Plan para evitar la segregación escolar en Tarragona

Son días de nervios en las escuelas. El viernes arranca la preinscripción y los centros compiten por llenar todos los grupos que les han asignado en P-3 (la clase de 3 años, el momento de entrada al sistema educativo). «Es nuestro examen anual», admiten desde la dirección de una escuela pública. La preocupación, como otros años, no es sólo jugarse el prestigio al conseguir que las familias confíen en ellos como primera opción, sino lograr que no queden demasiadas plazas vacantes a las cuales van a parar, a lo largo del año, lo que llaman «matrícula viva». Son alumnos, la mayoría inmigrantes, a los cuales hay que atender con más voluntad que recursos, dice, para que el nivel de toda la clase no se retrase. 

Salir del círculo no es fácil para los centros que se han ‘especializado’ en alumnos de familias de pocos ingresos, bajo nivel educativo e inmigrantes. Es la pescadilla que se muerde la cola: si las familias a las que, por zona, les tocaría matricularse no lo hacen porque intuyen esa concentración, la situación se perpetúa. 

Se llama segregación escolar cuando en los centros educativos se escolariza mayoritariamente un determinado perfil de alumnos (socioeconómico o cultural) que no se corresponde estadísticamente con la población general. 

La semana pasada el Govern de la Generalitat, ayuntamientos, las principales patronales de la concertada, sindicatos y entidades sociales, entre otros, escenificaban el primer ‘Pacto contra la Segregación Escolar en Catalunya’ impulsado por el Síndic. El acuerdo, no obstante, no contó con el apoyo de Ciudadanos, PP y la CUP.  Tampoco la principal federación de AMPA, Fapac, o el sindicato mayoritario de la pública, USTEC, que lo veían insuficiente. 

Pero al margen de la discusión catalana, en Tarragona la Conselleria d’Educació, con Francesc Roca al frente, había comenzado a trabajar en la segregación mucho antes. Se comenzó por encargar un estudio de proyecciones demográficas en 2016 y un diagnóstico, en 2017, a la Càtedra d’Inclusió Social de la URV.

Los inmigrantes, a la pública
El doctor Ángel Belzunegui, director de la cátedra, recuerda que el estudio sirvió para confirmar  la concentración de cierto perfil de alumnos en algunas escuelas, siempre públicas. 

En el curso actual, el 2018-2019, la historia es la misma. En el Tarragonès, comarca a la que pertenece Tarragona, por ejemplo, hay 17.372 alumnos en primaria. De ellos, el 82% son de origen español y el 18%, de origen extranjero. La proporción, no obstante, es distinta en la escuela pública y en la concertada / privada. En la primera los alumnos extranjeros son el 22% y en la segunda, el 6,6%.

Y otro indicador de pobreza: el de los alumnos con beca de comedor. En el curso anterior, según lo publicado en eldiario.es, en los centros públicos de la ciudad un 10,52% de los alumnos tenía beca; en la concertada eran el 2,43%.

Plazas reservadas este año
La medida más evidente que tomarán conjuntamente la Conselleria y el Departament d’Educació de la Generalitat para el curso que viene es la reserva de plazas para los alumnos con vulnerabilidad socioeconómica tanto en escuelas públicas como concertadas. Hasta ahora sólo se reservaban plazas para los alumnos con necesidades educativas especiales (con dificultades del aprendizaje o con altas capacidades). 

Jean Marc Segarra, director dels Serveis Territorials d’Educació, explicaba que el curso que viene se decidirá cómo se hará la reserva en función de cómo vaya la prematrícula, pero la idea es que el curso siguiente ya esté bien estipulado el mecanismo. Montserrat Fortuny, directora del Institut Municipal d’Educació de Tarragona, señalaba, no obstante, que ya se ha comenzado a trabajar conjuntamente con Serveis Socials. 

El otro compromiso al que han llegado la administración local y la autonómica es repartir la matrícula viva más equitativamente para que los alumnos que llegan con el curso empezado no vayan  sólo a escuelas muy segregadas, donde suelen quedar plazas, sino que se pueda aumentar la ratio en otros centros para recibirlos. 

Y un paso crucial será revisar la zonificación escolar de la ciudad, algo que no se cambia desde hace 20 años. Para ello se ha encomendado un estudio al doctor Xavier Bonal, experto en la materia y asesor de la Fundació Bofill, entre otros, y que estará listo en breve. 

El reto de aumentar el atractivo
Además del acceso, el reto es aumentar el atractivo de las escuelas más segregadas para cambiar su composición social. Belzunegui recuerda que las expectativas de las familias son claves a la hora de elegir centro. En el estudio que dirigió se vio cómo algunas familias matriculaban a los niños en P3 pensando en el instituto al que les tocaría ir. Así, los padres de clase media, por ejemplo, optaban sólo por ciertas escuelas públicas o por la concertada. 

En este sentido, el Ayuntamiento ha puesto en marcha iniciativas en las escuelas con colectivos más vulnerables, como clases de música en colaboración con la Escola Municipal y proyectos de robótica. Un ejemplo es el Programa Magnet, en el que participan las escuelas Pau Delclòs i Saavedra, por el que otras instituciones, en este caso el Institut Català d’Investigació Química y la URV, se implican directamente con proyectos en la escuela. 

También hay que tener en cuenta, reconocen ambas administraciones, que la solución a la segregación en una ciudad dispersa como Tarragona pasa por contar con actividades extraescolares en todos los barrios y que las familias se las puedan permitir. El estudio de la URV mostraba que los alumnos de las clases con más nivel socioeconómico a lo largo de la educación obligatoria acumulan el equivalente a 2,9 cursos más en horas fuera de la escuela que los de los de menos ingresos. «La realidad urbanística es la que es, pero tenemos una oportunidad», reconoce Roca. Segarra va en la misma línea: «Que no escuchemos a un chico de Campclar diciendo ‘me voy a Tarragona’».