d'Afectades contra la Concentració d'Aerogeneradors ha asegurado que, en la Segarra, estas instalaciones ponen en riesgo al águila perdicera y la real, además de alterar el paisaje y perjudicar bienes de interés nacional como el Santuari de Sant Ramon Nonat, o Montfalcó Murallat.

En Catalunya el despliegue de energía renovable se está haciendo siguiendo "procesos de masificación y concentración" con instalaciones "lejos de los centros de consumo", puesto que el 60% de los generadores están en el Ebre, en el Camp de Tarragona y en el sur de Ponent, según el investigador de la Universitat Rovira i Virgili, Sergi Saladié. El doctor en geografía ha añadido que el 65% de las centrales eólicas están en manos de 5 grandes empresas, un modelo muy diferente al de países como Alemania, donde más de la mitad de la energía renovable está "en manos de la ciudadanía". Además, en este país la energía fotovoltaica está "integrada en tejidos urbanos", un 18% sobre el tejado y un 88% en entornos de la ciudad o industriales.

El decreto ley 16/2019 no es la única normativa del Govern que los ecologistas y representantes del mundo rural han criticado. El presidente de Ecologistes de Catalunya, Joan Vàzquez, ha anunciado que la Generalitat está preparando un "plan director parcial" para "eliminar la capacidad que tienen los ayuntamientos de promover modificaciones en el plan urbanístico" que comporta la paralización de licencias durante un año. "Si se confirma, sería el ataque más grande a la autonomía municipal", ha aseverado antes de hacer un llamamiento a "sublevarse" para evitar  lo "que puede llegar a ser una catástrofe, a pesar de estar pintada de verde".