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Una funcionaria de la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Tarragona ha admitido ante el jurado popular que hinchó prestaciones para su hija y para los hijos otras personas porque consideraba que las ayudas eran “insuficientes”. Según han explicado fuentes jurídicas, la mujer ha explicado que lo hizo con el ánimo “de ayudar a los otros” y “a cambio de nada”.
El caso se ha empezado a juzgar este lunes a la Audiencia de Tarragona con un jurado popular. La fiscalía solicita para la trabajadora una pena de seis años de prisión por malversación de fondos públicos, y cuatro años de prisión para dos madres a quienes considera cooperadoras necesarias. El fraude alcanza los 100.000 euros.
Según el escrito de acusación del fiscal, la principal acusada trabajaba como auxiliar administrativa en el Instituto Nacional de la Seguridad Social a Tarragona encargándose de la gestión de prestaciones del seguro escolar de neuropsiquiatria desde marzo del 2009, entre otras tareas.
La prestación de este seguro cubre el pago de los servicios de alojamiento y manutención en centros sanitarios, así como la asistencia psiquiátrica correspondiente por un periodo inicial de seis meses, que se puede prorrogar hasta un año y medio por periodos de seis meses.
La documentación necesaria que hay que aportar para iniciar el expediente es el DNI, un certificado de abono del seguro escolar emitido por el centro y un certificado médico en modelo oficial. Y, posteriormente, las facturas.
La funcionaria, en el ejercicio de sus funciones, y “con ánimo de enriquecimiento patrimonial ilícito”, tramitó el expediente de su propia hija en noviembre del 2010. La trabajadora incorporó un certificado médico oficial modificado, dado que había borrado el nombre del beneficiario real y, en su lugar, había posado el de su hija, según la fiscalía.
Junto con este certificado, la acusada aportó facturas mensuales que no se correspondían con la realidad. En concreto, eran de un supuesto ingreso de su hija en un centro de atención terapéutica que nunca se produjo. Realmente, según el fiscal, aquellos recibos pertenecían a otros usuarios del centro que la funcionaria había alterado porque constara el nombre de su hija.
El fraude se produjo en dos periodos diferentes, hasta el 2011. Como consecuencia de estos hechos, la acusada percibió indebidamente poco más de 33.000 euros por anticipado del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Además, para que otros padres beneficiarios recibieran un importe mayor al que verdaderamente los correspondía, la mujer hinchó las facturas que habían aportado. En concreto, estos hechos afectaron a tres familias que desconocían las irregularidades y que tuvieron que devolver 13.925 euros, 11.634 euros y 1.036 euros, respectivamente.
Dos acusadas más como cooperadoras necesarias
El ministerio fiscal también acusa -como cooperadoras necesarias- a dos mujeres por haber hinchado facturas y falseado documentación, en connivencia con la funcionaria, con el fin de obtener prestaciones más elevadas para sus hijos. En concreto, una de las madres percibió indebidamente 34.180 euros provenientes de fondos públicos, para su hijo, entre los años 2010 y 2011. A su vez, otra de las acusadas recibió 7.598 euros para su hija que tampoco le correspondían.
Según la fiscalía, estos hechos constituyen un delito continuado de malversación de dinero público, en concurso con un delito continuado de falsedad de documento público. Para la funcionaria, el ministerio público solicita una pena de seis años de prisión, el pago de una multa de más de 4.200 euros de multa y de inhabilitación para un lugar de trabajo o cargo público durante seis años. En cuanto a las dos cooperadoras necesarias, la fiscalía solicita cuatro años de prisión para cada una, 2.700 euros de multa y cuatro años de inhabilitación para un lugar de trabajo o cargo público.
La defensa de la principal acusada ha explicado que la mujer ya ha devuelto el dinero y que, en su caso, la petición es de seis meses de prisión.
