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El Ayuntamiento de TGN entregará este viernes a la Generalitat las normas subsidiarias

Según el calendario establecido entre ambas administraciones, su aprobación definitiva será en julio, lo que dará el pistoletazo de salida de cara a la redacción del futuro POUM

NÚRIA RIU

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Las normas marcarán el desarrollo urbanístico de la ciudad hasta que no haya un nuevo POUM. FOTO: PERE FERRÉ

Las normas marcarán el desarrollo urbanístico de la ciudad hasta que no haya un nuevo POUM. FOTO: PERE FERRÉ

El Ayuntamiento de Tarragona ya tiene finalizada la redacción de las normas subsidiarias urbanísticas, que marcarán la hoja de ruta en materia de urbanismo hasta que se apruebe el nuevo POUM. Su tramitación se ha hecho según el calendario previsto y, según ha confirmado el consistorio, «el día que nos hemos fijado en el calendario para que se envíen es el viernes».

La parte que le correspondía al Ayuntamiento «está hecha desde hace semanas». Sin embargo, el concejal de Territori, Xavier Puig, confirma que «sigue abierto un punto de negociación, que tiene que ver con un cambio concreto que nos interesa que sea pactado». Hace referencia a la zona verde junto a la Casablanca, un punto que ya fue polémico en su momento, y que está contemplado que sea una zona verde. Sin embargo, se acordó que la recuperación de los terrenos por parte de la administración local no fuera imputable a ningún sector, lo que obliga al Ayuntamiento a realizar un importante desembolso económico en materia de expropiaciones. «La decisión de aquel momento nos está influyendo mucho ahora», indica el tercer teniente de alcalde.

La administración local está hablando con los propietarios para encontrar una alternativa que interese a ambas partes. «La voluntad es ahorrar a la ciudad unas expropiaciones cuantiosas, sin que suponga un riesgo excesivo de cara a la impugnación de las normas», argumenta Puig. Las negociaciones se están llevando a cabo con particulares, con el objetivo de que no quede ningún aspecto que pueda aportar ninguna sombra en cuanto a la seguridad jurídica de las normas que deben aprobarse. Así es que en función de cómo avancen las conversaciones durante los próximos días, el Ayuntamiento podrá mandar el texto tal y como ya está redactado o tendrá que introducir algunos cambios «lo que implica un día y medio de trabajo».

Vía de urgencia

Cuando esta parte esté decidida, el Ayuntamiento enviará a finales de esta semana las normas a Avaluació Ambiental. Este organismo, que depende del Departament de Territori i Sostenibilitat, será el encargado de hacer una primera revisión del contenido. Dada la celeridad que se le ha querido dar al proceso, el procedimiento no será por la vía ordinaria, sino que su tramitación será urgente. De esta forma, va a intentarse acortar lo máximo posible los plazos.

Con el ‘ok’, Avaluació Ambiental el documento será devuelto al Ayuntamiento, para que la administración local pueda elevar su contenido a la Generalitat, a través de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya.

Durante estos meses, desde que a finales de noviembre se daba a conocer la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el POUM de 2013, ambas administraciones han trabajado de forma alineada, para superar esta situación de «vacío» que se generó. Ambas partes han hablado largo y tendido sobre los sectores afectados y los calendarios. «La Generalitat también irá lo más rápido que pueda y si hay que convocar una comisión extraordinaria de urbanismo lo hará, porque tienen el encargo por parte del Ayuntamiento para cumplir los plazos», defiende Puig.

La primera parte de la tramitación, la que correspondía al Ayuntamiento, estaba fijado que finalizara en mayo. El objetivo es que la aprobación definitiva pueda hacerse a lo largo del mes de julio, ya que no se quiere alargarse más allá de agosto, que habitualmente es inhábil. «Hay temas que están a la espera para poder seguir adelante de acuerdo con las normas», explica el edil republicano.

Más de 11.000 viviendas

Este nuevo marco legal salvaguardará el desarrollo de 58 polígonos de actuación y 12 planes de mejora urbana, que formaban parte del POUM de 2013. Esto representa un total de 88 figuras urbanísticas que permitirán la construcción de un total de 11.340 viviendas, hasta que no se disponga de un nuevo plan. Puig pone en valor que «desde el punto de vista jurídico son seguras» y que su desarrollo debe servir para «evitar una parálisis». «Esta habrá quedado reducida al lapso de tiempo que habremos estado con el plan general del 95, por culpa de la sentencia, que es inevitable, y a la frenada de algunos sectores de crecimiento que seguían adelante», añade. Entre los planes que han quedado frenado está el PP-24, que corresponde al sector de La Budellera, o el PP-62, el de Culubret. Asimismo, el Ayuntamiento se ha quitado la presión de tramitar en doce meses una modificación puntual del POUM en el ámbito de Mas d’en Sorder, que tenía una moratoria en cuanto a la concesión de licencias.

Horta Gran y la Vall del Llorito son otros de los ámbitos que quedan suspendidos. En cambio, podrá seguir adelante la urbanización del PP-10 –junto al Anillo Mediterráneo–, el PMU-34 –junto al Nou Estadi– y el PMU-14 –previsto en los terrenos entre el Col·legi Sant Pau y la autovía–. En este sentido, Xavier Puig pone en valor que la situación actual, derivada de la sentencia, «nos aligera la presión de operaciones urbanísticas de mucha envergadura que, a pesar de que teníamos paradas, inquietaban».

En cambio, el Ayuntamiento destaca que con el nuevo escenario podrán seguir adelante «decenas de planes de carácter pequeño y medio, que nos permiten desarrollar un urbanismo de cohesión y arreglar las entradas de la ciudad».

Con la aprobación definitiva y la entrada en vigor de este nuevo instrumento, el Ayuntamiento habrá «salvado» la primera parte del socavón que se originó con la sentencia del alto tribunal. A partir de ahí, la administración local tendrá que iniciar la redacción del nuevo POUM. Puig destaca que esta situación ha generado un elemento de «oportunidad». «Teníamos el urbanismo más expansivo en relación a la población y a la ciudad que somos de Catalunya y ahora podremos redimensionar las cosas para favorecer un desarrollo sostenible, que no significa una parálisis», manifiesta.

El equipo de Urbanisme tendrá que trabajar a contrarreloj, ya que el calendario para esta segunda fase aprieta. Las normas tendrán una provisionalidad de cuatro años para que pueda hacerse la aprobación del nuevo POUM. Y, en este sentido, el máximo responsable de Territori pone en valor el trabajo que ha realizado su equipo en los últimos seis meses. «Las normas son el hueso del futuro POUM. Tenemos la base», concluye Puig.

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