El punto de la discordia de la negociación del POUM

El 13 de junio de 2007 Josep Fèlix Ballesteros (PSC) y Sergi de los Rios (ERC) firmaron un pacto de gobierno que permitía a los socialistas recuperar la alcaldía de Tarragona que les había sido arrebatada en 1989, a raíz de la moción de censura liderada por Joan Miquel Nadal (CiU) contra Josep Maria Recasens. Tras casi dos décadas de travesía por el desierto, PSC y Esquerra trasladaron a la Plaça de la Font el acuerdo que mantenían en la Generalitat desde 2003 –primero con Pasqual Maragall y luego con José Montilla–, con la única ausencia de ICV.

Hace 13 años, en el acto de presentación del Acord de Progrés que se llevó a cabo en el Pati del Rei Jaume I, dos fueron las grandes prioridades que se marcaban socialistas y ERC hasta 2011: cambiar el POUM y consolidar la Anella Verda. La signatura del pacto se realizó en un contexto de psicosis por las 1.500 expropiaciones previstas y las 4.387 alegaciones que se presentaron contra el Plan General aprobado solo unas semanas antes, así como por las edificaciones que habían sido dibujadas en la Platja Llarga, La Móra 2 o el Pont del Diable. Y también en Mas d’en Sorder.

Frenaron 5.700 viviendas

Precisamente, frenar el ladrillo en varias zonas de expansión del término municipal fue el trabajo que centró el mayor esfuerzo del ejecutivo de la Plaça de la Font. Poco a poco –y no sin evitar polémicas ni contratiempos– se fueron desencallando temas, en gran parte gracias a la fuerza que tenía la mayoría de los 15 ediles (13 del PSC y 2 de ERC) que por aquel entonces formaban el gobierno municipal –en la actualidad solo hay 9 (7 de ERC y dos de los Comuns) –.

En total, el nuevo POUM frenó la construcción de 5.700 viviendas para desarrollar la Anella Verda. Así, el primer punto que se borró del Plan General fueron las 1.200 viviendas previstas en Mas d’en Jover, en La Móra 2. La previsión de edificar en esa zona provocó incluso el corte en varias ocasiones de la N-340 por parte de los vecinos. El segundo espacio que se solventó sin polémica fueron las 4.000 residencias contempladas en el entorno del Pont del Diable, mientras la tercera fase fueron las 500 viviendas previstas en el entorno de la Platja Llarga (PP27 y 28), así como el paseo marítimo previsto por el Ministerio de Fomento en el litoral tarraconense.

La prioridad de la revisión urbanística entre socialistas y republicanos fue evitar las edificaciones en el pont del diable, la llarga y la móra 2

Para evitar los inmuebles dibujados en Mas Rabassa –en la Llarga–, PSC y ERC optaron por trasladar estas edificaciones a la Budellera y Terres Cavades, unos proyectos que ahora son vetados por parte del nuevo alcalde, Pau Ricomà (ERC), pero que en su momento fueron avalados por la formación republicana. Basta con leer el acta del pleno del 21 de noviembre de 2008 en la que se aprobó inicialmente el POUM. Ese día, el entonces segundo teniente de alcalde, Sergi de los Rios (ERC), afirmó sobre la edificabilidad que se pasó del litoral a la Budellera, que «es una solución mejor», ya que las construcciones previstas en Mas Rabassa «hipotecaban un pulmón verde de la ciudad, cortando un corredor biológico. Ahora, en cambio, este corredor quedará intacto», destacó ese día el concejal independentista, quien votó a favor del Plan General junto a la otra edil de Esquerrra, Rosa Rossell.

Ya a finales de 2009 el Gobierno Central frenó el cemento previsto en la zona litoral, así como el aparcamiento que se contemplaba para dibujar una intervención más light, tras recibir la oposición de 11.500 ciudadanos que firmaron a favor de la plataforma Salvem la Platja Llarga.

Alta tensión por los chalets

Con los principales puntos caliente resueltos, el último obstáculo antes de llevar a cabo la aprobación provisional del POUM a principios de 2011 fue Mas d’en Sorder, una zona que, tras más de tres años, aún no se había podido resolver por las discrepancias entre los dos miembros del gobierno local. Los chalets previstos junto al Club de Golf provocaron la gran polémica a escasas semanas de que el POUM volviera al Saló de Plens, hasta el punto de que hizo peligrar el apoyo de ERC. De hecho, el 21 de diciembre de 2010 Esquerra acusó a Ballesteros de «desleal», ya que el documento se llevó a la aprobación de la Generalitat sin el OK de los republicanos. «Han fallado las formas, no ha habido una relación de socio a socio», criticó esos días De los Ríos (ERC), en una crítica que no fue contestada por Ballesteros, quien se limitó a asegurar que Esquerra «podría haber tenido toda la información si la hubiera pedido».

El problema fue que el Plan General contemplaba allí la construcción de viviendas unifamiliares, un hecho que posteriormente se cambió a plurifamiliares, con los nueve bloques y 222 viviendas previstas en la actualidad. Pese a ello, ERC quería que el entorno fuera un corredor biológico para preservar con más fuerza el entorno natural de la zona. Finalmente, el 31 de enero de 2011 Esquerra votó a favor del POUM, aceptando Mas d’en Sorder a regañadientes. Hasta ayer.