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El Estado acordó en 2010 realizar la 'inversión necesaria' en el 2017

El Gobierno Central se comprometió por escrito a pagar las obras 'en materia de instalaciones y de transportes'
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Mas, Ballesteros y los representantes de las instituciones, entre ellas el Estado, brindaron el 6 de junio de 2014 en Tarragona. Foto: Lluís Milián

Mas, Ballesteros y los representantes de las instituciones, entre ellas el Estado, brindaron el 6 de junio de 2014 en Tarragona. Foto: Lluís Milián

El Gobierno español se comprometió por escrito en 2010 a «realizar las inversiones necesarias en materia de instalaciones deportivas y transportes» para garantizar «el correcto desarrollo de la competición» de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona del año 2017. Así lo especifica un acuerdo que aprobó el Consejo de ministros –entonces liderado por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)– del 23 de abril de hace cinco años que consta en el dossier que la organización presentó cuando la ciudad era aún candidata.

Pese a la existencia de esta documento por escrito –en el que se especifica que la partida económica estatal dependendería de «las posibilidades presupuestarias de cada ejercicio»–, lo cierto es que desde entonces la corporación central no ha invertido aún nada en el proyecto tarraconense, ya que sólo ha aprobado las bonificaciones fiscales para las empresas patrocinadoras del evento. Asimismo, se da la circunstancia de que en el primer esbozo de las cuentas para el próximo año tampoco se ha reservado ninguna partida económica, pese a que tanto la organización como el COE reclaman que Madrid debería invertir 14,7 millones de euros para pagar el centro acuático, el estadio desmontable y las reformas de los campos de atletismo y del Gimnàstic.

Esta cifra que solicita la ciudad es sólo una tercera parte de los más de cuarenta millones que el ejecutivo estatal invirtió en los Juegos Mediterráneos que se celebraron en Almería en el año 2005.

 

‘Otorgar garantías’

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, envió el pasado viernes una carta al alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), en la que le transmitía la «alarma y preocupación» del Comité Internacional por la poca inversión que el Estado ha realizado en los Juegos. Asimismo, «a efectos de transmitir confianza», el máximo responsable del COE instó al alcalde a pedir al Estado «un escrito de garantías que sirviera para testimoniar el cumplimiento de los compromisos institucionales que se aportaron en su momento con el dossier de candidatura, y con los que que Comité Internacional cuenta desde un principio para poder celebrar los Juegos».

En el texto aprobado el 23 de abril de 2010 –que esta firmado por la entonces Vicepresidenta Primera y Ministra de Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega (PSOE),– se establece que el ejecutivo central se compromete a «apoyar la organización de los Juegos», a la vez que «se otorgan las garantías necesarias» para que el evento deportivo se pueda llevar a cabo.

En el acuerdo, el ejecutivo entonces liderado por la formación socialista subrayó finalmente que «con la directa colaboración de los Ministerios de Economía y Hacienda, Fomento, Interior, Trabajo e Inmigración, Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa y Medio Ambiente, Medio Rural y Marino se asumen diferentes garantías en materia de seguridad, entrada de personas y materiales en el territorio español durante la celebración de los Juegos Mediterráneos, apoyo económico, desarrollo de infraestructuras y respeto a la protección del medio ambiente».

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