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Algo más de un año después de la caída del Banco Popular, los afectados empiezan a recuperar su dinero, aunque lo hacen de forma dispersa y no generalizada.
Ya han empezado a salir las primeras sentencias en primera instancia, algunas de ellas en Tarragona, que dan la razón a los inversores que acudieron a algunas de las ampliaciones de capital de la entidad.
«Hay de todo. Hemos perdido y hemos ganado. No es tan simple, porque hay casuísticas brutalmente diferentes», afirman fuentes del despacho tarraconense RV20, uno de los bufetes especializados en derecho bancario y encargados de llevar casos de este tipo.
A pesar de eso, aún es un estadio muy inicial de los pleitos. «En su momento notamos un gran interés, nos vino un volumen muy elevado de afectados, con muchas visitas. Nos llegaron a hacer unas 80 consultas, aunque luego se han quedado en 12 demandas efectivas», comentan desde el despacho, que considera que en el futuro pueden crecer las demandas en función del veredicto final que emita la justicia.
Hay que tener en cuenta que se trata de sentencias ganadas en primera instancia, por lo que afectados y letrados defensores advierten de que hay que esperar para ver qué dicen las Audiencias Provinciales en fase de apelación.Esas sentencias serán las que marquen definitivamente el camino a seguir, también para el resto de accionistas afectados. Una de las resoluciones en Tarragona da la razón a una persona que acudió a la ampliación de capital que realizó la entidad en 2012.
Hay quien ha emprendido ya la senda judicial, a pesar de que hay entidades trabajando en demandas colectivas. Una de ellas es Adicae. Álvaro Rebollar es técnico de la asociación en Tarragona: «Ahora estamos pendientes de la Junta Única de Resolución (JUR) que ha abierto una especie de portal de reclamaciones donde los afectados pueden explicar su caso y adjuntar los documentos de cualquier tipo de activo para corroborar que han sido perjudicados».
De hecho, en unos días, Adicae celebrará una asamblea de afectados en Tarragona para ver cómo se pueden vehicular esas reclamaciones. «El objetivo es unir al mayor número de gente y hacer fuerza», cuenta Rebollar, que se apoya en algunos argumentos: «Entre los afectados hablamos de casos clásicos como gente mayor que va al banco y confía en la persona que está delante. Les daban poca información, te presentan una situación en la que el banco parecía estar perfectamente, lo venden como el más solvente de la historia de España y les decían que comprar acciones era un valor seguro. Engañaron a personas mayores y también a gente joven».
A eso se añade otro perfil, con marcada presencia en la casuística de Tarragona: «También hay gente empresaria que ha querido invertir dinero y se ha quedado atrapada». Se calcula que en España hay más de 300.000 afectados por la quiebra de Banco Popular, que en junio de 2017 fue adquirido por el Santander por un euro.
Aunque los depósitos no corrieron peligro, no pasó lo mismo con las acciones. Miles de accionistas, mucho de ellos minoritarios, se quedaron de la noche a la mañana sin su inversión. Desde Adicae, Rebollar indica que las acciones, como una querella penal en curso, continuarán: «Estamos a la expectativa, para ver la junta qué decide y qué puede ocurrir en los tribunales. Seguramente pasarán años hasta que esto se resuelva por completo, pero estamos luchando para que todos los que han perdido el dinero lo pueden recuperar. Es una estafa».
Las primeras sentencias firmes, sin posibilidad de recurso, por el caso Popular apuntan a una dirección clara: la entidad no fue transparente en su situación patrimonial en la ampliación de capital de 2016, lo que ha originado ya condenas para devolver lo invertido a los demandantes.
Eso sí, cada situación es un mundo. «Hemos perdido un caso en que a una persona le colocan 140.000 euros dos semanas antes de la amortización de la acción y el juez consideró que era una especulación de la familia», apunta un letrado tarraconense.
El portazo desde Bruselas
Otras noticias son igualmente poco halagüeñas para los interesados ‘atrapados’ por el caso Popular. La citada Junta Única de Resolución creada por la Unión Bancaria Europea ha afirmado desde Bruselas que ha decidido «de forma preliminar que no se requiere conceder compensación a los accionistas y acreedores afectados» por la resolución del Popular y su posterior venta al Santander.
El organismo europeo cierra así la puerta, al menos por ahora, a que los que perdieron su inversión en acciones o deuda del banco puedan ser resarcidos. La decisión se basa en un informe de la auditora Deloitte que sostiene que el procedimiento seguido fue el menos perjudicial para los clientes puesto que si se hubiera seguido un proceso de insolvencia, las pérdidas hubieran sido mayores.
Otro despacho de Tarragona apunta que los pleitos irán para largo: «Tenemos alrededor de diez casos en marcha pero ninguna resolución firme. No nos consta que se haya generado jurisprudencia por el momento pero estamos convencidos de que prosperarán». La situación no es comparable a lo que sucedió en su día con las preferentes, que tuvieron una afectación masiva. «Hay que distinguir mucho entre el perfil. No es lo mismo que sea un inversor especulador, sin que eso tenga connotación negativa, que un pequeño ahorrador. También es distinto si tienes conocimientos de la materia o si no». Este letrado apunta otra de las claves: «Hay que demostrar que el banco se basó en bases de datos que no eran ciertas, que ofrecía productos que no obedecían a la realidad».
Algunos afectados esperarán a que haya resoluciones en firme para emprender la vía judicial. «Primero hay que agotar las instancias y esperar por ejemplo a lo que puede decir la audiencia, que siempre ve las cosas de una forma más colegiada. En todo caso, será vital la jurisprudencia que marque el Tribunal Supremo», aporta un abogado de Tarragona.
