Luces y sombras en los cien primeros días de Pau Ricomà

Desde que el pasado 15 de junio Pau Ricomà tomara posesión como primer edil de Tarragona, han sido numerosas las decisiones de relevancia tomadas por el nuevo consistorio, muchas de ellas cargadas de polémica. El Diari ha intentado recabar una valoración global del alcalde sobre este período, pero desde el Ayuntamiento se ha rechazado emitir cualquier comentario hasta la rueda de prensa prevista para la próxima semana.

Lo primero, la pancarta

El primer pleno de la legislatura estuvo marcado por la decisión de colgar una pancarta en el balcón del Ayuntamiento exigiendo la libertad de los líderes independentistas encarcelados. Las objeciones que se plantearon a esta medida se refirieron tanto al fondo como a la forma, como señala un vecino de Tarragona: «El Ayuntamiento debería representar a todos los ciudadanos, no sólo a los indepes. Tampoco fue muy limpio aprobar esa decisión aprovechando la ausencia de un concejal socialista». Por contra, son también muchos los ciudadanos que apoyan la pancarta, normalmente de perfil soberanista.

Más solo se quedó Pau Ricomà con su decisión de anular la exigencia de titulación universitaria para poder comandar el área de cultura del consistorio, una medida que se interpretó como un dedazo para colocar en el puesto a un candidato prefijado que no cumplía dicho requisito. Tal y como comenta el gestor cultural Jordi Bertran, «a diferencia de lo que ocurría hasta los años ochenta, ahora hay estudios universitarios de postgrado específicos para la gestión cultural, y hay centenares de personas que se han preparado académicamente durante años para esta labor. De hecho, la consideración de la gestión cultural como un ámbito que requiere formación universitaria está ampliamente consolidada en la administración». La propia CUP, socia de gobierno, afeó esta medida al Ayuntamiento. Patinazo.

Los cambios en el protocolo de las fiestas han sido la única medida con cierto consenso

Por el contrario, la decisión del gobierno municipal de reducir el protagonismo de los políticos durante las fiestas concitó muchas más adhesiones: eliminación del carro de autoridades en Sant Magí, traslado del Pregó al balcón del Ayuntamiento, y apertura de dicho espacio a la ciudadanía para ver los castells. Según el President de la Confraria de Sant Magí, Adolf Quetcuti, «es positivo todo lo que signifique ceder a los ciudadanos los privilegios que disfrutan los cargos políticos. Ahora es necesario que se mantengan a lo largo del tiempo».

La renuncia al 3x3

En el plano deportivo, la renuncia del Ayuntamiento a organizar la Final Open 3x3 encendió un gran debate ciudadano. Tras conocerse la noticia, Robert Hernández, presidente de la ADT, consideró que esta decisión suponía «una pérdida importante para el baloncesto en general, y creo que no se ha luchado lo suficiente». Por su parte, Jacint Rodríguez, presidente del CBT, manifestó que «lo que he leído me parece impecable y los argumentos que ha dado el Ayuntamiento me parecen bien». Para gustos, colores.

También fue polémica la decisión de mantener el proyecto Ten Brinke, cuando ERC había defendido exactamente lo contrario durante la campaña electoral. Según Xavi Puig, este giro copernicano se debió a la «responsabilidad política. El proyecto está muy avanzado y tiene unos compromisos asumidos tan grandes que las indemnizaciones serían muy elevadas». La forma en que los republicanos se envainaron esta promesa provocó desconcierto entre sus seguidores, y cierta decepción entre quienes recelan de los grandes complejos comerciales en el extrarradio de la ciudad. Salvador Minguella, presidente de la Via T, entiende que este proyecto puede que «no tenga marcha atrás, pero se han paralizado tantos otros temas... La Illa Corsini y mejorar la Rambla sería muy importante para potenciar el centro. Y, de momento, este tema ni se ha mencionado en las dos reuniones que hemos tenido».

A la caza del contribuyente

Tampoco sentaron muy bien las declaraciones de algunos miembros del gobierno municipal cuestionando la política recaudatoria del anterior Ayuntamiento, y planteando el reforzamiento de la plantilla de inspectores fiscales para salir a la caza del contribuyente. «Debemos ir a buscar el dinero allí donde se genera», declaró Jordi Fortuny, conseller de Economía. Frente a esta actitud casi amenazante, J. Antoni Belmonte, presidente de CEPTA, ha declarado que «el desarrollo del proyecto de ciudad pasa por una mejora de la gestión, sin que este proceso signifique un aumento de la presión fiscal. Esa mejora presupuestaria debe llegar desde la realidad económica y desde la eficacia política, no desde afirmaciones que puedan suponer presunción de fraude, que afecta tanto a la reputación de los funcionarios como de los contribuyentes».

El relevo en Cultura, la Budellera y el final del memorial Negueruela, lo más criticado

Volviendo a la cuestión deportiva, también levantó ampollas la retirada de la mención a la tristemente desaparecida Marbel Negueruela en la denominación de la Mitja Marató de Tarragona. Fueron fundamentalmente las formas las que provocaron aquel gran escándalo, al considerarse que el Ayuntamiento no actuó con la debida delicadeza en un asunto tan sensible. Otra cuestión es el tema de fondo, donde el cambio aglutina mayores respaldos. Joan Bardina, presidente del Club Atletisme Tarragona, ha declarado que «no se nos preguntó en éste caso, como tampoco en el caso de Cinto López. Es preferible que la prueba lleve el nombre de un deportista, y si es atleta mejor».

La última gran polémica de estos cien días ha sido la intención del consistorio de paralizar el proyecto de la Budellera, al considerar que la ciudad debe dejar de crecer hacia afuera mientras subsistan huecos urbanísticos dentro de la trama urbana. Frente a esta tesis, el arquitecto Enric Casanovas sostiene que «las ciudades crecen bidireccionalmente, y es un error hablar de crecimiento hacia fuera o hacia dentro, como si fuera un antagonismo». Por su parte, Agustí Pujol, presidente de la Cambra de la Propietat Urbana, defiende que «es un error frenar La Budellera, ya que supone cuestionar el POUM. Es una temeridad plantear su revisión después de los trece años que costó su aprobación». En el mismo sentido se manifestaron importantes actores económicos de la ciudad, como la Cambra de Comerç, Promotors del Tarragonès o PIMEC.

Puede que la controversia que ha presidido estos cien días sea sólo un anticipo del tipo de legislatura que nos espera.