Inipro: Cuadrado en el eje de la trama

Todo parece indicar que el Caso Inipro está llegando al final de la instrucción. El asunto se abrió en 2013 por la supuesta contratación irregular de dicha empresa por parte del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) para realizar trabajos con los recién llegados, unos trabajos que el juez está convencido de que no se han hecho. No se basa en una intuición del magistrado Joaquín Elías Gadea, sino en los informes aportados hasta el momento y en las memorias de los trabajos que no salen por ningún sitio. Ello vendría a demostrar que se pagó por unos servicios no prestados. Y ello es muy grave. Los ciudadanos de Tarragona desembolsaron de su bolsillo un dinero que nadie sabe a dónde fue.

El magistrado se ha tomado en serio desde un principio el caso. Tanto que en menos de tres años ha conseguido desenmascarar el entuerto. Lo tiene claro: detrás de esta contratación está una financiación irregular del PSC. Por ello ha citado a dicho partido en calidad de partícipe a título lucrativo. Aunque no era necesario que se personara en la causa hasta la apertura del juicio oral, el Partit Socialista ya lo está.

Por los autos redactados por el juez instructor y por las preguntas y respuestas recogidas en el sumario del caso, todo parece indicar que la causa gira alrededor de la figura del exjefe de gabinete del alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Gustavo Cuadrado declaró largamente el pasado jueves en el Juzgado de Instrucción número 1. Fue una intervención interesante, al contrario de la que protagonizó la concejala Begoña Floria, que acudió con un discurso muy bien aprendido.

Cuadrado, por el contrario, contestó ampliamente. Sin embargo, no supo salirse cuando se le preguntó por qué sin estar en el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona recibía tantos correos de trabajadores de Inipro –que también formaban parte de la famosa lista de voluntarios del ciberactivismo del PSC–. Que un empleado se quejaba de que sólo trabajaba a media jornada en Inipro, email a Gustavo Cuadrado. Otro le pasaba informes semanales.

Por otro lado, según lo declarado el jueves, resulta cuanto menos chocante que se decidiera que era necesario realizar los trabajos en pro de los recién llegados antes de tener una memoria que lo justificara. Y que para tener dicha memoria se recurriera precisamente a la empresa a la que posteriormente se le adjudicaron los trabajos.


El silencio
En las memorias de Inipro, según el juez, se señala: «Incentivar que se apunten en el censo los recién llegados procedentes de países con acuerdos con España, que pudieran votar en las elecciones municipales de 2011». Para el magistrado se silenciaba que esta clase de actuación se enmarcaba en una serie de directrices perfiladas desde el partido.

En un año, el magistrado ha tomado declaración a todos los investigados, quince en total, aunque actualmente sólo quedan catorce tras la muerte de Ricard Campàs, el responsable precisamente de Inipro. También han pasado por el juzgado aproximadamente una decena de testigos, básicamente trabajadores del IMSST. Para algunos juristas se trata de un tiempo récord para investigar una causa compleja por el número de personas implicadas.

Ahora parece que la instrucción ha llegado a su fin. Posiblemente las declaraciones del jueves fueron las últimas de personas investigadas. Podría quedar todavía alguna testifical si la Audiencia Provincial da la razón a la defensa de que vuelva a declarar la persona que encontró el famoso disco duro con correos electrónicos de Antonio Muñoz, el exgerente del IMSST. Para el magistrado, éste sería uno de los principales responsables de la trama junto con el exasesor del alcalde.

Lo que falta por saber es si de esta lista de 14 ‘imputados’ caerá algún nombre o, por el contrario, el magistrado opta por mantenerlos y que la Audiencia Provincial decida sobre su culpabilidad o inocencia después del juicio. Aunque la causa se cerrará próximamente, la vista oral no será hasta el próximo año o el 2019.