La accesibilidad a debate: «Dejas de hacer cosas por un simple escalón»

Según un estudio elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Cátedra UNESCO de Vivienda de la URV, sólo un 0,6% de los edificios de viviendas catalanas son accesibles para personas con movilidad reducida o discapacidad.

Le mostramos los datos a Anna Caparrós, usuaria de una silla de ruedas y asegura que, a la luz de su experiencia, la realidad de Tarragona no es muy distinta.

Para comprobarlo hacemos un pequeño recorrido partiendo de la Plaça Imperial Tarraco en dirección al Balcón del Mediterráneo. No hace falta ir muy lejos para comprobar como la mayoría de edificios de viviendas son inaccesibles desde la calle.

En casi todos los casos uno o dos escalones separan la acera de la entrada. Además, en el vestíbulo suele haber al menos un peldaño más. En algunos el desnivel está superado con una rampa, pero eso no es garantía de accesibilidad.

Unas son demasiado estrechas o empinadas como para que circule la silla y hay otra interrumpida por una banderola publicitaria. A esto se suman porteros automáticos tan altos que es imposible acceder desde una silla de ruedas.

Caparrós recuerda que en estos edificios no sólo viven familias. En muchos hay despachos de abogados, notarios, médicos... Cuenta que en una oportunidad necesitó los servicios de un notario y le proponían ir a la residencia donde vive porque el despacho del notario era inaccesible. «Pero no era eso lo que yo quería. Me da rabia, tengo mis derechos. Cada vez que tengo que ir a un sitio tengo que preguntar primero. Hay amigos que he dejado de visitar... Dejas de hacer cosas por un simple escalón».

Y eso, explica, que hemos transitado por una zona donde, a priori, las comunidades no deberían tener demasiados problemas económicos para acometer reformas. En el barrio donde vive, en Sant Salvador, asegura, la situación de la accesibilidad está mucho peor.

Del buzón a la piscina

Según el estudio, en Catalunya existen 1.192.463 edificios destinados a viviendas, de los cuales un 64% no son accesibles de la calle al portal porque, para empezar, existen escaleras en este punto. Además, solo el 22% de las fincas tienen rampa, que en algunos casos no es funcional.

La investigación, para la cual se examinaron 2.000 viviendas, también encontró que el 15% de los edificios no poseen portero automático y, de los que lo tienen, el 31% no es accesible para una persona en silla de ruedas. Asimismo, únicamente el 23% de las viviendas tiene videoportero, dando un resultado de un escaso 6% de accesibilidad universal en este punto.

En lo que se refiere a la entrada como tal, alrededor del 21% de los encuestados encuentra dificultades en abrir el portal de acceso al edificio debido a su peso o por dificultades en utilizar la cerradura. Asimismo, un 37% indica que la puerta no se sujeta sola o se cierra demasiado rápido. Por este motivo, la accesibilidad de la puerta de entrada al edificio es del 48%.

Además, un 17% de los edificios  carece de ascensor y, donde sí hay, el anuncio sonoro solo está incorporado en un 9%, mientras que los botones en braille sí se encuentran en el 55%. En cuanto a los buzones, en un 60% de los casos no se puede acceder a ellos desde una silla de ruedas. 

La investigación también desvela que únicamente el 15% de los garajes son plenamente accesibles y que un 50% de los entrevistados considera que las plazas de aparcamiento no son adecuadas para una persona con movilidad reducida.

Además, las personas con necesidades especiales de accesibilidad tampoco pueden disfrutar plenamente de áreas como la piscina o los jardines, dado que solo se consideran accesibles el 46% de las zonas comunes.

La ley no se cumple

Valga recordar que en diciembre de 2017 finalizó el plazo para que las comunidades de propietarios cumpliesen con los requisitos de accesibilidad universal recogidos en el RDL de 2015 que exige el cumplimiento íntegro de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. 

Sergio Nasarre, de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la URV, apunta que «la realización de las oportunas reformas es responsabilidad y deben ser asumidas por la comunidad de propietarios si se refieren a elementos comunes del edificio, siempre que lo solicite un propietario en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad o mayores de 70 años, siempre que sean razonables y que el gasto no supere las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, dado que hoy por hoy todos los edificios deberían ya cumplir con las condiciones básicas de accesibilidad».

No obstante, Nasarre apunta a que «el problema es un parque de viviendas envejecido y cómo ha afectado la crisis a la solvencia económica de las comunidades de propietarios que en su mayoría arrastran problemas de morosidad», e incide en que «son necesarias más ayudas públicas para aumentar la accesibilidad de las comunidades».

Falta conciencia

Esteve Martí, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, explica que en el último año se ha notado un incremento de obras para mejorar en la accesibilidad en las comunidades. Reconoce, no obstante, que en la mayoría de los casos se hacen para solucionar las demandas específicas de un vecino con problemas de movilidad y no porque haya conciencia de la importancia de eliminar barreras.

Uno de los problemas con los que se encuentran a la hora de hacer estas obras, explica, es que la ley especifica que el gasto debe ser asumido por todos los propietarios. El conflicto se suscita, por ejemplo, cuando hay locales en los bajos y sienten que el gasto no les corresponde. También hay casos de propietarios que han comprado en un primer piso porque no había ascensor y cuando la comunidad se decide a instalar uno no quieren participar en la inversión, aunque lo cierto es que están tan obligados como el resto.

Lluís Roig, responsable de la Fundación COAATT(Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnic i Enginyers d’Edifiació de Tarragona) y experto en accesibilidad, explica que dentro de la Inspección Técnica de Edificios, que deben pasar los que tienen más de  45 años  se tienen en cuenta aspectos de accesibilidad, pero estos no son oligatorios para pasar la inspección.

Según su experiencia (él también es usuario de silla de ruedas), explica que muchas comunidades no se deciden a hacer reformas hasta que ya es inevitable. Apunta que el factor económico es clave, pero en  muchos casos, paradójicamente, son las personas mayores las que retrasan las obras todo lo posible y son sus hijos los que terminan encargando las adaptaciones. En su caso, reconoce, como Anna Caparrós ha dejado de ir a sitios porque el edificio no es accesible.  «He dejado de ir a casa de mi hermana por unas escaleras», reconoce.