1. BARRERAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR QUE SE DISPARE LA METRALLA
Mallas metálicas o muros de contención en reactores
Este accidente tiene elementos muy sorprendentes, sobre todo por la metralla y por la distancia a la que llegó. Por eso la investigación debe ser profunda y afecta a toda la industria química mundial», explica Xavier Farriol, catedrático de Ingeniería Química en la URV. «Quizás hay que pensar en algún sistema de contención, de malla para poner en algún sistema de reactor para que quede confinada. Consiste en contemplar la contención en sistemas de alta presión, ya sean mallas metálicas u otro sistema», incide Francisco Medina, catedrático de Ingeniería Química en la URV e investigador del grupo de investigación Catheter de catálisis heterogénea.
Francesc Borrull, catedrático de Química Analítica en la URV, insiste en la línea: «Cuando explota un reactor y eso puede ocasionar un peligro, hay que pensar en muros de contención u otro sistema. Son cosas que hasta ahora ni se pensaban, porque antes de que haya una explosión se prevé que salten una serie de válvulas que aminoren la presión del sistema. Ahora no ha sido así. Ha sido un caso muy excepcional y hay que poner medidas».
Francesc Castells, catedrático emérito en Ingeniería Química, investigador en la URV y además extrabajador en la antigua IQA, antecesora de Iqoxe, también sugiere «barreras de protección alrededor de algunos equipos para hacer que todo, incluso las explosiones queden confinadas». Castells cree que el debate pasa por ampliar este tipo de medidas, ya existentes: «En el polígono hay instalaciones que están así, plantas que comprimen etileno a alta presión, en la que el reactor está entre paredes, o sitios en los que se mezcla etileno y oxígeno. Aunque la planta tuviese la última tecnología y cumpliera todas las normas, quizás haya que pensar en nuevas medidas de protección que hasta ahora no se contemplaban». Castells cree que «la seguridad en la química es grande pero se trata de minimizar los efectos».
Crónica de un atardecer caótico
El martes 14 de enero de 2020 quedará registrado en la crónica de Tarragona como uno de los días más oscuros. Aquella tarde se rompió la tradicional confianza de los ciudadanos no solo hacia la industria química, sino también hacia las autoridades, incapaces de gestionar una emergencia que generó un gran caos.
La propia Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) admitió que habrá «un antes y un después de la explosión», que «removerá los protocolos en el conjunto del sector de la industria química» y se escalarán a nivel europeo.
2. PROTEGER LAS SALAS, EQUIPOS MÁS FIABLES Y DEPÓSITOS CUBIERTOS
Bunkerizar el control y automatismos más seguros
«Está claro que las medidas de seguridad no han funcionado en este diseño, que puede haber sido inapropiado», dice el catedrático Francesc Medina. Su compañero Francesc Castells, también desde la URV, cree que «habrá que tener en cuenta para futuros proyectos bunkerizar las salas de control. En plantas grandes está siempre así. Es un elemento a considerar». Los sindicatos han reconocido que habían pedido a la empresa esa bunkerización del control en Iqoxe.
Joan Ramon Mendo, de Gepec, ha explicado que la sala debería haber estado bunkerizada «de acuerdo con las normativas más estrictas de seguridad». Otra línea de debate es la posibilidad de soterrar los depósitos para que quedaran «recubiertos de las capas necesarias de materiales para garantizar que no queden expuestos a posibles accidentes como el impacto de metralla», según ha comentado la entidad ecologista. Los expertos creen que habrá que apostar por automatismos más seguros.
«Normalmente, antes de una explosión así hay una serie de válvulas que actúan y que aminoran la presión del sistema», cuentan los analistas. Antonio Escarré, decano del Col·legi d’Enginyers Tècnics i Industrials de Tarragona, cree que el «riesgo de explosión queda muy aminorado» y añade: «El diseño de los aparatos está regulado por normativas internacionales y mecánicamente ya disponen de equipos para evitar una explosión. La operativa está regulada por sistemas de control que actúan previamente a los de seguridad mecánica del propio equipo». Escarré expone que «la medida a implementar en función de la distancia del riesgo tiene que ser la barrera de contención para evitar la afectación de una eventual explosión a un determinado riesgo».
Castells apuesta por «una mejora del sistema de seguridad de los equipos» y agrega: «Hay que hacer que los sistemas de seguridad sean suficientemente fiables para que la planta actúe hacia un lado seguro. Una de las hipótesis es que la planta no estaba suficientemente atendida. Hay que hacer que, de alguna manera, esté suficientemente vigilada y que la planta, en una situación comprometida y de forma automatizada, se posicione ella para evitar que pase algo así».
3. AVISOS DE EMERGENCIA CON SMS MASIVOS
La llegada del Cell Broadcast
Se llama oficiosamente ‘112 a la inversa’, porque los servicios de urgencias no reciben la llamada ciudadana, sino que, una vez producida la emergencia, es Protecció Civil la que alerta de una manera directa y masiva a una población geolocalizada en una zona concreta. La explosión de Iqoxe puede acelerar la llegada de este sistema de alertas masivas, que debe estar en funcionamiento antes de junio de 2022, en cumplimiento de la directiva 2018/1972 del Parlamento Europeo que establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Se prevé que esta norma sea traspuesta al ordenamiento jurídico español este mismo año tras pasar por el Congreso.
Se trata de los SMS que el Govern ha dicho que quiere implementar, como complemento al aviso de sirenas, pero que en la práctica se llama ‘Cell broadcast’ (difusión por celdas). Técnicamente, el sistema se llama SMS-CB y se diferencia de los SMS convencionales. Permite el envío de un SMS a todos los móviles que se encuentren en una zona determinada gracias a las antenas de telefonía del sector que se quiera cubrir. «Es un sistema que entra dentro de la propia red de telefonía, que permite hacer llegar mensajes a todos los móviles conectados a una antena en concreto. Desde Protecció Civil tendrían un programa para activar la alerta a todas las antenas de un radio específico», explica el tarraconense David Ferré, ingeniero técnico en telecomunicaciones, que aplaude la medida: «Es algo que ya debería estar hecho y que tiene muchas ventajas. Desde mi punto de vista, es conveniente tenerlo. Es automático, es muy visible, es intrusivo, en el sentido de que tú no tienes que autorizar al móvil para recibirlo. Ya te sale en la pantalla y solo puedes quitarlo de manera manual».
Ferré explica que, además, el coste de implementarlo es bajo: «El inicio de la propia red de telefonía ya contemplaba un sistema así, así que dentro de la propia red, en todas sus generaciones, es gratuito. Sí que hay un coste de implementación. Se tiene que hacer el programa para Protecció Civil, pero el mensaje en sí no te lo cobran. Es decir, una vez está montado, el coste sería el de un mantenimiento, que sería mínimo, residual».
El accidente puede acelerar la llegada a España de estos mensajes geolocalizadosLa propia Protecció Civil también ha pedido que este sistema se implante ya. Los mensajes con textos tales como ‘Detectado accidente químico en La Canonja’ o llamamientos al confinamiento como ‘Permanezca en su domicilio con las ventanas cerradas hasta nuevo aviso’ serían recibidos por todos los usuarios de una zona geográfica, independientemente de la compañía que tengan contratada. El aviso debería quedar abierto en la pantalla del dispositivo.
El sistema, que no se vería afectado por una eventual congestión o saturación de la red, se usa en países como Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur o Chile. En Japón se emplea para alertar de los terremotos. En Europa, el Cell Broadcast también se utiliza en estados como Holanda, Lituania o Rumanía.
4. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Reducir la precariedad y prevenir más en riesgos laborales
Sindicatos y los propios empleados de Iqoxe han denunciado precarización y excesivas cargas de trabajo. José Manuel Martín, secretario general de CCOO de Industria en Tarragona, explica que «un operador no puede controlar más de tres o cuatro productos, como pasaba en Iqoxe». El sindicato mantiene que los operarios cubrían las bajas haciendo jornadas de 12 horas. Francesc Medina, catedrático en la URV, cree que «hay que abordar los problemas de plantilla, de gente incluso poco preparada», y recalca: «Lo primero es tener a la gente preparada. Es complicado que dos personas tengan que controlar cinco reactores. Realmente es difícil atender esa demanda».
Francesc Borrull, desde la URV, expone ese equilibrio delicado entre la seguridad y la economía: «Las industrias tienen su proceso productivo y lo que les interesa es sacar adelante la producción. Muchas veces los mismos trabajadores te comentan que el mantenimiento o la seguridad quizás no tienen todo el ritmo o la frecuencia necesarios para que sea adecuado de cara a las instalaciones». De ahí que Borrull sugiera otro de esos debates, en ese «equilibrio entre la rentabilidad y los gastos a los que obliga el mantenimiento». Borrull, catedrático de Química Analítica y experto en riesgo de contaminación ambiental, alerta de otra de las circunstancias, también denunciadas por empleados de la química en general: «En este sistema la gente que lleva toda la vida se acaba jubilando y los que se integran quizás no tienen esa formación necesaria y necesitan periodos de aprendizaje un poco más largos».
Desde la explosión, los relatos de la precariedad en la industria química tarraconense han sido abundantes, de forma que tanto la seguridad laboral como las condiciones de trabajo están siendo otros de los debates abordados. El propio Departament de Treball ha comprobado que existe una «pérdida de confianza de los trabajadores en los sistemas de seguridad», en palabras de Josep Ginesta, secretari General de Treball. Ginesta reconoció que las deficiencias existen de una manera conjunta: «Sí detectamos que hay unas carencias en los mecanismos de gestión interna de la actividad preventiva y sobre todo en una visión global del conjunto de la prevención de riesgos laborales en el complejo petroquímico». AEQT, Treball y sindicatos están trabajando en esa línea, mientras que se ha organizado para el 19 de febrero una huelga en el sector.
5. MÁS VIGILANCIA Y ENDURECIMIENTO DE LA NORMATIVA
Sanciones más duras para que sean disuasorias
El catedrático de la URV y experto en química analítica Francesc Borrull sostiene que «la empresa siempre va al límite para cumplir en función de lo que pide la administración» y apunta uno de los debates en ciernes durante estos días: «No puede ser que el precio de las multas que pueda recibir una empresa no compense la peligrosidad. Hay algunas compañías que prefieren pagar la multa antes que hacer algún tipo de modificación». Borrull cree que «hacen falta unas sanciones correctas», para que «la empresa ni se plantee si le sale a cuenta saltarse la normativa».
Francesc Medina, catedrático y profesor en el Departament d’Enginyeria Química de la URV, considera que en ocasiones se sanciona con «multas pequeñas que no son disuasorias» y reclama una fiscalización más cercana: «No creo que las grandes empresas tengan este tipo de problemas pero instalaciones más pequeñas son las que quizás se tienen que vigilar más».
Otros estamentos piden una mayor vigilancia y control. En esa línea se expresa Xavier Farriol, catedrático de Ingeniería Química en la URV: «Hay una línea de mejora que corresponde a las actuaciones. Ahí la Generalitat tiene que implicarse más directamente en la supervisión de la seguridad, mejorar la implicación y el control, con una supervisión directa de las condiciones. La administración tiene que mejorar la capacidad de supervisión, que es limitada».
El debate apareció cuando se supo que entre 2015 y 2017 Inspección de Trabajo abrió estos cuatro expedientes a Iqoxe por condiciones de trabajo y en materia de salud y seguridad laboral, con importes desde los 2.000 a los 8.000 euros. A la espera de ver si esas sanciones o similares pudieran tener relevancia para la investigación de lo sucedido, surgieron de entrada voces que piden dimensionar sanciones de este tipo, teniendo en cuenta que una fábrica como Iqoxe, que factura 148 millones al año y tenía 18 de beneficio, debe asumir imposiciones más duras.
El propio Ayuntamiento de Tarragona se ha comprometido a mejorar esa vigilancia. En la declaración institucional difundida el pasado jueves, el consistorio ha plasmado su acuerdo para requerir a las químicas trimestralmente «el detalle de los expedientes sancionadores en materia ambiental, laboral y de seguridad que se le hayan interpuesto para poder desarrollar una correcta fiscalización».
6. CERCANÍA DE EDIFICIOS A LOS POLÍGONOS
La entidad ecologista Gepec ha denunciado que «Catalunya es la única comunidad autónoma que no dispone de ningún precepto legal que garantice una distancia de separación entre los establecimientos considerados como peligrosos y los núcleos urbanos». Sostiene que la distancia de Iqoxe a La Canonja era de 700 metros y a Bonavista de 900, distancias insuficientes, teniendo en cuenta que la metralla voló 2,5 kilómetros, hasta impactar en un bloque de Torreforta y provocar la muerte de un vecino. La mayoría de partidos del Saló de Plens del Ayuntamiento de Tarragona apuesta por que la ciudad siga creciendo por la zona de Ponent pese a las dudas expresadas por parte de Protecció Civil a lo largo de la última década por la cercanía del terreno con el complejo químico. La franja de seguridad actual en la ciudad es de 500 metros. Es otro debate abierto.
7. RECUPERACIÓN DEL PLASEQCAT
Más formación a la población
Es la reclamación vecinal recurrente de estos días. «Hace falta más formación, una actualización. Si la abandonas, si no haces un mantenimiento, la acabas olvidando», tercia Alfonso López, presidente de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona y de la asociación de Buenos Aires, al norte de Bonavista. López es contundente: «Si haces una encuesta, seguro que sale que en el 98% de los casos no saben cómo funcionan las sirenas. Pero tampoco saben cómo se hace un confinamiento».
Las entidades vecinales denuncian relajación y dejadez no solo de los protocolos –la recurrente queja de por qué no sonaron las sirenas– sino también en cuanto a conocimientos adquiridos por parte de la población.
Es uno de los caballos de batalla de una movilización popular que ha exhibido indignación y rabia. Por primera vez, los vecinos, que se han sentido más vulnerables y que desconfían de la química como nunca, han salido a la calle para pedir más seguridad en las industrias, entre otras cosas. Desde el día de la explosión, se han producido tres manifestaciones, dos de ellas articuladas en los barrios de Ponent y La Canonja. El propio alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, reconocía las carencias y asumía el compromiso: «Tenemos que trabajar en una mayor formación e información a la población, para que sepa cómo actuar».
Frente común de alcaldes
Pero el accidente de Iqoxe ha abierto otro melón, el del Plaseqcat. Hay un acuerdo firme de los alcaldes tarraconenses, unidos en un frente para recuperar la gestión de las emergencias y acercarla nuevamente al territorio, después de que hace más de diez años pasara a ser manejada por la conselleria de Interior de la Generalitat.
Ricomà ha dicho que «es un error», ya que «nadie conoce mejor lo que pasa aquí que la gente del territorio». Solo así se conseguirá, pues, una mayor eficiencia. La Generalitat ve el cambio con buenos ojos. Òscar Peris, delegado del Govern en Tarragona, ha dicho que el territorio «está preparado» para recuperar la gestión del servicio.
8. MÁS RECELO AMBIENTAL
Estudios sobre la salud
Iqoxe va a cambiar la conciencia medioambiental de buena parte de los tarraconenses, que desde ahora desconfían un poco más tanto del polígono químico sur –entre Tarragona, Vila-seca y La Canonja– como del norte –en torno a Constantí, El Morell o La Pobla de Mafumet–. «Este incidente ha permitido al conjunto de la sociedad tarraconense visualizar una problemática de la cual no era del todo consciente», dice Adrià Pallejà, miembro de la Plataforma Cel Net, un colectivo creado en 2008 para impulsar estudios independientes de análisis del aire.
«Llevamos años exigiendo una nueva regulación y legislación adecuada a la actividad industrial de los complejos petroquímicos que obligue a las empresas a controlar su impacto en las poblaciones vecinas. También pedimos un control periódico de la emisiones en los núcleos urbanos, un estudio epidemiológico que permita evaluar el impacto en la salud y más transparencia, es decir, la actualización de los protocolos», explica Pallejà.
A la espera de más avances, de momento la explosión ha acelerado la activación de otro estudio, este a cargo de la URV, sobre el impacto de la industria en la salud de los vecinos. Irá a cargo del grupo Tecnatox-Laboratori deTecnologia de Salut Mediambiental. No será, en realidad, un estudio de la calidad del aire. Los investigadores, dirigidos por el catedrático de Toxicología Josep Lluís Domingo, pretenden establecer a través de la identificación de biomarcadores si la incidencia de patologías respiratorias y de determinadas alergias «tienen relación con la calidad del aire que se respira» cerca de los complejos petroquímicos.
Josep Lluís Domingo indica que «hace más de 30 años que se intentan hacer estos estudios pero no se ha conseguido el apoyo de las administraciones públicas» ni del sector privado, «por lo que hemos decidido ponerlo en marcha con fondos propios». El trabajo se iniciará con las 800 muestras de la Facultad de Medicina de Reus y prevé recabar más información de ambulatorios y hospitales.
