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Pau Ricomà (ERC) cambia de marcha y pisa de nuevo el acelerador para afrontar la segunda parte del mandato municipal con más músculo y sangre nueva. A las puertas de Sant Jordi, ayer Esquerra Republicana y la CUP dieron un paso más para perfilar el histórico acuerdo, tras una reunión que se alargó por espacio de dos horas y que sirvió para «actualizar» las bases de lo que será el programa de gobierno hasta 2023. Asimismo, al mismo tiempo que Esquerra ya ha decidido tirar millas con Junts y las anticapitalistas, la apuesta del alcalde por formar un ejecutivo netamente independentista choca frontalmente con En Comú Podem, una formación que podría abandonar pronto el gabinete de la Plaça de la Font. Prueba de ello es que desde el grupo municipal de los Comuns se denunció ayer al Diari «no haber sido invitados» al encuentro entre ERC y Comuns, a la vez que aseguran que «no se trata de una negociación del gobierno, sino de Esquerra».
Definir el «acuerdo estratégico»
El contacto de ayer entre Xavier Puig y Manel Castaño –por parte de ERC– con Eva Miguel e Inés Solé –por la CUP– sirvió para poner sobre la mesa la propuesta que el pasado miércoles por la noche fue acordado por parte de la asamblea cupaire, y que supone una enmienda a las conversaciones que ambas partes ya mantuvieron el verano de 2019, que no llegaron a buen puerto. «La de hoy ha sido una reunión de trabajo para repasar punto por punto todos los compromisos del documento, y se han analizado las actualizaciones que hemos propuesto», afirmó la portavoz cupaire, Eva Miguel, quien considera que el texto que se avale en esta fase de las negociaciones «debe ser el punto de partida de un acuerdo estratégico que permita garantizar una auténtica transformación de la ciudad».
Según el comunicado que hizo público ayer la formación anticapitalista, no debería haber problemas para que el documento pueda tener ahora el OK de ERC y, posteriormente, de Junts. «La propuesta contempla los acuerdos de investidura y de los presupuestos de 2020 y 2021», así como aquellos de las negociaciones del pasado modificativo del superávit y «los recogidos en las mociones presentadas por la CUP y aprobadas en pleno», se indicó en el comunicado.
Entre los acuerdos sellados desde 2019 se encuentran los 1,5 millones para la adquisición de vivienda social; 1,1 millones para la rehabilitación de pisos vacíos; el incremento de las ayudas sociales; realizar el estudio sobre la calidad del aire; aumentar la dotación de los presupuestos participativos; incrementar las Becas Comedor; o estudiar la internalización del contrato de la basura. Asimismo, también se han incorporado «los acuerdos que dan respuesta a la emergencia de la Covid» para que no vuelva a haber superávit en Serveis Socials, además de «los compromisos en la estrategia urbanística a raíz de la caída del POUM».
Ahora, con el fondo casi acordado, la CUP exige a Esquerra garantías para poder ejecutar el contenido del programa, por lo que el siguiente paso será definir el timing. De hecho, en el encuentro de ayer se pidió a la formación de Pau Ricomà que haga una propuesta de «calendarización y del posible grado de ejecución de los acuerdos hasta final de mandato», de forma que sea posible fiscalizar mediante unos «indicadores claros» el grado de cumplimiento del programa. Tarragona se perfila, pues, como el primer gran Ayuntamiento en el que la CUP podría entrar a formar parte del gobierno, algo completamente impensable hace menos de dos años.
