Sigue la ‘caza’ de Hacienda: fraude en 61.000 inmuebles de Tarragona

Un dron, un satélite que fotografía o un inspector ‘in situ’ presentándose en su parcela para indagar en esa piscina que está sin declarar y lleva años, incluso décadas, escapándose de la afilada lupa del fisco. La escena, habitual desde 2013, acabará a finales de este año, cuando termine el plan de regularización catastral iniciado por el Ministerio de Hacienda. 

En este tiempo, las inspecciones han detectado 60.935 inmuebles, una cantidad de propiedades muy considerable que coloca a Tarragona entre las provincias de España con más bienes que permanecían ocultos. Es un 6,5% del total de 936.000 inmuebles existentes. Eso sí, teniendo en cuenta sólo los 137 municipios de la provincia examinados hasta la fecha, entre los que se engloban, como principales, Tarragona, Reus, Tortosa, Valls o El Vendrell. De aquí a finales de año, el ‘peinado’ del territorio incluirá a 47 localidades más, cuya inspección está en curso. 

Tarragona es la séptima provincia de España con más inmuebles fraudulentos, por detrás de Córdoba, Islas Baleares, Ciudad Real, Toledo, Sevilla y Girona. Ese 6,5% registrado aquí supera con creces la media estatal (4,1%). Las subcontratas del Catastro detectan los ‘descuidos’ de los vecinos a través de diversos sistemas, algunos de ellos sofisticados, basados en imágenes aéreas de sus viviendas, medición de las superficies o cotejo de datos. Una vez comprobados, Hacienda envía una carta al contribuyente para ponerle sobre aviso –acompañada de una tasa de 60 euros para cubrir los gastos originados– y le da un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

Esas inspecciones, además de comportar el pago de la tasa, acarrean para el propietario un abono de esa diferencia del IBI retrasada y no satisfecha, en concepto de atrasos. A más metros cuadrados detectados, mayor es el valor catastral de la propiedad, una variable que se emplea para fijar la cuantía de diferentes impuestos estatales (IRPF y sobre el Patrimonio), autonómicos (sucesiones y transmisiones) y municipales (IBI y plusvalías). 

El hecho de que aflore un determinado bien oculto (una nueva construcción, una ampliación, una reforma sin declarar o una piscina) hace que aumente el valor catastral de esa propiedad pero también, como consecuencia, el impuesto que se paga por ella en las arcas municipales. 

En cada oleada de datos, Hacienda se esmera en aclarar que el proceso no consiste en un catastrazo. «No se pretende alterar el valor de los bienes declarados, sino incorporar al registro aquellos inmuebles y alteraciones como ampliaciones y rehabilitaciones que no figuren. Todo eso supone un fraude fiscal, al no coincidir la descripción en el Catastro con la realidad inmobiliaria», defienden fuentes del Ministerio. 

De los casi 61.000 inmuebles detectados en la provincia –y luego regularizados convenientemente–, 48.500, un 80% del total, son urbanos. En el otro lado, unos 12.000 son fincas rústicas.  En Tarragona hay más de 21.300 construcciones nuevas que no se notificaron, y otros tantos casos de ampliaciones y reformas de inmuebles que se omitieron y que, por lo tanto, no tributaban. Las ampliaciones de las propiedades –más de 14.600– y las piscinas –unas 3.600– son otras obras acometidas con asiduidad en la provincia de espaldas a Hacienda. 

Llama la atención la abundancia de inmuebles fraudulentos hallados en Terres de l’Ebre. Tortosa (4.083), Roquetes (2.446), Amposta (2.147) y Deltebre (1.844) son los municipios con un mayor número de fincas regularizadas en términos absolutos. Tivissa, El Perelló, Valls, Alcanar El Vendrell, La Selva del Camp o Flix también están en los puestos de la lista con más fraude. Reus, con 1.657 propiedades detectadas, supera a Tarragona (1.329). El municipio más ‘limpio’ es Vilanova de Prades, con 16 fincas.  

En suma, la regularización catastral, más allá de arremeter contra la picaresca de muchos contribuyentes, ha permitido nutrir las arcas municipales para regocijo de concejales y alcaldes, que siguen manteniendo a flote sus economías gracias a tributos fundamentales como el IBI, un auténtico filón durante la época en la que el resto de ingresos han escaseado.  Hacienda se fija, en este plan, únicamente en la dimensión fiscal de las fincas. Esa detección no significa que el inmueble sea legal o ilegal a efectos urbanísticos, una competencia que es municipal.