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Tarragona Hacienda

El interventor detecta graves errores de gestión en el Mercat

Un informe del funcionario municipal revela irregularidades en los últimos años en pagos, procesos de contratación, falta de transparencia e incumplimiento de la Ley de Morosidad

OCTAVI SAUMELL

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La empresa municipal Espimsa gestiona los mercados, las ferias y los parkings de Corsini. FOTO: ALBA MARINÉ

La empresa municipal Espimsa gestiona los mercados, las ferias y los parkings de Corsini. FOTO: ALBA MARINÉ

Un informe del Interventor General del Ayuntamiento de Tarragona ha detectado graves irregularidades en la gestión de los últimos años en la empresa municipal que gestiona el Mercat Central, Espimsa. Así se pone de manifiesto en un análisis firmado el pasado 18 de septiembre por parte del alto funcionario municipal, en el que confirma los errores de gestión que, anteriormente, ya habían sido alertados por la auditora Faura Casas.

En el trabajo de los técnicos municipales, al que ha tenido acceso el Diari, el interventor de la Plaça de la Font detecta irregularidades en la contratación de servicios y suministros de la firma municipal durante los años 2016 y 2017, que son los últimos auditados y en los que la presidencia iba a cargo de la concejal socialista Elvira Ferrando. Se da el caso, además, de que los déficits de gestión se dan en la empresa que tiene el gerente que cobra un mayor sueldo público: 140.000 euros. Isidre Prunor será relevado, de hecho, el próximo 30 de noviembre, y su relevo cobrará menos de la mitad: 65.000 euros.

«Se han efectuado contrataciones en las que la sociedad no habría dado cumplimiento a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación», indica el alto funcionario, quien advierte en el escrito sobre la falta la justificación de las aportaciones realizadas por la empresa a terceras entidades externas. «Debería usarse un proceso que sea requerido por la norma, atendiendo al importe del conjunto del objeto del contrato», se detalla.

Asimismo, los técnicos indican en el informe que, a lo largo de los dos últimos años, Espimsa «ha excedido el plazo legal de tiempo en determinados pagos», lo que le lleva a «un incumplimiento de los términos establecidos en la lucha contra la morosidad», afirma el interventor.

Cabe recordar que la compañía municipal necesita antes de final de año de una aportación del Consistorio de 835.000 euros para poder pagar a empleados, proveedores y entidades financieras, ya que la firma no ha logrado arrendar los locales que tenía previsto poder concesionar en el Mercat Central, por lo que ahora no puede cumplir con el presupuesto para 2019.

Sin control en Bonavista

Otro de los déficits se da, según Intervenció, en el control interno de los ingresos de la explotación del parking del mercadillo de Bonavista. «El sistema actual consiste en la entrega manual de tickets numerados por parte del controlador de los usuarios», lamenta el informe, que considera que esta metodología no es suficientemente garantista. Por ello, Intervenció recomienda «implantar procedimientos de control con arqueos supresivos y aleatorios, o comprobación indirectas de los importes».

Asimismo, otro de los errores en la gestión del día a día de la compañía sería, a juicio de los especialistas de la Plaça de la Font, en la falta de procesos de publicidad. «La sociedad tiene habilitada en la página web del Ayuntamiento un portal de transparencia. Se recomienda publicar la información relativa a la planificación y programación relativa a la actividad contractual de la empresa», se indica en el análisis.

El quinto punto en el que los técnicos del Consistorio ven incumplimientos sobre la normativa actual está en el hecho de que la junta general de Espimsa –el pleno del Ayuntamiento de Tarragona– no ha aprobado la masa salarial del personal laboral de la firma, lo que significaría una irregularidad que «debe ser subsanada», afirma el interventor.

Cs podría ir a la Fiscalía

La representante de Ciutadans en el consejo de administración de Espimsa –Sonia Orts– afirmó en declaraciones a este periódico que, recientemente, «solicitamos documentación que aún no nos han entregado, ya que fiscalización advierte de falta de publicidad, concurrencia, transparencia y de un gasto de más 3.000 euros al año en comidas y la compra de algún bolso» por parte de la gerencia. «Si se confirma cualquiera de estos indicios iremos a Fiscalía, al igual que hicimos con las tarjetas black de la EMT», asegura la la edil de la formación naranja.

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