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El Gobierno aprobará hoy el Real Decreto ley de reforma de la estiba, obligado por una sentencia europea, sin consenso con el sector. El titular de Fomento, Íñigo de la Serna, apuntó ayer que la propuesta es «el límite de la flexibilización máximo» que ha permitido la Comisión Europea (CE), tras unas negociaciones «durísimas».
Para el colectivo de profesionales, el reglamento «no es una liberalización del sector, sino un ERE encubierto. Quieren despedir a todos los estibadores de España en tres años para indemnizarnos con dinero público», argumenta Joan Galera, presidente del comité de empresa de los estibadores de Tarragona.
El decreto acaba con la imposición que tienen las empresas de participar en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (Sagep). Esto supone una liberalización en el establecimiento de empresas y en la contratación. Las compañías que quieran entrar no tendrán que participar de esta sociedad superior, ni contratar obligatoriamente a sus estibadores.
El Gobierno también quiere que las autoridades portuarias asuman los pasivos laborales de los trabajadores de las Sagep –los derechos asociados a su antigüedad desde el día en el que fueron contratados hasta el de la sentencia–. Por ello, dispone de una partida de entre 300 y 350 millones de euros. Una medida que el sector interpreta como «una indemnización con dinero público. Esto no es una liberalización. Nos quieren echar con dinero público, cuando nosotros somos trabajadores de empresas privadas», añade Galera.
Entran las ETT
La propuesta prevé distintas fórmulas de contratación: la directa por la empresa estibadora o la cesión temporal por los Centros Portuarios de Empleo y por las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Y la entrada de este último mecanismo es uno de los puntos que ocasiona más malestar. «¿Podré seguir trabajando en el puerto? Pues cuando me echen tendré que apuntarme en una ETT y cuando una empresa me necesite podré ir», lamenta Galera.
Los sindicatos se oponen a la opción del Gobierno. Su propuesta es la creación de un registro a través de centros portuarios de empleo y evitar la posible contratación desde las ETT. «El Gobierno no quiere saber nada de crear un registro, pero nosotros debemos defender nuestra profesionalidad y nuestra experiencia», apunta el portavoz del comité, David Vidaller.
Los sindicatos prácticamente habían cerrado un acuerdo con la patronal a inicios de enero. Pero a principios de este mes, cuando se reunieron con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, les avanzó que la propuesta del Real Decreto la elaboraría el Gobierno. «Una semana más tarde nos la presentaron y no estuvimos de acuerdo, y ya en la siguiente reunión nos dijo que, sin cambiar ni una coma, se aprobaría en el siguiente Consejo de Ministros», lamentan los representantes de los trabajadores. Tras abortarse el primer intento de huelga y después de una reunión esta semana con el Ejecutivo, los sindicatos lanzaron un segundo preaviso.
«Una huelga siempre tiene consecuencias, pero no tenemos la intención de desabastecer el país», concluye Galera.
