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El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha citado en calidad de investigadas a la concejal y presidenta de Tarragona Ràdio, Paula Varas (ERC), y a la vicesecretraria General del Ayuntamiento de Tarragona y secretaria del consejo de administración de la Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació, Núria Pallarès, a quienes el exasesor del exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC), Josep Maria Bonet, acusa de haber cometido dos presuntos delitos: suplantación y usurpación de identidad y usurpación de atribuciones en el pago del impuesto del IRPF correspondiente al ejercicio 2019 de la compañía municipal.
Según avanzó Larepublicacheca.cat y pudo contrastar el Diari, el juez dictó el pasado 20 de abril un auto en el que acuerda abrir diligencias previas –dando cuenta a la Fiscalía– citando a Varas y Pallarès para que declaren como investigadas el próximo 7 de julio a las 11 del mediodía, a la vez que solicita «consultar los antecedentes penales de las investigadas». Asimismo, el juez también cita a la vicepresidenta de la compañía pública, la también concejal –de Esports– María José López (ERC), para que declare en calidad de testigo.
¿Y los poderes mercantiles?
En su denuncia, Bonet recuerda que «en junio de 2019 fui destituido del cargo de gerente» de la Empresa Municipal de Mitjans, mientras que el 13 de septiembre de 2019 «fui separado laboralmente de la empresa a través de una amortización supuestamente objetiva en mi condición de director comercial». Desde entonces, el exmáximo asesor del exalcalde recalca que «no he tenido ninguna vinculación con la compañía ni he tenido acceso a ningún acto de gestión o administración» y «ni mucho menos he utilizado los poderes que me fueron otorgados por el cargo».
Pese a ello, en su escrito Bonet indica que, tras su cese, «tuve conocimiento de que los poderes mercantiles no habían sido revocados» o que «no se había procedido a la cancelación registral del cargo». Este último requisito, según el exgerente, debía haber sido cumplimentado «por el órgano directivo de la entidad», y apunta a Paula Varas y Núria Pallarès. Las fuentes consultadas indican que este requisito se aprobó en el consejo de administración del mes de noviembre de 2019.
Ya en julio de 2020, el exalto cargo presentó un escrito ante la Agencia Tributaria en el que solicitaba «el certificado de actuaciones y declaraciones tributarias que se hubieran tramitado con mi certificado digital». Una semana después, la Agencia Tributaria le informó que, entre agosto de 2019 y julio de 2020, se habían tramitado tres autoliquidaciones. La primera, el 15 de octubre de 2019, correspondiente a la presentación del modelo 111 por las retenciones e ingresos a cuenta del 3º trimestre de 2019; y otras dos del 20 de enero del 2020, la primera también del modelo 111 por el IRPF de las retenciones e ingresos del 4º trimestre y, asimismo, un modelo 190 del IRPF de las rentenciones e ingresos a cuenta del resumen anual.
Por todo ello, el exgerente de Tarragona Ràdio y exjefe de gabinete del exalcalde socialista considera que «los hechos relatados pueden ser, a mi entender, constitutivos de la presunta comisión de un delito de suplantación y usurpación de identidad, así como de usurpación de atribuciones».
«Una cortina de humo»
La concejal y presidenta de Tarragona Ràdio, Paula Varas (ERC), manifestó ayer que «esta denuncia permitirá investigar a fondo las faltas administrativas que presuntamente existen y, a la vez, clarificar quien puede haber usado el certificado digital», que según ERC solo lo puede haber usado una persona a la que el mismo Bonet «le haya dado las llaves de acceso». Según Esquerra, de la denuncia «no se desprende que haya pruebas fehacientes» de que las dos denunciadas «hayan usado el certificado», mientras que Varas califica el caso como una «cortina de humo para sacar el foco de las causas que algunos tienen en el juzgado», afirma en relación a la apertura del juicio oral contra el PSC y los ediles socialistas Josep Fèlix Ballesteros y Begoña Floria por Inipro. Eva Miguel (CUP) añade que «levantar las alfombras de las presuntas prácticas corruptas del PSC tiene sus consecuencias».
Desde verano de 2019 Bonet ha cobrado unos 96.000 euros de Tarragona Ràdio entre la indemnización por sus despidos y el juicio ganado. Asimismo, en noviembre de 2021 la empresa de Mitjans presentó ante la Fiscalía un informe en el que exponía la existencia de decenas de facturas (238) –que sumaban un montante global superior a los 800.000 euros– y que la actual dirección política de Tarragona Ràdio considera que corresponderían a «subvenciones encubiertas» y a «pagos fantasmas o injustificados» a entidades, empresas y restaurantes». «Es relevante que la persona que ha denunciado está siendo investigada por presuntas irregularidades», recalca Cristina Guzman (JxTGN).
PSC, PP y Cs pidieron ayer la dimisión de Paula Varas. «Hemos llegado a esta situación debido a la nefasta gestión de la concejal Varas. Es una muestra más de la incompetencia de este gobierno municipal», indica la portavoz socialista, Sandra Ramos, mientras que Lorena de la Fuente (Cs) se muestra partidaria de que la presidenta de Tarragona Ràdio «se aparte de sus funciones hasta que el juez aclare los hechos». Finalmente, José Luis Martín (PP) espera que «ahora Ricomà aplique en su grupo municipal las dimisiones que solicita para otros cuando se da la misma situación».
