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La Audiencia de Tarragona ha suspendido hasta la próxima semana el juicio contra la red de abuso de menores y pornografía infantil destapada en Tortosa después de que este lunes no hayan comparecido dos de los principales acusados. Según ha podido saber la ACN, el tribunal ha dictado una orden de búsqueda y captura contra los dos individuos, de origen francés, y podría dictar una de alcance internacional ante la sospecha de que hayan podido irse del país. Según la fiscalía, la red se dedicó a abusar sexualmente de más de 100 menores y grabar pornografía infantil.
La última sesión del juicio se hizo el jueves pasado y debía retomar este lunes. Ante esto, la fiscalía ha solicitado el ingreso inmediato en prisión de los otros tres procesados que también están en libertad y el tribunal está pendiente de dictar resolución. El juicio comenzó el 30 de octubre.
De los siete encausados iniciales, sólo se empezaron a juzgar seis porque el otro estaba declarado en rebeldía. De estos seis, sólo uno estaba en prisión provisional por no haber pagado la fianza, mientras que los cinco restantes estaban en libertad. Los dos que no han comparecido son el principal acusado, Jean Luc A., que se enfrenta a 1.179 años de prisión; y Christian B., para quien la Fiscalía pedía 720 años de privación de libertad.
Una vez hecha la sesión con las cuestiones previas, la vista oral comenzó propiamente el 4 de noviembre con la declaración a puerta cerrada de los primeros testigos. De hecho, esta semana estaba previsto que declararan más víctimas de la red. El juicio se había repartido en trece sesiones hasta el 29 de noviembre.
La fiscalía pide más de 6.300 años de prisión
Según la fiscalía, la red se dedicaba a abusar sexualmente de menores y grabar pornografía infantil. La alerta de un centro de menores de Tortosa permitió destapar el grupo y detuvo a siete personas en 2015 en la capital del Baix Ebre, Cubelles, Xàbia, Valencia y Barakaldo. La fiscalía pide 6.317 años de cárcel.
La intervención de los Mossos y la Guardia Civil permitió desmantelar la red y comprobar que habían captado los menores en Tortosa, Barcelona, Valencia, Marruecos, Tailandia, Rumania o Vietnam, entre otros lugares. Se pudieron identificar 103 víctimas, algunas de las cuales eran menores tutelados a quien pagaban entre diez y veinte euros a cambio de actos sexuales.
