La Cambra de TGN cifra en 200 millones la pérdida de inversiones por la suspensión del POUM

La Cambra de Comerç de Tarragona asegura que la suspensión del POUM y, en consecuencia, la paralización de los planes parciales que este recogía supondrá una pérdida de inversiones por valor de 200 millones de euros. Esta suma incluye las inyección económica que estaban previstas en tres de los proyectos que ahora mismo han quedado en stand by, como son La Budellera, el sector Culubret y Mas d’en Sorder.

El organismo que preside Laura Roigé ha mantenido varias reuniones con el tejido empresarial y económico de la ciudad, desde que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 26 de octubre. «Nos preocupa mucho la situación, porque se generará una inseguridad jurídica exponencial que significa que durante todo este tiempo no se harán ni equipamientos ni servicios, lo que afectará a todas las actividades económicas», dice.

Catorce entidades se han sumado a la moción promovida desde la Cambra de Comerç

La Cambra defiende que esta situación supondrá la suspensión de licencias urbanísticas «durante un periodo de dos años, prorrogable a otros dos, lo que significa que saldremos más tarde de esta crisis que estamos viviendo». Asimismo, indica que la paralización de estos sectores de crecimiento impedirá que en los próximos años dejen de construirse unos 1.350 pisos sociales. «Las nuevas viviendas que podrán construirse quedan limitadas a Ponent, Sant Salvador, Horta Gran y Pou Boronat y allí nadie ha pedido poder construir», manifiesta.

Uno de los temas que más preocupa al tejido económico es el de los tiempos. «Llevamos ocho años desde que se aprobó el POUM y no hemos sido capaces de activar ninguna de las 11.000 viviendas que estaban previstas en estos sectores», argumenta la presidenta del ente camaral.

Para evitar que se dilate más esta situación, la Cambra de Tarragona ha preparado una moción a la que se han sumado quince entidades económicas de la ciudad entre las que se incluye la Associació d’Empreses del Polígon Francolí de Tarragona, la Associació Empresaris Polígon Riuclar, la Associació Empresaris PP-13, la Cambra de la Propietat Urbana, la CEPTA, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya en Tarragona, la Comissió d’Ordenació del Territori del Consell de Cambres de Catalunya, la Federació d’Empreses d’Autotransport de Tarragona (FEAT), la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), el Gremi de la Construcció del Tarragonès, el Parc Comercial d’Oci Les Gavarres-AIE, Pimec, Repsol Petróleo y la Xarxa Santa Tecla.

La moción defiende iniciar el proceso administrativo para disponer de un nuevo POUM retomando su tramitación a partir de la segunda aprobación inicial del documento anulado. Un paso que se daba en el año 2011 y que fue el momento en el que se omitió solicitar el informe sobre hidrocarburos. «La sentencia tan solo plantea un defecto de forma en la tramitación, la cual cosa consideramos que delante de un hecho puntual del planeamiento no debería significar la paralización del POUM de 2013.

El Ayuntamiento defiende que el caso de Tarragona no es igual que el de L’Ametlla

La moción, que se votará en el pleno que de momento está previsto para el 19 de febrero, prosperará. Tanto el PSC, como Ciutadans, Junts per Tarragona y el Partit Popular han manifestado a este rotativo que votarán a favor. Así es que el Gobierno municipal, formado por ERC y En Comú Podem, no tendrá –pese a tener el respaldo de la CUP– los apoyos suficientes para intentar frenarla. Y es que la opción que se propone, que es la que siguió en el caso de L’Ametlla de Mar y que permitió que en un año y medio el municipio aprobara un nuevo plan general, en el caso de Tarragona «no es posible». Así lo afirma el concejal de Territori, Xavier Puig, «las sentencias no dicen lo mismo. Allí no se anulaba todo el POUM, por lo que la situación no es similar». Es un aspecto que, según explica, han estudiado a detalladamente tanto lo juristas del Ayuntamiento como los de la Generalitat. «Desde un punto de vista administrativo, la propuesta que nos formulan es jurídicamente imposible ya que no podemos remitirnos a una fase intermedia de la tramitación de un POUM que ya no existe, porque nos estaríamos saltando las fases intermedias de la participación ciudadana». Con todo, el tercer teniente de alcalde afirma que «hay que empezar de cero».

La formación republicana no ha decidido si su voto será el de la abstención o un no. «No apoyaremos una moción que nos hiciera actuar en contra de lo que nos marcan los servicios jurídicos interpretando la ley, pero sí que haremos acción de gobierno para que esta ciudad no se paralice y para esto son las normas urbanísticas». Puig afirma que «entendemos y respetamos la propuesta que nos hacen estas entidades». No obstante, defiende que la aprobación de estas normas, prevista para el mes de mayo, «rescatan lo máximo del POUM de 2013, que jurídicamente puede mantenerse y lo hacemos, no dentro de unos años, sino de forma inmediata para que esta ciudad no se paralice».

ECP no se ha pronunciado, mientras que en esta ocasión, Junts per Tarragona se desmarca de la postura del Gobierno, dejándolo en minoría. «Votaremos a favor por una cuestión simbólica, porque entendemos que todos debemos intentar tirar adelante este problema tan grave que tenemos y lo que propone la moción es intentar continuar la tramitación en un punto más avanzado», argumenta su portavoz, Dídac Nadal. Según el dirigente de la formación independentista «debería intentar avanzarse en aquellos trámites que entendemos que podemos saltarnos». Sin embargo, defiende que deben ser los técnicos los que digan el cómo puede hacerse. «Es una cuestión estrictamente técnica y creo que deben ser estos los que nos digan cuál es ese punto, para que no volvamos a encontrarnos con otra declaración judicial de nulidad del POUM, porque esto sería dramático».

Desde las filas socialistas, Begoña Floria, defiende que el documento aprobado en 2013 «estaba muy trabajado y consensuado». «Todo lo que se hizo no puede quedar en agua de borrajas y creo que es importante que se pronuncie el pleno porque daremos una respuesta a esta iniciativa que se nos plantea desde el tejido empresarial y que compartimos», indica.

El Partit Popular también muestra su apoyo. «Entendemos que todo lo que pueda aprovecharse y reducir los tiempos le conviene a Tarragona», indica su portavoz, José Luis Martín. En cambio, desde la CUP, Laia Estrada, argumenta que debe hacerse una «enmienda a la totalidad» al planeamiento de 2013 ya que se fundamenta en un «paradigma caducado». «Somos plenamente conscientes de que la nuestra es una apuesta totalmente contraria a los intereses de las elites y de los lobbies económicos de la ciudad».