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Las denuncias de tarraconenses a Protección de Datos se cuadruplican

Más de 350 personas en la provincia exigen que se proteja su información personal. De las 16 quejas en 2008 se pasó a las 138 de 2012 o a las 76 de 2013. La cifra se disparó un 121% durante el año pasado
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Las instalaciones de vigilancia se han doblado en la provincia en los últimos cinco años.  Foto: Lluís Milián

Las instalaciones de vigilancia se han doblado en la provincia en los últimos cinco años. Foto: Lluís Milián

Los tarraconenses preocupados por el mal uso de empresas u organismos de su información personal continúan en aumento. Ahí se incluyen aquellos a los que, en los últimos años, les desvelan los datos que de ellos pululen por internet y reclaman el popular derecho al olvido. Si en 2008 fueron 16 los residentes en Tarragona que presentaron una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, cinco años después, en 2013, la cifra de reclamaciones ascendía a 76, casi cinco veces más. En los últimos cinco años, 357 tarraconenses han pedido la protección de sus datos.

El dato en 2012 resultó clarificador: 138. Más contundente todavía es el balance de 2014 en toda Catalunya: las denuncias y actuaciones de oficio por infracción pasaron de 225 a 498 en sólo un año, según el balance más reciente de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Es un incremento de más del doble, en concreto una subida de un 121%.

La propia agencia española, en su informe, habla de «un periodo crítico para la protección de la privacidad, en el que el impacto de las tecnologías en la esfera privada de los individuos se está agravando y puede erosionar progresivamente la libertad de las personas si no se actúa con celeridad y determinación para corregir la evolución actual».

 

Cinco imputados en Tarragona

Durante 2013, el último año del que ofrece datos la agencia española, hubo 938 imputados en procedimientos sancionadores y de apercibimiento en toda España, cinco de ellos en Tarragona. Hasta 7.800 españoles consideraron que en 2013 se había vulnerado la llamada ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y por ello denunciaron su caso específico.

El sector que más sanciones tuvo por vulnerar la protección de datos fue el de las telecomunicaciones (377), seguido de las entidades financieras (74), el spam en internet (67), la videovigilancia (57), el suministro de energía y agua (54) o los servicios de internet, excepto spam (29).

Es en el ámbito de internet donde se han producido incrementos más notorios en cuanto a quejas, sobre todo por parte de aquellos interesados en borrar total o parcialmente el rastro en la gran red. Es el derecho del titular de un dato a bloquear información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que afecta a alguno de sus derechos fundamentales.

 

18.567 solicitudes a Google

En ese contexto, Google ha recibido un total de 18.567 solicitudes en España para borrar enlaces, siguiendo las directrices marcadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el derecho al olvido, según el informe de transparencia publicado recientemente por la compañía.

Dentro de estas solicitudes, los usuarios reclamaron la retirada de un total de 61.561 direcciones ‘URLs’. El buscador acabó retirando un tercio de los enlaces analizados, si bien no ofrece un dato completo puesto que todavía hay peticiones «que necesitan más información o que están pendientes de revisión».

En Europa, la compañía ha recibido 202.538 solicitudes de aplicación del derecho al olvido que afectan a un total de 733.195 ‘URLs’. España es el cuarto país de un ranking que encabezan Francia (41.109 solicitudes), Alemania (34.059) y Reino Unido (25.953).

 

Eliminalia, Bórrame...

A raíz de esas inquietudes, no han dejado de proliferar las páginas de asesoramiento al usuario en esa lucha internauta: Voluntad Digital, Eliminalia, Bórrame o Derecho al Olvido son ejemplos. Algunas certifican un aumento. «El caso de Mario Costeja del año pasado fue un punto de inflexión que provocó un aumento de solicitudes, no tanto por la sentencia en sí, que no cambiaba el statu quo, pero sí por el conocimiento de las posibilidades que tiene una persona a la hora de exigir», explica Manuel Moreno, responsable de la plataforma Bórrame.

Se refiere al caso de Mario Costeja, un abogado y calígrafo español que denunció a Google por publicar una información desfasada sobre él acerca de bienes embargados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció, por primera vez, el denominado ‘derecho al olvido’ en internet: la potestad de que se elimine de la red una información personal antigua que perjudica a un individuo.

«Aquello cambió la percepción de la gente, que se dio cuenta de que había unos derechos, de que se podía reclamar», relata Rosalía de la Cruz, abogada y socia de Voluntad Digital. Muchos son los motivos que llevan a alguien a querer borrar su huella en la red. «Hay gente que ha cambiado de vida y quiere olvidar su pasado. También nos pasa mucho con anuncios de contactos o redes sociales para ligar, en las que aunque te des de baja sigues indexado en el buscador», indica Manuel Moreno, que añade: «Hemos recibidos algunos casos así de Tarragona». Cada situación es un mundo y el papel de firmas todopoderosas como Google también depende. «Desde la sentencia han hecho un cambio de criterio. Han entendido que no pueden decir que no a todo. Las cosas más claras son cuestiones de la privacidad de las personas y cuando pides una retirada la respuesta es positiva. Cuando hablas de cosas noticiables y recientes, se impone la libertad de expresión», aclara Rosalía. La batalla para conseguir la retirada de ciertos datos es larga, farragosa y puede acabar en los juzgados. «Hay un enfrentamiento entre la información pública y la intimidad. Si hablamos de información en medios, están protegidos por ese derecho y si es veraz no se puede eliminar. Aun así se pueden conseguir cosas, como no mostrar ciertos contenidos que son antiguos, por ejemplo. Otra problemática es encontrar al responsable de la información. Hay veces en que esa web no se mantiene y sin contactar previamente es difícil borrar los datos», indica Moreno.

El derecho al olvido es una parte de las denuncias sobre protección de datos cada vez más importante. Así lo confirma la agencia española: «Esta inquietud sobre el cese en el tratamiento de datos se ha visto complementada con un interés creciente en las opciones que permiten reaccionar frente a la difusión universal de una información por parte de los motores de búsqueda de internet. El denominado ‘derecho al olvido’ se ha consolidado como uno de los principales temas de consulta».

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