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Emma Pérez, una de las responsables de la atención a jóvenes ex tutelados en Creu Roja Tarragona plantea un ejercicio sencillo: imagine cómo actuaría cualquiera de los chicos o chicas que conoce, con la mayoría de edad recién cumplida, si tuviera que emanciparse sin el soporte de la familia.
Pues esa es justamente la situación a la que deben enfrentarse los ex tutelados por la administración que acuden a buscar ayuda a la entidad. Un estudio realizado entre los jóvenes que atienden a nivel estatal arroja que el 83,9% se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión, el 81,5% está en paro, el 84% no recibe ninguna prestación o subsidio y el 10% se ve abocado a vivir en la calle o en situación de precariedad.
En cuanto a sus estudios la situación no es mejor: el 56% no ha terminado de estudiar por carencia de medios, migración o desmotivación, el 55% tiene un nivel de digitalización bajo o nulo (apenas el 30% utiliza internet para buscar empleo) y el 57% de los extranjeros no tiene estudios homologados.
Respecto a su salud, el 7% sufre enfermedades graves o discapacidad, un 10,3% no tiene tarjeta sanitaria, el 70% no puede contar nunca o casi nunca con alguien para una ayuda económica importante, el 64% no tiene amigos que le visiten y el 55% no puede contar con alguien que le exprese afecto.
Romper estigmas
El informe sirve, además, para derribar algunos estigmas, puesto que sólo un 10% ha tenido problemas con la justicia antes de los 18 años (el 20% españoles frente al 5% de extranjeros).
Recalca Cruz Roja, además, que el estado carece de mecanismos universales de apoyo a estos jóvenes una vez cumplida la mayoría de edad. Un ejemplo de ello es que no pueden ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital las personas menores de 23 años, quienes carecen de una vivienda (la prestación se vincula a un domicilio), o quienes se encuentran en situación irregular.
Tras esta retahíla de cifras que ponen números a la realidad el informe concluye que son «un sector de la población muy vulnerable que afronta numerosas dificultades y barreras, al tener que emanciparse al cumplir los 18 años; 11 años antes que la media» que está en los 29 años.
Falta de oportunidades
Y a toda esta situación viene a sumarse la crisis que ha provocado la pandemia de la Covid-19 y que ha complicado más, si cabe, sus posibilidades de encontrar un trabajo o seguir los estudios.
De hecho, tal como explica Emma Pérez, entre las personas sin hogar que fueron acogidas en el albergue que montó el Ayuntamiento de Tarragona en colaboración con la entidad en el pabellón de El Serrallo durante el confinamiento, había jóvenes ex tutelados. También suelen acudir al centro de día para personas sin hogar que está en la sede de Cruz Roja en el cual pueden acudir a ducharse, lavar su ropa y recibir comida.
Si vivir en la calle hace a las personas vulnerables, para los jóvenes la situación empeora «con 18 años nadie tiene la madurez para estar en la calle».
La entidad atendió en 2019 a 63 jóvenes en esta situación. Algunos viven en la calleA este colectivo Cruz Roja en Tarragona les atiende en diferentes servicios; les ofrece asesoría jurídica para entender su situación legal (generalmente complicada en el caso de los extranjeros que llegaron como menores no acompañados), cursos para conocer el idioma y, sobre todo, ayuda básica para alimentación y vivienda.
En el conjunto de la demarcación de Tarragona atendieron el año pasado a 63 jóvenes, 60 chicos y 3 chicas, En lo que va de este año, pese a las circunstancias, ya han atendido a unos cuarenta.
Algunos chicos llegan por su propio pie, otros a través de otras ONG o de las administraciones locales.
La mayor vulnerabilidad
En el grupo de ex tutelados quienes se enfrentan a las mayores complicaciones son los inmigrantes que llegaron solos. En muchos casos llegan a España cuando están a punto de cumplir la mayoría de edad.
«No es lo mismo alguien que es tutelado con doce años, que tiene algún recorrido para conseguir regularizar su situación legal, aprender el idioma y avanzar en su integración que alguien que llega a punto de cumplir la mayoría de edad», explica.
El principal escollo, señala Pérez, suele ser la documentación. Debido a la lentitud burocrática, la mayoría no tiene al cumplir los 18, lo que les deja en un limbo que no les permite trabajar. Muchos ni siquiera son conscientes de la magnitud de lo que implica no tener papeles.
La vía más rápida sería contar con un empleador que les contrate 40 horas semanales, pero eso, hablando de personas muy jóvenes, sin apenas formación y con pocos conocimientos del idioma es casi una utopía, reconoce.
«Sin una vivienda ni unos ingresos mínimos y sin posibilidad de trabajar es muy difícil que la integración sea plena», reconoce Pérez, quien explica que la intención es que, gracias a las actividades y servicios con los que se relacionan en Cruz Roja, al menos tengan un sitio de referencia.
