Floría: 'La Muralla no tiene más problemas, se amplifican a través de las redes sociales'

Los últimos desprendimientos que se han registrado no alterarán el Pla Director previsto en el año 2014, que prevé consolidar un nuevo tramo de la Baixada del Roser

15 marzo 2019 11:02 | Actualizado a 15 marzo 2019 11:06
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El pasado 9 de noviembre unos fragmentos de la Muralla se desprendían en la Via de l’Imperi. Es un tramo habitado en el que se actuó de oficio mientras los informes técnicos posteriores deben determinar el por qué de este incidente.

Es el mismo protocolo que se siguió el 14 de enero, en el Portal del Roser; el 8 de febrero, cuando se desprendió un sillar en el Baluard de Sant Antoni o el que ya se había seguido el día 11 de agosto, cuando también cayeron unas piedras unos metros más abajo, junto al Portal de Sant Antoni. Pese a estos episodios, la concejal de Patrimoni del Ayuntamiento de Tarragona, Begoña Floria, defiende que «la muralla no tiene más problemas de los que han surgido siempre, lo que pasa es que ahora se conocen más y a través de las redes sociales los sustos se amplifican».

La administración local trabaja codo con codo con la Direcció General de Patrimoni. En el año 2014 se redactó el Pla Director de la Muralla, que financió la administración catalana, quien aportó la cifra de 55.660 euros. El documento hacía una diagnosis exhaustiva de los 1.300 metros de fortificación que delimitan la ciudad antigua. 

La redacción de este documento se impulsó tras las diferentes intervenciones que se habían hecho de forma aleatoria en los años anteriores y con el objetivo de establecer unos criterios homogéneos. Allí se habla sobre el estado de conservación del monumento, de patologías, propuestas de tratamiento y se hacía una evaluación económica inicial de las diferentes intervenciones programadas.

«Es un monumento muy complejo, con tramos de diferente titularidad, piedras de diversa procedencia, en los que hay zonas habitadas y otras que no», destaca la edil socialista. A lo largo de sus 2.200 años de historia, la muralla ha pasado por todo tipos de vicisitudes. Ha habido zonas que han aguantado mejor y otras que nada que tienen que ver con su estructura original. Y ésta es una de las principales dificultades con las que asegura que choca la administración local. 

«Es una Muralla compleja y se actúa de acuerdo con las medidas económicas de las que disponemos», afirma Elena Belart, jefa de servicio de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat. El principal problema procede de las filtraciones de agua, y a esto hay que añadirle que en el perímetro junto al Passeig de Sant Antoni la tipología de piedra se degrada más fácilmente y que el contacto con las sales marinas tiene un impacto directo sobre la fortificación.

El Pla Director fijó 65 propuestas concretas en función del nivel de urgencia que se detectó. «Se utilizó un sistema como un semáforo, con puntos rojos, naranjas y verdes por tal que los escasos recursos disponibles pudieran destinarse a los tramos que lo necesitaban más», añade Belart.

El conjunto de las intervenciones sumaban una inversión aproximada de diez millones. La  administración local calcula que esta cantidad ahora se situaría alrededor de los trece millones, lo que significa un millón de euros por cada cien metros de fortificación. Pese a ello, desde que se aprobó el plan director tan solo se ha intervenido en la Baixada del Roser, en el tramo más próximo a la plaza de Sant Joan.

Allí en el año 2016 se continuó con una actuación similar a la que ya se había hecho entre 2010 y 2011 unos metros más abajo, cerca del Portal del Roser. Se estabilizó la parte de en medio, eliminando las vigas de hiero y hormigón antiguas y se reforzó con un sistema similar a unas grapas de madera. Junto a estos trabajos, se limpiaron los sillares en una intervención que valió 318.875,57 euros, de los cuales la Generalitat aportó 200.000 euros a través del 1% Cultural.

La idea es que entre este ejercicio y el año que viene pueda hacerse lo mismo también en esta zona, en un tramo de entre 70 y 80 metros. Una actuación que está previsto que costará 284.514,36 euros, aportados a partes iguales entre la administración local y la autonómica. Según Floria, «esto demuestra que hay un compromiso y un trabajo constante». No obstante, considera que «en un contexto en el que la Generalitat trabaja con presupuestos prorrogados es difícil cumplir con los planes plurianuales».

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